Pocas disposiciones del texto constitucional gozan de la trascendencia que tiene su artículo 49, en el que se habla de la división de poderes, y en el que se establece la prohibición para que dos o más de estos se reúnan en una sola persona. No existe directriz política más importante a la que debamos abocarnos, que la de conservar el ejercicio compartido del poder público para evitar regímenes de gobierno despóticos y autoritarios. Es la finalidad principal de nuestra democracia, y la de la institucionalización de los derechos humanos y las garantías constitucionales.
En el caso de la relación entre el Poder Judicial y los otros poderes, deviene importantísimo mantener vigente su autonomía y el ejercicio independiente de su competencia constitucional, ya que es el principal freno y balance al que se someten el Legislativo y el Ejecutivo en el cumplimiento habitual de su labor política y administrativa, respectivamente.
Sin embargo, siendo enfáticos en esa visión suprema de nuestros órganos de justicia, no creo estar perdido al señalar que su independencia se aprecia, ante todo, en el momento en que se dicta cada sentencia en los asuntos controvertidos que se someten a su jurisdicción. Lo que aparece publicado en el perfil de las redes sociales de sus integrantes, o lo que se expone en los discursos que los juzgadores pronuncian en la apertura de los múltiples congresos a los que son invitados, es irrelevante. Su autonomía vale solamente a través de la conformación y suma de los votos, cada vez que un tema cuestionado se resuelve a través del amparo, las controversias constitucionales o la acción de inconstitucionalidad.
Desde luego que, como todos los abogados de México, no dejo de aplaudir la gallardía con que las ministras y ministros han cumplido su función y han enfrentado cualquier consecuencia social, cada vez que votan o tienen que poner cara a los embates de los que han sido víctimas por parte del Ejecutivo; sin embargo, yo me pregunto: ¿qué tanto la presidenta de nuestro Supremo Tribunal ha elegido correctamente el momento para emprender esta batalla en la que se encuentra el PJF y el Ejecutivo? ¿En el papel que juegan los poderes de la Unión, ha tenido la sensibilidad que demanda el cargo para lograr el acercamiento adecuado con sus pares?
La estabilidad financiera del Poder Judicial se conservó intacta durante los cuatro primeros años de esta administración, porque el Presidente se sintió siempre cómodo y bien acompañado con el anterior presidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar. ¿Qué tanto se vio menguada la autonomía del PJF en esa época? La votación de los asuntos más relevantes para México se mantuvo intacta, y aquello que debía declararse inconstitucional, así lo fue hecho. Una es la autonomía en el periódico, y otra distinta es en la sala de sesiones. Es esta última la que importa.
Considero que la ministra Piña ha sido valiente en defender la autonomía del PJF, pero posiblemente, por su discurso, podría haber sido ella misma la que dio los pasos para colocarlo en el terreno de la discordia en el que actualmente se encuentra inmerso. Desafortunadamente, ya perdió la partida. No hacía falta formalizar la tirantez frente al Poder Ejecutivo en la forma en que lo ha venido construyendo a lo largo del último año; mucho menos se necesitaba impulsar un cambio financiero al interior del propio PJF sin haber consolidado un acercamiento previo con el propio Presidente y con Morena, su partido, el grupo parlamentario con el mayor número de asientos en la Cámara de Diputados.
Nos hemos volcado desesperadamente para criticar y repudiar el atropello del que están siendo víctimas los trabajadores del PJF, y también sus jueces y magistrados. Hemos pasado por alto, sin embargo, que esa controversia, en el terreno jurídico, la van a ganar. Hay toda una batería de argumentos para que se logre la declaratoria de inconstitucionalidad y consecuente invalidez de las reformas a la ley que violentan los derechos de los trabajadores. ¿Por qué razón, si se puede invalidar, nos pesa tanto?
No nos damos cuenta, quizá, que la intención política del Presidente es esa, precisamente. Él sabe que la reforma que desaparece los fideicomisos, aprobada en el Congreso, es inconstitucional; y que, al impulsarla, violenta la autonomía presupuestal de la que goza el PJF. No vemos que, en el fondo, es esa misma sentencia lo que él persigue. El hecho de que la Suprema Corte de Justicia declare la invalidez de las leyes que benefician al propio PJF, constituye un propósito electoralmente más beneficioso. Porque lo convertirá en un elemento invaluable de la retórica que empleará el año entrante.
La SCJN está sumida en arenas movedizas, y mientras más se mueva, más acabará hundiéndose. No declarar la invalidez de la ley entrañará una traición a sus trabajadores; declararla, significará un tiro en la sien, pues será el elemento narrativo necesario para llamar la atención del electorado, para obtener un voto que favorecería la construcción de las mayorías calificadas en el Congreso que servirían para impulsar una reforma de gran calado y la construcción de un nuevo Poder Judicial Federal, a modo. El fin del Estado democrático en el que vivimos.
¿Era necesario llegar hasta aquí? De verdad, ¿era imprescindible jugar a las fuercitas con el presidente de la República?
La respuesta técnica me parece clarísima: Es lo que debe de ser; cualquier persona mínimamente letrada entenderá que la división de poderes constituye una decisión política fundamental que no puede ni debe revertirse, y que los ministros deben asumir frente a los otros poderes, la postura institucional que a esa responsabilidad constitucional corresponde.
¿Acaso el elector en México tendrá la capacidad para entender la complejidad de tan relevante tesis? La respuesta mundana me lleva a suponer que, en la elección de las batallas, ésta no era verdaderamente necesaria. La trayectoria de la relación institucional en la primera parte del sexenio lo demuestra.
Ya hasta aquí adelantado el camino, posiblemente será conveniente valorar la posibilidad de salvar peones y sacrificar algún caballo. Se debe hacer todo lo necesario para arrebatar al discurso presidencial el elemento del cual depende la construcción de la narrativa. O bien se posterga la resolución judicial del problema, o bien se reconoce, cuando menos en parte, la validez de las reformas aprobadas. Quitarle a los candidatos la posibilidad de decir a sus anchas que los ministros se repartieron el botín entre los suyos, pues a pesar de que todos sabemos que es mentira, no podemos dejar de apreciar lo dulce que suena ese señalamiento en época de campaña.