Un gran paso en materia de pensión alimenticia se dio en marzo de 2023 en el Senado de la República. Por unanimidad se aprobaron reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que garantizan el cumplimiento de la pensión alimenticia de manera homologada en todo el país y aseguran la protección de los más vulnerables.
En concreto, se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que concentrará la información de los deudores alimentarios y diversos trámites estarán condicionados a la presentación de un certificado de no inscripción. Esto significa que quien se ubique en el Registro no podrá expedir licencias o permisos de conducir, pasaporte, ni trámites realizados ante notario público relativos a la compraventa de inmuebles. Tampoco podrá participar como candidato a cargos de elección popular, ni como aspirante a cargos de jueces o magistrados.
También se requerirá dicho certificado en las solicitudes para contraer matrimonio y se prevén medidas de restricción migratoria para prevenir que las personas deudoras salgan del país buscando no responsabilizarse.
La medida tiene por objeto hacer que “las personas deudoras alimentarias cumplan con su obligación en toda la República mexicana”. Hay que recordar que la pensión alimenticia es un derecho de las niñas, los niños y los adolescentes para cubrir sus necesidades alimentarias, educativas, de vivienda y vestido, atención médica, entre otros rubros y es obligación de los padres brindarles estos beneficios.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN), en México de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la pensión alimenticia, lo cual es gravísimo.
Ante la relevancia por atender esta problemática, el dictamen fue aprobado de modo unánime por 84 senadores de diversas fracciones parlamentarias, haciendo notar que el resguardo de la niñez está por encima de distinciones partidistas. A su vez, esta reforma abre la posibilidad para que las legislaciones locales actualicen sus marcos normativos y garanticen estas prerrogativas de protección.
En su turno, la senadora Imelda Castro Castro (Morena) señaló que “al modificar el proceso de los trámites se privilegia el principio de interés superior de la niñez y se asegura el cumplimiento efectivo de sus derechos”.
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será una herramienta en la que se requiere que los tres órdenes de gobierno mantengan una óptima coordinación interinstitucional, por ello lo que sigue después de su aprobación es vigilar que su implementación sea una realidad.
En Early Institute reconocemos los esfuerzos legislativos para asegurar la protección de los niños, las niñas y los adolescentes. Esta reforma es un avance sustancial en la dotación de uno de los derechos con mayor impacto en la población que la recibe, pues se trata de la cobertura de sus requerimientos básicos para una vida digna y un crecimiento adecuado.
Annayancy Varas García es directora de Early Institute.
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