De las muy pocas cosas buenas que uno puede asociar a un terremoto, hay dos importantes que han surgido en los fenómenos que México atravesó dos veces un 19 de septiembre, el primero en 1985 y el segundo en 2017: un espíritu sorprendente de solidaridad nacional; y, una serie de normativas que mejoran los procesos y mecanismos para la prevención y la atención de desastres.
Hablando la semana pasada con un amigo, compartíamos el sentimiento de temor y de incertidumbre que nos dejó la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial, aprobada justo un día antes de que se rememorara un aniversario más del terrible atentado en contra de las Torres Gemelas de Nueva York.
Mientras que para mí el atropello contra la independencia judicial atraía un forzoso cambio de circunstancias en el futuro inmediato, ninguna buena para la República y nuestro sistema democrático de gobierno —un fenómeno alterador de la historia similar al que provino del atentado de Nueva York—, para él la sensación provocada por el proceso reformador de la Constitución le perturbó igual que la alerta sísmica, muy temeroso de lo que puede llegar a suceder, pero incierto en cuanto a que ésta a veces anuncia episodios geológicos imperceptibles.
No dejo de darle algo la razón. Hemos venido atravesando un periodo de enorme efervescencia político-electoral, en el que todo lo que se hace o se dice por parte del partido oficial se crítica y se aprecia mal. Hay un importante grupo de líderes de opinión y profesionales que se ha encargado de pregonar la idea de que todo lo hecho por esta administración será inevitablemente fatal para el país.
Sin que esta idea signifique que la reforma judicial comentada deje de ser negativa —pues creo fielmente que se trata de un paso constitucional muy equivocado, que le va a costar muy caro a México—, no dejo de advertir que el tropiezo podría soportarse si se adoptan las medidas y se imponen los candados necesarios en la legislación secundaria. Debemos de ser pacientes y esperar a que se presenten las iniciativas de ley que prosigan la conformación del nuevo Poder Judicial electo por votación popular; a ver qué tan malo acaba siendo éste para la labor de administración de justicia y, sobre todo, para frenar los excesos en que incurra el Ejecutivo federal y ‘su Poder Legislativo’.
México es muy grande y las posibilidades para que la nueva administración impulse cambios a la Constitución y a la legalidad que mejoren el Estado de derecho, a fin de lograr la materialización de los objetivos de máximo aprovechamiento de la relocalización de inversión estadounidense y generación de energía, de la manera en que lo ha anunciado, no tienen por qué tirarse por tierra si, al final, es a Morena mismo a quien interesa y son sus legisladores los que tienen los votos suficientes para lograrlo. Para bien o para mal, lo que suceda en México no tendrá otra huella genética que la del partido en el poder.
Sin dejar de reconocer esa vicisitud eventualmente superable asociada a las reformas a la Constitución, parecidas a la alerta sísmica, hay un aspecto de la vida nacional que indudablemente ha sido perturbado por el jaloneo político al que el presidente nos ha llevado: se ha fracturado innegablemente el tejido social.
Los mexicanos estamos divididos y alejados unos de otros. En la calle se siente desánimo y encono; se ve entreguismo favorecedor de un proyecto de gobierno pasajero, y desprecio por ideas totalitaristas y socialistas que se antojan insostenibles. Tenemos de un lado a los aplaudidores que se benefician de incontables programas de asistencia social, y del otro a contribuyentes descontentos por la inseguridad, que son ajenos a los problemas que a lo largo del tiempo han incidido en esta división. Nuestra sociedad no confía y propone ya a través de las redes sociales el boicot comercial en contra de cadenas comerciales equivocadamente asociadas a la familia Yunes, a la que pertenece el senador que permitió el atropello constitucional.
La solidaridad nacional que la Ciudad de México alumbró un día, después de que un fenómeno de la naturaleza acabara con la vida de decenas de miles de mexicanos, aparece distante ante este otro fenómeno político que provoca discordia e irracional desencuentro entre los mismos mexicanos, ligado a un artificial llamado a terminar con la corrupción, la discriminación, la avaricia o el racismo. Ningún presidente había tenido la mala idea de gobernar para unos cuantos y, al mismo tiempo, abiertamente, negarse a hacerlo para otros tantos.
Estamos a dos semanas de que termine el periodo para el que fue electo Andrés Manuel López Obrador. Con independencia de sus logros en el ámbito social, nadie podrá dejar de reconocer que deja al país dividido y en mal estado. Su acierto para alcanzar su propia meta, su propio objetivo personal, fue haber usado el micrófono para impedir que nadie más definiera la agenda de su gobierno.
En el estado actual de cosas, se advierte como una tarea urgente de la presidenta electa la de reconciliar a la nación. El 1 de octubre de este año tendrá la oportunidad de rectificar el rumbo y hacer del temblor que se viene un movimiento telúrico perceptible, sí, desafortunadamente, pero no destructor. Hagamos votos para que el micrófono de las mañaneras encuentre de parte de ella palabras de aliento que favorezcan el diálogo y la identificación de caminos y soluciones viables que aglutinen intereses. Esperemos que el segundo piso de la cuarta transformación sea realmente un programa de reunificación y no, como hasta ahora lo ha probado, un proyecto de destrucción de los lazos que conservan la unión de nuestra sociedad.
La BBC difundió la semana pasada una noticia en la que se daba cuenta sobre cómo un anciano era bajado a golpes de un autobús en Moscú, llevado a la policía y pretendido encarcelar, por haber expresado su opinión en contra de la guerra emprendida por Rusia y su presidente Vladímir Putin contra Ucrania. Lo último que queremos tener en México es una división provocada por un ejército de servidores de la nación, imponiendo por la fuerza su propia verdad.