Corrían los meses de octubre y noviembre de 1975. Francisco Franco, dictador de España, caudillo y generalísimo –“Caudillo de España por la gracia de Dios”, como rezaba la propaganda oficial– agonizaba en Madrid. Su cuerpo había quedado sometido a una sucesión casi dantesca de intervenciones médicas, mientras el régimen que había construido durante casi cuatro décadas comenzaba también a extinguirse. Franco moriría finalmente el 20 de noviembre de 1975.
Marruecos estaba en el tuétano, en el alma y en el espíritu del hombre al que el franquismo llamaba Generalísimo. Un título cuya grandilocuencia recuerda, salvando todas las distancias históricas, a Antonio López de Santa Anna, el gobernante mexicano que se hizo conceder el tratamiento de “alteza serenísima” y el grado de capitán general durante su última dictadura.
Fue en Marruecos donde Franco inició su carrera más audaz y su ascenso militar. Primero como oficial de los Regulares y después como uno de los hombres fundamentales de la Legión, creada por José Millán-Astray. Franco fue uno de quienes hicieron de aquel cuerpo militar lo que todavía representa dentro del Ejército español.
También fue allí donde recibió el disparo que estuvo a punto de matarlo. Ocurrió en junio de 1916, durante el combate de El Biutz, cerca de Ceuta. Una bala le atravesó el abdomen y lo dejó gravemente herido. Aquello no solamente le dio medallas y reconocimiento, sino que lo colocó en un punto de partida decisivo para contar y significar dentro del generalato.
Al otro lado del estrecho de Gibraltar gobernaba un rey joven, hijo de Mohamed V, afrancesado, retorcido y extraordinariamente hábil para la estrategia política. Se llamaba Hassan II.
El monarca marroquí había desarrollado una relación muy cercana con Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, y con la administración de Washington. Marruecos era una pieza fundamental de la estrategia estadounidense en el norte de África y un contrapeso frente a Argelia, país cercano a la Unión Soviética y principal rival regional de Rabat.
Hassan II aprovechó el final del franquismo para dar el tiro de gracia a lo que quedaba del que alguna vez fue uno de los mayores imperios coloniales de la tierra. El 6 de noviembre de 1975 movilizó a cientos de miles de personas en una marcha aparentemente pacífica, llamada la Marcha Verde, con el propósito de entrar en el Sáhara español y obligar a Madrid a abandonar el territorio.
Marruecos presentó aquella operación como la recuperación de una tierra propia. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia había determinado que, aunque existían determinados vínculos históricos entre el sultán de Marruecos y algunas tribus saharauis, esos lazos no constituían soberanía territorial ni anulaban el derecho del pueblo del Sáhara occidental a decidir libremente su futuro.
A Hassan II no le costó demasiado consolidar su posición y echar a los españoles. Para empezar, porque España era un régimen agonizante, con un dictador que ya no podía mandar y unas élites concentradas en preparar la sucesión. Para continuar, porque aquel movimiento geoestratégico formaba parte de un mapa mucho más amplio.
Marruecos ocupaba un lugar fundamental en la visión de Henry Kissinger. Reforzar a Hassan II significaba limitar la posición de Argelia en el Sáhara, contener la influencia soviética y mantener el equilibrio estratégico de Occidente en el Mediterráneo y el norte de África.
Washington trató de evitar una confrontación militar abierta, pero comprendía perfectamente el valor de Marruecos en su lucha global contra el comunismo. La Marcha Verde pertenecía a ese mundo y a esa lógica: fortalecer a los aliados, debilitar a los adversarios de la Unión Soviética y preservar el orden occidental.
Esa estrategia también se relacionaba con la política estadounidense de evitar que los partidos comunistas europeos llegaran al poder mediante las urnas. Para conseguirlo, Occidente encontraba en la socialdemocracia una alternativa confiable, representada durante aquellos años por figuras como Willy Brandt y la socialdemocracia alemana.
Han pasado más de 50 años desde aquellos días. Sin embargo, la historia es recurrente. La historia siempre termina sacando un billete de ida y vuelta. Hoy volvemos a encontrarnos ante una pequeñísima parte del estrecho de Gibraltar: unos cuantos kilómetros cuadrados que forman parte de España, pero se encuentran en el continente africano. Hablamos de Ceuta, uno de los últimos territorios españoles en África, junto con Melilla y las llamadas plazas de soberanía.
La operación de este momento ya no es verde. Es azul, por el color del mar. No se trata de una marcha organizada oficialmente por un monarca ni de una columna avanzando ordenadamente por el desierto. Se trata de una entrada masiva por tierra y por mar, fundamentalmente civil, que ha puesto nuevamente a prueba la soberanía española y la capacidad de Europa para controlar sus fronteras.
En apenas 24 horas, alrededor de 49 mil personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta. La mayoría procedía del propio Marruecos, aunque también había personas originarias de otros países africanos. Entraron a pie, por mar y superando los controles fronterizos. España tuvo que desplegar policías, guardias civiles y efectivos militares. La crisis dejó decenas de muertos y obligó posteriormente a coordinar con Marruecos el regreso de miles de personas.
Naturalmente, no estamos ante una reproducción exacta de la Marcha Verde. Pero sí ante una forma de presión sobre un territorio pequeño, vulnerable y geográficamente aislado. Una operación que no necesita conquistar Ceuta para demostrar que puede paralizarla.
Hay muchas diferencias entre 1975 y 2026. La más importante es que Ceuta forma parte de España, mientras que el Sáhara era un territorio pendiente de descolonización. Pero acontecimientos como este ayudan a entender por qué, en el futuro diseño de Europa, existen tres países que difícilmente podrán colocarse en la primera línea, a pesar de su historia y de su importancia.
El primero es Francia. El segundo es España, una de las economías que más crecen dentro de la Unión Europea. El tercero, por voluntad propia primero y ahora por acomodo, es el Reino Unido.
Los tres países están profundamente atravesados por una marea migratoria árabe, magrebí y africana. Los tres cargan con el peso de sus antiguos imperios. Los tres enfrentan problemas de identidad, integración y seguridad. Y los tres tienen dificultades para definir dónde termina la obligación moral de recibir y dónde comienza la obligación política de proteger.
Hay una razón fundamental para que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con reflejos de tigre, haya aprovechado la ocasión para responder al desafío político y demográfico que representa la estrategia migratoria del presidente del Gobierno español.
El gobierno de Pedro Sánchez impulsó una regularización extraordinaria de inmigrantes que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026. No se trata de una nacionalización automática, sino de un procedimiento para conceder residencia y autorización de trabajo a quienes cumplan los requisitos. Sin embargo, en política las consecuencias nunca terminan donde comienzan las leyes.
Muchos países europeos y sectores políticos consideran que esta decisión puede convertirse, con el paso del tiempo, en una cantera electoral favorable al sanchismo y a sus aliados. Primero llega la residencia. Después puede llegar la nacionalidad. Finalmente, cuando se cumplen los requisitos legales, llega el acceso a las urnas.
Al mismo tiempo, una regularización de semejante tamaño envía al exterior un mensaje difícil de controlar. Aunque solamente se aplicaba a personas que ya se encontraban en España, la percepción que puede extenderse fuera de Europa es mucho más sencilla: España abre las puertas.
Y las percepciones, en materia migratoria, suelen movilizar tanto como las propias leyes. España ha alcanzado prácticamente los 50 millones de habitantes, de los cuales cerca de 14% de la población estaba formada por personas con nacionalidad extranjera, mientras que si se toma en cuenta a la población residente nacida fuera de España –incluyendo a los residentes actuales– la proporción se eleva aproximadamente hasta 18% del total de habitantes. Una cifra que cada día va en ascenso.
Dentro de esa transformación demográfica ocupa un lugar muy importante la inmigración procedente del Magreb, especialmente de Marruecos. A ella se suma la llegada de millones de latinoamericanos, cultural y lingüísticamente más próximos, que han hecho de España su segundo país y que, en muchos casos, incluso han adquirido la nacionalidad española.
Italia amenazó con promover la suspensión temporal de la aplicación de Schengen respecto de España o, al menos, con reforzar los controles fronterizos. La medida no se había formalizado, pero el mensaje de Meloni fue muy claro: si España pierde la capacidad de controlar quién entra en Europa, los demás países recuperarán el control de sus propias puertas.
Schengen permite que, una vez dentro del espacio europeo, las personas puedan trasladarse entre sus países sin controles sistemáticos de pasaporte. Esa libertad depende de la confianza mutua y, especialmente, de que cada Estado proteja adecuadamente las fronteras exteriores que le corresponden.
Cuando esa confianza desaparece, cada gobierno comienza a investigar, vigilar y decidir por sí mismo quién puede entrar en su territorio. Esta es una crisis de una proporción política muy importante. Por razones evidentes, se conecta con la doctrina que domina actualmente en Washington, donde el gobierno de Donald Trump ha situado el control de las fronteras y la lucha contra la inmigración irregular en el centro de su proyecto político.
Pedro Sánchez y los suyos no pertenecen precisamente al círculo de afinidades ideológicas de la Casa Blanca. Su política migratoria se encuentra en las antípodas de la visión defendida por Stephen Miller, subjefe de Gabinete para Política y asesor de Seguridad Interior, uno de los principales responsables de la línea migratoria de la administración estadounidense.
España es, además, el segundo país de origen de la inversión extranjera directa recibida por México, solamente por detrás de Estados Unidos. España también se ha convertido en uno de los principales destinos de la inversión, la residencia y los intereses económicos mexicanos en Europa. Numerosos empresarios y familias mexicanas mantienen allí propiedades, negocios, una segunda residencia o una nacionalidad compartida.
Por eso, lo que ocurre en España nunca es completamente ajeno para México. La consecuencia política va mucho más allá de una elección o del acceso gradual a las urnas de quienes terminen adquiriendo la nacionalidad. Lo que verdaderamente está en tela de juicio es si Europa puede seguir siendo de los europeos y, en ese caso, de qué clase de europeos estamos hablando.
¿Europeo es solamente quien nació allí? ¿Lo es también quien llegó, trabajó, respetó las leyes y adoptó sus valores? ¿Puede considerarse europeo quien utiliza las libertades del continente para combatir la cultura política que hizo posibles esas libertades?
En política siempre existen las casualidades. Piense mal y acertará. En el origen de la Marcha Verde, hace más de 50 años, estuvo la confrontación regional contra la Argelia de Houari Boumédiène, aliada de la Unión Soviética y defensora del Frente Polisario. Aquella disputa hizo que Washington inclinara progresivamente su balanza estratégica hacia Marruecos.
Cincuenta años después, Marruecos, España y Argelia vuelven a aparecer dentro del mismo triángulo.
Pedro Sánchez visitó Argelia el 20 de julio de 2026, después de varios años de distanciamiento y enfrentamientos diplomáticos. Allí se reunió con el presidente Abdelmadjid Tebboune y anunció una nueva etapa de cooperación política, económica, energética, migratoria y de seguridad.
Diez días después se produjo la entrada masiva en Ceuta. Puede tratarse de una coincidencia. Puede ser consecuencia de las redes de tráfico de personas, de los rumores difundidos en las redes sociales o de la percepción creada por la política española de regularización.
También puede ser un mensaje. Un mensaje para recordar a Sánchez que Marruecos conserva una de las llaves fundamentales de la seguridad española. Un mensaje para advertirle que cualquier acercamiento con Argelia tiene consecuencias. Un mensaje para demostrar que Ceuta, Melilla, el Sáhara, la inmigración y la energía continúan formando parte de una misma partida.
No existen todavía pruebas públicas que permitan afirmar que Rabat organizó deliberadamente la entrada. Pero tampoco puede ignorarse que Marruecos ha utilizado anteriormente el control migratorio como instrumento de presión diplomática.
La historia nunca se repite exactamente de la misma manera. Cambian los colores, cambian los instrumentos y cambian los protagonistas. La geografía y el poder permanecen.