Todo gobierno tiene derecho a proponer su propio modelo de salud. Lo que ningún país puede permitirse es empezar de nuevo cada seis años. La salud, como hemos dicho en este espacio en muchas ocasiones, no se construye con ocurrencias sexenales, sino con políticas de Estado capaces de sobrevivir a los cambios de administración.
Escuchar la entrevista que Gabriela Warkentin realizó esta semana en Así Las Cosas, de W Radio, al exdirector general del IMSS, Germán Martínez, inevitablemente conduce a una reflexión. El recuento que hizo sobre la evolución del sistema de salud mexicano deja una pregunta de fondo que vale la pena discutir con serenidad: ¿cuántas veces puede reinventarse una política pública sin afectar su capacidad para responder a quienes más la necesitan?
En pocos años, el sistema de salud pasó de la desaparición del Seguro Popular al Insabi; de ahí a la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en las compras consolidadas de medicamentos; posteriormente al IMSS-Bienestar; después a Birmex y a la Megafarmacia, para desembocar ahora en nuevos ajustes a los mecanismos de distribución y abastecimiento. Cada transición buscó corregir las deficiencias del modelo anterior. Sin embargo, vistas en conjunto, dibujan un sistema que ha pasado más tiempo reorganizándose que consolidándose. México no ha carecido de ideas para reformar su sistema de salud; más bien, no ha tenido tiempo para consolidarlas.
Junto con esa sucesión de cambios han aparecido retrasos recurrentes en las compras consolidadas de medicamentos, calendarios que se modifican sobre la marcha y periodos de incertidumbre para quienes integran la cadena de suministro. La estabilidad no solo es importante para las instituciones públicas; también lo es para fabricantes, distribuidores y operadores logísticos que necesitan certidumbre para planear la producción, garantizar inventarios y cumplir oportunamente con el abasto. Cuando esa continuidad se rompe, todo el sistema comienza a operar bajo la presión del tiempo.
Difícilmente puede compararse la logística farmacéutica con la distribución de cualquier producto de consumo. Un medicamento no cumple su propósito cuando llega a una bodega o al almacén de un hospital; lo hace cuando llega al paciente correcto, en el momento oportuno y bajo las condiciones que garantizan su eficacia y seguridad. Esa diferencia obliga a construir sistemas sólidos, previsibles y técnicamente estables, no estructuras sujetas a cambios permanentes.
Pocas cifras ilustran mejor esa falta de continuidad que el comportamiento del gasto de bolsillo. Entre 2018 y 2024, el gasto en salud de los hogares mexicanos aumentó 41.4% en términos reales, al pasar de un gasto trimestral promedio de 1,135 a 1,605 pesos por hogar. Paralelamente, los consultorios adyacentes a farmacias crecieron de 13 mil a 18 mil en apenas una década y hoy realizan alrededor de 10 millones de consultas al mes. Su expansión no responde únicamente a una estrategia comercial; también refleja las limitaciones del primer nivel de atención del sistema público y la necesidad de millones de personas de encontrar una respuesta inmediata cuando las instituciones no pueden ofrecérsela.
Cuando la incertidumbre se instala en la operación del sistema, alguien termina absorbiendo el costo. A veces es el fabricante. A veces el distribuidor. Con demasiada frecuencia, el paciente.
Buscar atención inmediata explica por qué millones de familias recurren hoy a los consultorios adyacentes a farmacias. No se trata de una preferencia ideológica por la atención privada, sino de una necesidad. La enfermedad no espera a que concluya una licitación, se resuelva un litigio administrativo o se redefina el modelo de compra de medicamentos. Cada vez que un paciente adquiere por su cuenta el tratamiento que no encontró en una institución pública o paga una consulta porque no puede esperar semanas por una cita, el costo de las fallas del sistema deja de reflejarse únicamente en los presupuestos gubernamentales y comienza a pesar directamente sobre la economía de los hogares.
De fondo, el debate no debería centrarse en qué institución compra los medicamentos o quién administra los hospitales. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más puede permitirse México seguir reinventando su sistema de salud sin consolidar un modelo capaz de ofrecer certidumbre a pacientes, profesionales de la salud e industria farmacéutica. También, la continuidad salva vidas. Porque un sistema de salud puede reinventarse muchas veces; un paciente, no.
Sala de Urgencias
- La investigación de Nayeli Roldán sobre el Hospital de San Quintín recuerda que detrás de cada retraso administrativo hay personas de carne y hueso. Un joven que murió porque el hospital no contaba con un ventilador disponible; una madre obligada a recorrer tres horas para que su hija recién nacida recibiera atención especializada; una comunidad que ha escuchado, al menos, tres promesas de ampliación desde 2021 sin que la atención prometida llegue. San Quintín demuestra que los hospitales pueden inaugurarse con un corte de listón, pero la confianza de los pacientes se construye con médicos, equipo, medicamentos y resultados. Las promesas generan expectativas; los sistemas de salud deben generar certezas.