Antonio Cuellar

Sobre medidas cautelares y Plan B

Una clara prueba de la existencia y funcionalidad de nuestras instituciones la dio la SCJN, al conceder la suspensión contra el plan B y la modificación de la ley electoral.

A pesar de las grandes amenazas de autoritarismo que el país enfrenta, las instituciones aguantan. Nuestra democracia es joven, pero no cabe duda de que desde sus inicios fue equipada con instrumentos jurídicos y políticos acertados para repeler cualquier intento de sabotaje en su contra. Una ciudadanía madura, suficiente, bien preparada y entendida sobre lo que representa convivir en un sistema democrático de gobierno, hará la tarea dura de impedir el derrumbamiento de lo que a lo largo de estos años hemos disfrutado: alternancia con paz y estabilidad.

Una clara prueba de la existencia y funcionalidad de nuestras instituciones la dio el viernes pasado la SCJN, con motivo de la concesión de la suspensión a favor del INE, contra el plan B –la modificación de la Ley Electoral. Su propósito: impedir que le fueran recortadas las prerrogativas de las que depende su operatividad.

Las medidas cautelares de suspensión son resoluciones que pueden dictar los jueces con el más elevado propósito de ordenar que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, para preservar la materia del juicio y evitar que una ley o un acto concreto de autoridad, cause una afectación de tal severidad que haga imposible el cumplimiento de su sentencia, si llegado el caso ésta fuera favorable a favor de la persona que la solicita y a la que se le concede.

Dicho en otras palabras, la suspensión en el Juicio de Controversia Constitucional, como se ha visto, constituye una orden que paraliza la entrada en vigor de la reforma a la ley electoral, y ofrece una bocanada de oxígeno al INE –por lo menos durante la tramitación del juicio–, hasta que la misma SCJN, como órgano de control constitucional, se pronuncia sobre la validez del decreto de reformas a la ley impugnado.

La suspensión dictada por el ministro Laynez, blindará los mecanismos democráticos que contempla la Constitución en contra del plan B… pero ya vendrá un plan C; y posiblemente después uno D, y los que le sigan. ¿Existirá un plan Z de la 4T que pudiera retener de manera violenta el poder, para garantizar su permanencia a cualquier costo?

Honestamente, no debería de ser así, porque lo más lógico y probable es que no tengan que arrebatárselo a nadie para conservarlo –el problema que nuestra sociedad enfrenta tiene que ver con la falta de liderazgos en la oposición; la falta de voces e ideas que hagan un contrapeso al poder–. Si durante los últimos cuatro años no ha habido ninguna, no va a aparecer y a triunfar de la noche a la mañana. Así no va a suceder.

La sucesión ocurrirá del mismo modo en que tenía lugar durante el PRIato: con tapados y por dedazo; a la vieja usanza. Así que deberemos contemplar quién de entre los elegidos hereda el poder.

Pero hasta en esas formas el ejercicio del poder tiene fecha de caducidad, y las instituciones que se han venido creando saldrán triunfantes: una pieza que no se podrá repetir el año entrante, durante las elecciones, será la del “carro completo”. La educación y consciencia democrática, aunada a los rumbos que emprende el mundo y la economía del país, facilitarán una composición más equilibrada del órgano legislativo y, con ello, la recomposición de los otros órganos de poder constitucionalmente concebidos, en los que ha descansado el equilibrio y la salud de la República, cuya composición está igualmente atada a la intervención de Senado.

Es en el Congreso de la Unión, sí, en el que recuperaremos la gobernabilidad de México. Quien llegue, quien suceda a Andrés Manuel López Obrador, va a ser el más interesado en la construcción de esa pluralidad política, porque aún dentro de su mismo partido, el nuevo titular del Ejecutivo se las verá con la “contrainstitución” que va a tener que eliminar, con la que nadie querrá vivir en lo sucesivo y para la que necesitará de los opositores: la “revocación de mandato”. El próximo Presidente deberá deshacer la espada de Damocles que le permitiría al Movimiento de Regeneración Nacional manipular el poder por la vía del dedo alzado.

El tiempo de Morena transcurrirá pronto, para bien. Un sexenio en el que las amenazas dejan enseñanzas, y en el que la iluminación del gran abandono en el que viven millones de mexicanos impone un curso reformista, incluyente, que deberá mejorar a México en todos sus niveles.

Sin plan B y con la posibilidad de que un INE vigile las elecciones, con la asistencia de muchos amigos del exterior que darán testimonio de la legalidad del evento, las medidas cautelares de la semana pasada garantizarán la subsistencia de una democracia triunfante. El ejemplo de cómo, una pieza, de un gran engranaje, funciona para preservar una idea de Nación plural y tolerante que difícilmente podrá borrarse.

Demos tiempo a la transición de este período de la historia de México, y cuidémonos del verdadero peligro que nos acecha, el que pone en jaque la subsistencia del país entero: el creciente involucramiento de la criminalidad en los procesos de elección popular de nuestros gobernantes.

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