En las últimas semanas, hemos conocido los terribles casos de dos niñas mexicanas que perdieron la vida de la manera más atroz. Hablo de Camila, una pequeña de ocho años residente del barrio La Florida, en el municipio de Taxco, Guerrero, quien fue reportada como desaparecida y, luego, encontrado su cuerpo en una carretera. La presunta responsable fue linchada por los vecinos, provocando su muerte y dos de sus hijos fueron también agredidos, pero rescatados para ser puestos a disposición de las autoridades.
El otro lamentable caso es el de Madelaine, una niña de tan solo dos años que sufrió de maltrato excesivo hasta causarle la muerte por parte de su madre y padrastro. Sucedió en Durango y se sabe que su abuela ya había denunciado los abusos extremos que sufría Madelaine en su entorno familiar, sin embargo, las autoridades no le brindaron la protección debida. Hoy los responsables ya fueron sentenciados por el delito de feminicidio agravado.
Es de verdad indignante saber que estas situaciones son cada vez más frecuentes en nuestro país, lo que evidencia el fracaso del Estado mexicano por brindar una esfera de protección integral a niñas, niños y adolescentes que les garantice una vida libre de violencia.
Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se registraron 47 mil 462 homicidios a nivel nacional, de los cuales contra niñas, niños y adolescentes fueron 2 mil 37.
Sin duda lo que está ocurriendo pone de manifiesto diversos aspectos que nos deberían preocupar y alertar, pues hay una clara ineficiencia en varias líneas. Para empezar, se nota que las autoridades en materia de seguridad pública, así como las responsables de la impartición de justicia, han quedado rebasadas por la realidad social. La ciudadanía se ha percatado de esta problemática y ha iniciado a ejercer justicia por su propia mano. Por otro lado, la legislación y los procesos de impartición de justicia han reflejado no estar a la altura de las circunstancias y necesidades, pues hay fallas visibles en sus procedimientos. La nula perspectiva de niñez que impera en los procesos judiciales provoca que en la posible comisión de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes no se garantice su interés superior. Por último, hay omisión, revictimización y falta de especialización de autoridades. Así quedó demostrado con las declaraciones del extitular de la Secretaría de Seguridad municipal de Taxco, en las que señaló una responsabilidad parcial hacia la madre de Camila por “no cuidarla lo suficiente”.
Todo este escenario amerita una revisión profunda que va desde el fortalecimiento de la capacidad y eficiencia del sistema judicial en los casos que involucren una posible vulneración de derechos en contra de niñas, niños y adolescentes hasta la especialización de funcionarios públicos y una protección real e integral a las víctimas de delitos y a sus familiares.
En Early Institute externamos nuestra preocupación e indignación por las deficiencias observadas en el tratamiento de los casos de Camila y Madelaine, así como de otras niñas mexicanas que son víctimas de violencia. Sobre todo, nos preocupa el silencio que se ha notado en las distintas plataformas electorales que no abordan el tema de manera expresa. Hoy da miedo que surjan más episodios como los descritos, pero es más aterrador y doloroso la indiferencia que se está observando ante la grave violencia infantil.