Habiendo llegado ya el último día del año, antes de chocar las copas no deja de ser oportuno valorar, en la medida de los intereses propios y los comunes, cuáles son los aspectos más destacados –positivo uno y perjudicial el otro–, de entre aquellos relevantes ocurridos durante 2024. Dicho lo anterior y antes de compartir nuestros buenos deseos, pertinente resulta también externar previsiones sobre lo que podría acontecer en el año que está por empezar.
Quizás el aspecto positivo más importante de 2024, sobre el que debemos externar orgullo y reconocimiento, tiene que ver con el éxito obtenido durante el proceso electoral organizado y desplegado por el Instituto Nacional Electoral. Aún con la inconformidad atendible, relativa al uso de recursos públicos con fines electorales, no puede pasar inadvertido el muy destacado resultado alcanzado el 2 de junio pasado –no sobre la abrumadora victoria partidista alcanzada por Morena, sino en relación con la oportuna y confiable intervención de las autoridades electorales, encargadas de administrar los recursos y dirigir la maquinaria institucional a la que la ciudadanía encomienda la captura, cuidado, conteo e información resultante de los votos expresados por cada mexicano cada seis años.
Si bien no deja de ser alarmante el grave retroceso que las reformas constitucionales aprobadas este año han venido teniendo en la consolidación de la República y la división de poderes, el hecho de seguir contando hasta ahora con un órgano constitucional autónomo encargado de velar con independencia, por la legalidad y autenticidad de la expresión política popular tratándose de la elección de nuestros representantes, significa –de algún modo– la conservación de los avances democráticos gestados desde finales de los años ochenta.
Por otro lado, el aspecto negativo más destacado, en sintonía con las reformas constitucionales mencionadas, se encuentra en la franca destrucción del Poder Judicial de la federación, mediante la alteración de los procedimientos para la designación de jueces, magistrados y ministros, a los que en lo sucesivo se someterá a procesos de elección popular, claramente afectivos de la independencia e imparcialidad con la que tales servidores públicos deben cumplir su función.
Sin importar cuál sea el elemento discursivo empleado para acompañar tan oprobiosa iniciativa, y aun identificándose en él algún acto innegable de corrupción en el que algún juzgador haya quedado evidenciado y ligado, la afectación a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial y el despojo de los propósitos y objetivos vocacionales elegidos por miles de jueces y magistrados a quienes se les han arrebatado sus sueños, constituye un hecho histórico que no tiene precedentes a nivel mundial, que ensombrece a México y marca este año, como una época negra en el largo camino que todo país debe emprender para la consolidación del Estado de derecho.
No resulta extraño que, ante tan cuestionada decisión presidencial –la de acompañar y lograr la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional presentada por su antecesor–, los vaticinios tanto anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los beneficios que supuestamente acarrearía el nearshoring, realmente se estén alejando en el horizonte. La autonomía de la rama judicial de todo gobierno nacional constituye un factor imprescindible para garantizar la eficacia del derecho.
¿Qué se nos viene? El Presupuesto de Egresos refleja el interés preeminente del régimen, de conservar a toda costa los programas sociales en los que han encontrado su principal base de apoyo electoral. El problema es que las necesidades crecientes del elector son asincrónicas con la marcha de la capacidad contributiva del emprendedor fiscalizado. A mayor imposición de obligaciones tributarias, menor inversión productiva gravable.
Es previsible que este año logremos ver el aterrizaje de la cuarta transformación. Pudiéndose anticipar algunos logros en el ámbito de la seguridad, vendrán los reclamos internacionales en el terreno del respeto por los derechos humanos. Pudiéndose ver logrados algunos éxitos en el campo de la asistencia popular, vendrán los retrocesos en la estabilidad de la macroeconomía nacional. Los logros serán contrarrestados por la realidad.
Esperemos que la aceleración discursiva de los procesos de revisión de los acuerdos de integración comercial firmados entre México y sus vecinos de Norteamérica, traigan aparejado una reacción positiva de la administración, que ajuste su actuar ideológico a una marcha competitiva y sustentable, que permita al país avanzar, con responsabilidad social, hacia la senda de un crecimiento compartido que sea armónico con las necesidades que impone el crecimiento de nuestra demografía nacional.
Somos de los que creen que no debe haber pesimismo por el futuro lejano de México, pero de los que también aseguramos con objetividad que sí debe haber cautela en el corto y mediano plazo. Esperemos que todo cambie cuando realmente se termine el sexenio anterior.
Apreciado lector, le deseo un venturoso 2025.