Hace unas semanas, la noticia de la muerte de un niño por inanición conmocionó al país. Se trató del hijo de una mujer rusa que fue hallado en un departamento de la Ciudad de México con signos de desnutrición y deshidratación. Aunque se saben algunos datos de los padres, la situación legal del menor sigue esclareciéndose, planteando incógnitas que se relacionan con la migración.
Este indignante episodio se da en el marco de la llegada de Donald Trump a la presidencia norteamericana, quien desde su primer día como mandatario se ha dedicado a firmar distintas órdenes para restringir el paso de los migrantes que pretenden ingresar a Estados Unidos. De igual modo, las medidas afectan a miles de familias de indocumentados de diversos países, advirtiendo la posibilidad de una nueva ola de deportaciones masivas.
Dada la cercanía, México sería el destino inmediato para los deportados, lo que ha motivado la implementación de instalaciones temporales en diversas ciudades fronterizas, entre otras acciones.
La migración es un fenómeno que adquiere especial delicadeza cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Ante su relevancia, existe un proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM), el cual establece criterios y la verificación para la prestación de servicios de refugios para mujeres en situación de violencia familiar, así como para sus hijas e hijos; su objetivo es garantizar que sus beneficiarios reciban atención integral, segura, gratuita y especializada con un enfoque de derechos humanos e interculturalidad.
En 2021, Early Institute logró incidir en dicho proyecto de NOM con comentarios para reconocer que el interés superior de la niñez es un principio que debe regir en todos los ámbitos, principalmente en materias como la migratoria, la seguridad pública, la salud y la educación.
Incluso también se buscó visibilizar a niñas, niños y adolescentes en situación de refugio como sujetos beneficiarios de dicha norma, y establecer parámetros reforzados de protección en diferentes áreas que garanticen el bienestar de las y los menores.
Lo más apremiante es que las estancias migratorias, las fronteras, los hospitales y los centros de cuidado deben incorporar estándares reforzados para la protección de niñas, niños y adolescentes y reconocer que cuando se trate de este grupo social deben existir protocolos reforzados, medidas emergentes y mecanismos de la más alta prioridad para su atención. Sin duda, es un error dejar esta tarea únicamente a la legislación general en materia de niñez, ya que se requiere un enfoque transversal en todos los ámbitos.
Hoy es inadmisible que en México no se incorpore el interés superior de la niñez como eje rector de cualquier política o acción de gobierno, pues la gravedad se acentúa en situaciones tan sensibles como lo es la movilidad humana.
Desde Early Institute hacemos una respetuosa invitación a retomar los parámetros de protección de este proyecto de NOM, a efecto de establecer un estándar mínimo para el correcto funcionamiento de los refugios que servirán de albergue para las personas deportadas y, principalmente, garantizar condiciones de bienestar y la protección reforzada de los derechos de la niñez migrante en tanto se resuelve su situación. No permitamos que niños y niñas sufran las consecuencias de los descuidos legales que pueden llegar a cobrarles la vida.