La traición consiste en que, cuando se pidió votar por primera vez por una mujer de acuerdo con los principios de la ‘4T’, nadie explicó que eso significaría que, llegado el momento de elegir entre la legalidad y la sospecha sobre acuerdos con el crimen, se elegirían los acuerdos y no la legalidad.
Es una alternativa que el pueblo no eligió ni merece. Porque, visto lo protegido que parecía sentirse el gobernador de Sinaloa para recuperar el poder, daba la impresión de que la regulación, los compromisos internacionales y el imperio de la ley no valían nada frente a la preeminencia de unos acuerdos que, por la forma en que se presentan y defienden, suenan a confesión de ilegalidad y, lo que es peor, a una traición a la nación.
La rebelión en la granja morenista tiene ya muy difícil solución. Frente a la defensa institucional del Estado parece imponerse la defensa histórica de los derechos adquiridos por el fundador del movimiento y de los acuerdos políticos construidos durante años. El problema se agrava cuando esos acuerdos se cruzan, desde la sospecha pública y ahora también desde una acusación formal en Estados Unidos, con personajes y grupos vinculados al mundo del crimen.
Los más de 35 millones de votos que respaldaron a Claudia Sheinbaum están siendo traicionados. También el país, el movimiento, la reforma y la ‘4T’, en su primero y segundo piso y, lo que es peor, en las entrañas de su subsuelo.
El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación presentada por un gran jurado federal contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. La acusación sostiene que habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, particularmente con Los Chapitos, a cambio de apoyo político, protección e impunidad.
México recibió una solicitud estadounidense para detener provisionalmente a Rocha con fines de extradición. La FGR consideró insuficientes los elementos presentados y pidió más información; una decisión que frenó la detención, pero que no despeja las acusaciones. Son acusaciones, no sentencias, y los señalados conservan la presunción de inocencia. Pero son suficientemente graves para exigir una respuesta del Estado mexicano.
El problema no es solo la defensa de la soberanía ni recordar que México no puede permitir que otro país determine quién es culpable o inocente dentro de nuestro territorio. El problema es que no hemos sido capaces de articular una respuesta institucional sólida y creíble frente a las acusaciones que pesan sobre el gobernador de Sinaloa.
Tampoco se trata de aceptar como verdad automática todo lo que diga Estados Unidos. Se trata de que México haga funcionar sus propias instituciones para investigar, acreditar, desmentir, acusar o exculpar.
Después de 112 días de licencia, el 21 de agosto, Rocha regresó como gobernador constitucional de Sinaloa. El Congreso local recibió la notificación y consideró innecesaria una nueva votación. Jurídicamente, su reincorporación podía sostenerse. Políticamente ocurrió algo mucho más revelador: el gobierno federal y Morena marcaron distancia.
Sin embargo, el regreso duró menos de lo pensado.
Apenas un día después, Rocha Moya volvió a pedir licencia, por tiempo indefinido y por más de 30 días. El Congreso de Sinaloa deberá resolverla. Esa segunda petición cambia el sentido político de lo ocurrido, pero no borra lo que pasó.
Tras la segunda petición de licencia de Rocha Moya, hay que leer no solamente la afirmación de la legítima detentadora del poder del país, la presidenta Claudia Sheinbaum, sino el inicio de un camino que no tiene vuelta atrás.
Que nadie se engañe. A partir de aquí, o gobiernan ellos, sean los que sean, o gobierna ella.
El regreso de Rocha mostró que existen fuerzas, acuerdos y lealtades capaces de poner a prueba la autoridad presidencial. Su marcha muestra que Sheinbaum decidió poner un límite. La cuestión es saber si ese límite vale solamente para Sinaloa o marca el comienzo de una nueva relación de poder dentro de Morena y de la ‘4T’.
Yo no sé, porque no he estado delante y no existe evidencia pública que permita afirmarlo, si la comunicación entre Palenque y Rubén Rocha Moya ha sido tan fluida y permanente como se ha insinuado. Tampoco sé si detrás de su regreso existió algún respaldo del expresidente López Obrador.
Desconozco si la reciente revocación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, pudo influir en alguna reacción política del fundador de la ‘4T’. Pero sí existe una pregunta que ya no puede evitarse: ¿qué tanto pesan las viejas lealtades del obradorismo frente a la autoridad institucional de la presidenta que hoy gobierna México?
Si el fundador de la ‘4T’ – esté donde esté y haya participado o no directamente en este episodio – conserva una capacidad de influencia suficiente para que los acuerdos y lealtades construidos durante su gobierno se coloquen por encima de la autoridad presidencial, entonces no estamos ante una diferencia interna de Morena. Estamos ante un problema de poder.
Y sería profundamente autodestructivo. Significaría anteponer esas lealtades a los millones de ciudadanos que hicieron presidenta a Claudia Sheinbaum y al argumento moral que justificó durante años la transformación del país.
Leyendo las declaraciones y posturas de los gobernadores y algunos líderes de la ‘4T’ – como Ricardo Monreal – uno tiene que concluir que la rebelión en la granja ya es visible. En cualquier caso, lo de Rocha es solo el primer anuncio de la tormenta política que se va a desarrollar durante los próximos meses dentro del partido dominante y único.
Claudia Sheinbaum no puede seguir gobernando como si éste fuera únicamente un problema del gobernador de Sinaloa. No puede hacer nada que exceda sus facultades presidenciales. Pero sobre lo que sí tiene la obligación política es garantizar que las instituciones federales actúen sin interferencias; que la cooperación con Estados Unidos permita conocer las pruebas que ese país dice tener; y que – si aparecen elementos suficientes – se activen los mecanismos constitucionales y judiciales correspondientes.
La defensa de la soberanía no consiste en proteger a un funcionario mexicano porque está siendo acusado desde el extranjero. Consiste en demostrar que México posee instituciones capaces de investigar y determinar, con pruebas y conforme a la ley, si esas acusaciones son verdaderas o falsas.
Mientras tanto, Sinaloa sigue pagando la factura.
Desde el secuestro o extracción ilegal de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, en julio de 2024, y el asesinato de Héctor Melesio Cuén, Sinaloa entró en una espiral que terminó convirtiéndose en una guerra abierta entre facciones del propio Cártel de Sinaloa.
Desde entonces se han acumulado más de 3 mil homicidios, además de miles de reportes relacionados con desapariciones y privaciones de la libertad.
La confrontación entre Los Chapitos y La Mayiza no solamente ha llenado de sangre las calles y golpeado la actividad económica. Ha colocado en entredicho algo todavía más elemental: quién ejerce realmente el control territorial y quién manda en Sinaloa.
Por eso fue tan mala señal el regreso –fugaz, pero regreso– de Rocha. No porque una acusación estadounidense demuestre por sí misma que pertenece a uno de los bandos. No lo demuestra. Pero la acusación presentada en Nueva York sostiene que su carrera política habría sido favorecida por Los Chapitos y que, una vez en el gobierno, habría correspondido con protección e impunidad.
Mientras ese señalamiento siga sin resolverse de manera convincente en México, cualquier ejercicio pleno del poder por parte del gobernador alimentará la sospecha que las instituciones deberían despejar.
Todo el Estado mexicano –o lo que queda de él después de años de erosión institucional– quedó en entredicho cuando Rocha volvió a tomar sus funciones como gobernador de Sinaloa. Y es que en política no solamente hay que ser: también hay que parecerlo.
Como si fuera el caballo de Calígula, durante unas horas apareció por encima de la lógica que debería regir a las instituciones.
México proyectó la imagen de que las sospechas de connivencia entre autoridades y organizaciones criminales –reales o presuntas, porque todavía tienen que demostrarse– pueden estar tan incrustadas en la carne y la sangre del sistema político que un gobernador cuestionado sea capaz de regresar al poder aun cuando su propio partido y el gobierno federal procuren tomar distancia.
La nueva petición de licencia por parte de Rocha Moya corrige el desafío, pero no resuelve el problema.
De la traición no se vuelve. Y quien haya estado detrás del regreso de Rocha —si únicamente Rocha, si Rocha con algún tipo de soporte desde Palenque o si existe cualquier otra combinación de intereses— tiene que saber que ya no está en juego solamente la suerte del gobernador de Sinaloa.
Está en juego la autoridad de la presidenta.
Los ciudadanos que votaron por Claudia Sheinbaum no votaron para elegir una administradora subordinada a los acuerdos heredados del sexenio anterior. Votaron por una presidenta con la capacidad de decidir de manera independiente.
Que nadie se engañe, a partir de ahora, la pregunta ya no es si Rubén Rocha Moya vuelve o se va. Desde ahora la cuestión es si gobiernan ellos –sean los que sean– o gobierna ella.