Recuerdo con toda claridad que durante la transición democrática española y, posteriormente, tras celebrar tres elecciones generales, los españoles descubrimos que el triunfo de la democracia realmente estaba basado en algo más allá de un simple cambio de régimen de gobierno. En ese momento nos dimos cuenta de que las leyes no eran una simple orientación sobre hacia dónde queríamos que fuera el país, sino que eran los elementos y las herramientas que verdaderamente regulaban la vida social, política y, sobre todo, legal de la nación. Sin duda alguna, el fin del régimen del general Franco y el inicio de la transición democrática fueron puntos de ruptura en la historia española. A partir de ahí, los poderes ya no eran instituidos o dictados bajo la sombra de una sola persona, sino que éstos emanaban de las elecciones y preferencias del pueblo.
Después del 20 de noviembre de 1975, fecha en la que murió Franco, y tras la culminación de la transición democrática en España con la entrada en vigor de la Constitución de 1978, el pueblo español inició una nueva etapa de su historia. Hasta ese momento y durante los 39 años que gobernó el general Franco, remover o quitarle a alguien el privilegio de ostentar y ejercer el poder era algo impensable. Después de 1978, los españoles adquirieron las facultades y confianza de juzgar e, incluso –bajo diferentes mecanismos legales–, remover a quien no tuviera el debido respeto hacia las leyes y su correcta aplicación. A este periodo se le llamó transición porque se pasó del régimen franquista –con y por los mismos representantes que sirvieron durante ese periodo– a una votación inédita que tuvo como resultado la elección del primer presidente de la democracia española: Adolfo Suárez.
Una de las grandes claves del éxito de la transición democrática española fue ir de ley a ley. Fue un proceso en el que se buscó cambiar de raíz, y yendo artículo por artículo, todo aquello que atentaba contra la democracia, y fue un ejercicio que no tenía más que un propósito, que fue aprobar la Ley para la Reforma Política de 1976 y que fueron la antesala de las primeras elecciones libres en España en 1977. A partir de ahí, las cosas empezaron a funcionar de forma correcta; no obstante, España no se terminó de convertir en una democracia plena hasta el momento en el que se aseguró el cumplimiento de las leyes y hasta que el papel de los jueces fue más preeminente que la popularidad política o que un resultado electoral.
Hoy, pareciera que todo el mundo arde. Si uno se fija bien en la crisis de Medio Oriente, le resultará inevitable recordar el conflicto a sangre y fuego que hasta el 7 de octubre –hasta el mismo día del ataque de Hamás– tuvo el primer ministro israelí con el Tribunal Supremo de Israel. Es, era y será muy importante recordar que, por mucho que un gobernante tenga el voto y aprobación del pueblo, nunca será aceptable vivir contra las leyes ni cambiarlas o eliminarlas sin cumplir con los correspondientes mecanismos para hacerlo.
Cualquier político que se presenta en una elección y la gana tiene derecho a proponer los cambios legislativos que crea convenientes para el país, esa es una de sus recompensas por haberse ganado la voluntad y preferencia popular. Sin embargo, a lo que nadie –por más alto que haya sido el número de votos conseguidos a su favor– tiene derecho es a incumplir las leyes, vulnerar el ordenamiento jurídico ni a destruir la tradición jurídica de un país. No hay justificación válida ni es aceptable, bajo ninguna circunstancia, que alguien atente contra los poderes y órganos que son la base de una democracia. En México, estos órganos fueron creados y sirven para regular y limitar las capacidades de actuación de los líderes, evitando el abuso del poder y de funciones. No obstante, hay quien se empeña en dinamitarlos sin importar las graves consecuencias que esto podría traer consigo.
Muchos países –empezando por la propia España, siguiendo por Israel y continuando por los conflictos que hay sobre el hecho de que el candidato y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, esté siendo acusado y juzgado– están demostrando que el sistema democrático que tanto tiempo y esfuerzo les costó instaurar está siendo gravemente vulnerado. En esta era de la revolución de las comunicaciones de las redes sociales con la confrontación que hay entre la legalidad existente y la legalidad sentida por los gobernantes, las crisis son cada vez más visibles.
Repito, todo gobernante que gana una elección tiene derecho a proponer a su pueblo cambiar y hacer las leyes que considere convenientes para un mejor gobierno, a lo que no tiene derecho es a incumplir las leyes, destruir la función jurídica y gobernar sin cumplir con el mecanismo legal requerido para hacer la debida eliminación, modificación o creación de una ley.
Los resultados de las próximas elecciones serán inciertos porque inciertas son las bases que están dirigiendo su regulación. Pero, sobre todo, estamos empezando a acostumbrarnos a vivir en un mundo en el que la ley ya no es sólo la voluntad del que manda, sino que despreciar las leyes o atacar la estructura jurídica se ha convertido casi en una garantía de comportamiento democrático que en teoría –sólo en teoría– beneficia al pueblo y castiga a los usurpadores, corruptores y abusadores de los pueblos.
Es inevitable escribir esta columna sin hablar del caso Zaldívar. Sin entrar en el fondo, la forma se está produciendo, reproduciendo y plasmando lo que ha sido, al menos por los dos últimos años, las cantinelas fundamentales de las protestas y las descripciones del poder después de la promulgación de aquella frase que será recordada por mucho tiempo dicha por el presidente López Obrador sobre que “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. Estamos en medio de un preocupante choque de poderes en nuestra democracia en el que no hay mucho margen de actuación, ya que la destrucción o vulneración de uno de los poderes o bien puede ser la misma destrucción del otro o la instauración de una completa incertidumbre en el desenvolvimiento democrático de nuestro país.
Seguramente es injusto. Seguramente habrá mejores métodos. Lo que es innegable es que quienes tienen en la punta de su pluma nuestra libertad, nuestra condena o el producir fenómenos que nos priven de nuestra capacidad de vivir plenamente, son los jueces. Aunque hay que preguntarse si los jueces de verdad están bien formados y suficientemente respaldados, investigados y observados como para que ese poder tan inmenso que significa privarnos de nuestra libertad no acabe convirtiéndolos en los mayores enemigos del pueblo.
Hay una investigación en marcha y por el bien de todos conviene que se aclare bien y pronto. Conviene que se desprendan responsabilidades y, si no se encuentra ninguna en el antiguo ministro Zaldívar y en su grupo, habrá que perseguir y buscar a los autores de la denuncia anónima, porque en ese caso quien a hierro mata, a hierro debe morir. Mientras tanto, no hay que equivocarse, una cosa es seguir una denuncia y, desde luego, respetar todas las garantías constitucionales de los investigados. Otra cosa muy diferente es ir acumulando y creando cargos que terminen por desvirtuar, por eliminar y por aniquilar la función jurídica en nuestro país.
Siempre he sabido que es muy difícil vivir luchando contra un Estado, aunque la vida me ha enseñado que es mucho más difícil sobrevivir sin un Estado, a pesar de que sea enemigo. Ningún resultado electoral podrá sustituir la fuerza de las instituciones. Las podrá modelar o condicionar, pero, desde luego, no es posible ejercer ningún poder sin una estructura legal y política que ampare la acción de quienes conquistaron el poder mismo. Estamos en un momento crítico de nuestra historia y en este momento –cuando faltan tan pocos días para las elecciones– conviene no jugar con fuego. De lo contrario, lo que puede suceder es que al día siguiente de ganar las elecciones uno se encuentre con que lo que ganó es un inmenso vacío y una anarquía instaurada que haga imposible el ejercicio del gobierno.