La amenaza de violencia que sufren las mujeres sigue siendo un problema grave, no solo en México, sino alrededor del mundo entero. Hace algunas semanas nos llamó la atención el encabezado de los periódicos franceses, donde se hablaba de la detención de dos de entre cinco sujetos que participaron en una violación tumultuaria contra una turista mexicana, en el Campo Marte, en los alrededores de la Torre Eiffel, en París. La noticia fue alarmante, al haber llegado, virtualmente, al mismo tiempo que aquella otra en la que se dio cuenta del hallazgo del cuerpo sin vida de María Fernanda Sánchez, estudiante también mexicana de 22 años desaparecida en Berlín.
La relevancia de los dos crímenes ha provocado reacciones políticas importantes en cada uno de los dos países europeos.
Desde enero de 2019 a enero de 2023, mil 456 mujeres se reportaron desaparecidas, solo en la Ciudad de México. Más de 2 mil 700 mujeres sufren el mismo crimen, en el mismo periodo, a nivel nacional. El fenómeno se desborda cuando al recuento se agrega también la desaparición de varones. Se trata de un problema de seguridad que, como bien se ha dicho por opositores este fin de semana, ocupa el primer lugar de atención entre los mexicanos.
En ese contexto de contagioso temor en el que todos estamos inmersos, resuena y es bienvenida una noticia como la que aparece inscrita en los periódicos brasileños de la semana pasada, en la que se informa de la iniciativa lanzada en la ciudad de Sao Paulo —la más poblada de ese país sudamericano—, por la que se ha puesto en marcha un sistema de videocomunicación en cada parada de autobús, para que, a partir de cierta hora por la noche, ninguna mujer deba esperar sola la llegada del transporte. Bastará con una palmada en las pantallas espectaculares, para que otra mujer responda en tiempo real a quien solicite compañía, para así auxiliarla o, simplemente, vigilar y asegurar que la mujer que lo demanda, acceda con seguridad al medio que la lleve de vuelta a su casa.
La Ciudad de México, una de las más pobladas del planeta, tiene la peculiaridad de no ser una urbe que goce de vida nocturna relevante; al revés, es una gran ciudad mayoritariamente diurna. Por la noche son muchos los espacios que, como el Campo Marte, quedan aislados y carentes de vigilancia alguna. Se convierten, por el manto de la oscuridad, en zonas francas, abiertas a la criminalidad; espacios en los que cualquiera de nosotros quedamos expuestos a una vejación personal.
Es trascendente el reclamo que periódicamente realizan los colectivos defensores de los derechos de las mujeres, con la finalidad de que el actual estado de cosas cambie. Urge la asunción de políticas de prevención más dinámicas, a través de las cuales se recupere el espacio público; se capacite al personal policíaco para intervenir con prontitud ante cualquier llamado de auxilio; y se impulsen políticas laborales con perspectiva de género que faciliten a las mujeres un arribo temprano al hogar en el que sus familias las esperan.
El año entrante vendrán cambios muy relevantes en materia de administración en todos los niveles de gobierno. Quienes lleguen a ser candidatos deberán ser evaluados en función de sus propuestas, más allá que de su sola ideología. Habrá discursos enzarzados en los grandes privilegios que representa para algunas clases sociales la instrumentación de los programas vigentes que son atribuidos a Andrés Manuel López Obrador; no deberá olvidarse que todos ellos llegaron para quedarse, en la medida en que han quedado recogidos en el texto de nuestra Constitución. Después de estos, ¿qué sigue? ¿Qué nuevas acciones deben llevarse a cabo para mejorar la condición de vida y de seguridad de todos los mexicanos?
Una voluminosa deuda se acumula en el ámbito de la seguridad y las herramientas que se han venido empleando para combatirla a lo largo de las últimas dos décadas han demostrado ser un rotundo fracaso. La percepción de vacío y de ingobernabilidad con que se ve a México desde el exterior, constituye una realidad en la que se encuentran inmersos vastos espacios y comunidades, dispersos a lo largo del territorio nacional. Los meses de campaña que están por venir deben aprovecharse para construir acuerdos de gobierno, que favorezcan, en un ánimo auténticamente federalista, una participación armonizada de todos los niveles de poder para coordinar una cruzada contra las bandas criminales que tienen sometida a la población.
Habiendo servido este sexenio para hacer patentes las graves diferencias sociales que impiden un hermanamiento sincero entre todos los mexicanos, utilicemos los años que siguen para emprender acciones que sirvan para remediar los problemas que, al final de cuentas, son comunes a unos y a otros. Esperemos que nuestra clase política esté a la altura para responder al reto que, la violencia desbordada que nos aqueja, en la que no existe distinción geopolítica de ningún tipo, nos ha venido a imponer.
Serán pocas las oportunidades que le queden antes de que el descontrol y la anarquía nacional provoquen una reacción exterior: una, la que podría producirse en el Congreso de los EU, país con el que tenemos una relación comercial delicada; la otra, la que jurídicamente podría conducir al fincamiento de responsabilidades internacionales contra el Estado mexicano.
Son muchos los precedentes abordados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que es reconocida e identificada la responsabilidad internacional del Estado por omisiones imputables a los órganos de poder público. Son muchos también los casos en que se ha identificado la potencial transferencia de la responsabilidad proveniente de una violación a los derechos humanos entre particulares, hacia el Estado, cuando este incumple el deber constitucional de implementar las acciones y políticas necesarias para prevenir dichas violaciones.
Los casos de desaparición forzada de personas, y de mujeres en lo particular, se acumulan en México y alcanzan la misma resonancia internacional que tuvieron los dos primeros casos a los que nos referimos en esta opinión. La omisión imputable a nuestras autoridades por abstenerse de conducir estrategias adecuadas para evitar esta desgracia nacional, viene a significar una grave violación a los derechos humanos de las víctimas que puede trascender el tiempo y el espacio en el que, hasta hoy, se vienen discutiendo los problemas.
El autor es abogado especialista en materia constitucional y amparo.