En enero, cuando la extrema derecha nacionalista y conspiranoica estadounidense -montada en la publicación ese mes de un libro panfletario y amarillista (El Golpe de Estado Invisible) de un autor perteneciente a esos círculos- comenzó a cilindrar la especie de que los consulados mexicanos eran una suerte de cabeza de playa para la “reconquista” de territorio perdido en 1848, o que fungían como agentes encubiertos de interferencia en la política interna de Estados Unidos de la mano del Partido Demócrata, advertí de la importancia de que el gobierno mexicano saliese en una ofensiva de comunicación estratégica y diplomacia pública a desarbolar esas patrañas. A la vez, también alertaba que la labor de proselitismo y movilización a favor del partido en el poder en México -violatoria de la Ley del Servicio Exterior Mexicano- por parte de números récord de titulares de consulados designados durante los últimos siete años y pertenecientes a MORENA, estaba contaminando esas percepciones de la acción consular mexicana. Ahora, ante la noticia de que el Departamento de Estado ha iniciado una revisión formal de los 53 consulados mexicanos en territorio estadounidense, revisión que podría derivar en el cierre de algunos de ellos, el futuro ya nos alcanzó.
La medida trae doble correa. Por un lado, claramente es una herramienta de presión: el cierre de consulados como praxis diplomática típicamente ha sido una señal inequívoca de que una relación bilateral no va bien o una medida de represalia, que a su vez generalmente conduce a acciones espejo por parte del país afectado. En años recientes, los cierres de representaciones consulares en EE.UU han ocurrido en contextos de confrontación abierta con naciones percibidas por Washington como adversarias. En 2020, la primera Administración Trump ordenó el cierre del consulado chino en Houston, aduciendo espionaje y hurto de propiedad intelectual; en 2017, cerró el consulado ruso en San Francisco y dos oficinas diplomáticas adicionales en respuesta a la expulsión de diplomáticos estadounidenses de Moscú. Que esa misma lógica -la del adversario- se aplique ahora con México, su principal socio comercial, su primer destino de exportaciones y su mayor fuente de importaciones y una de las relaciones bilateral más importantes para Washington en el mundo, debería estar prendiendo todas las alarmas en el gobierno mexicano y entre quienes en EE.UU entienden la importancia y relevancia de la relación para la prosperidad, seguridad y el bienestar de los estadounidenses. El que además ocurra ahora, cuando la relación bilateral atraviesa semanas de turbulencia, coloca a la agenda México-EE.UU en su peor encrucijada desde 1985, cuando el choque frontal de visiones geopolíticas y diplomáticas -en plena Guerra Fría- entre ambas naciones por los conflictos centroamericanos se sumó a la tortura y asesinato de un agente de la DEA en suelo mexicano. Porque el contexto en el que se produce esa decisión importa tanto como la decisión misma, con un efecto dominó de eventos que no es casual: la reacción y retórica del gobierno federal ante la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua; la acusación formal del Departamento de Justicia contra diez servidores y ex servidores públicos de Sinaloa; la subsecuente postura mexicana con respecto al Tratado de Extradición con EE.UU; la percepción en Washington de que el gobierno mexicano busca ganar tiempo y espacio de maniobra jugando al bote pateado con la petición de arresto provisional con fines de extradición de Rocha y coacusados; acto seguido las dos declaraciones del Presidente Donald Trump la semana pasada escalando la retórica y la amenaza de acción unilateral; la aseveración del Procurador General de Justicia en funciones de EE.UU subrayando que vienen más acusaciones; y culminando apenas unas horas después con la revelación de la cadena CBS acerca de la investigación a toda la red consular mexicana. No hay que ser Kissinger para entender la espiral en curso.
Por el otro lado, el anuncio de la investigación es un guiño calculado a la base electoral más dura de MAGA, esa que ha hecho de la retórica anti-México un artículo de fe y que ha comprado, sin cuestionarlo, ese cuento que ha venido marinándose desde hace un par de décadas en la extrema derecha de que México busca silenciosamente expandirse hacia el norte de la mano de representaciones consulares como instrumentos de activismo político e interferencia electoral en suelo estadounidense. Y en esto seamos precisos, porque la precisión importa y las falacias se combaten con datos, sobre todo para quienes intentaron desde la mañanera en Palacio Nacional el viernes pasado amarrar navajas o que afirman -sin ton ni son- que he sostenido y validado que los consulados mexicanos sí hacen proselitismo político-electoral para propósitos de política interna estadounidense.
Desde el momento en que se publicó el libro de marras que detonó la nueva andanada MAGA contra la labor consular mexicana, respondí en redes sociales a su autor con un menú de réplicas. Aquí va de nuevo. Primer ingrediente: que los consulados mexicanos hacen labor de proselitismo político en favor de causas o candidaturas estadounidenses; esto es falso. No existe evidencia documentada, ni la han presentado los promotores de esta narrativa, de que la red consular mexicana opere como agente de influencia en procesos electorales de Estados Unidos. El que López Obrador en su momento haya alegre e irresponsablemente instado a los mexicanos (¡como si 5 millones de ellos que son indocumentados lo pudiesen hacer!) a castigar en las urnas a legisladores que criticaban su gestión (entre ellos precisamente el actual Secretario de Estado) no quiere decir que los consulados estuviesen instando a votantes mexicoamericanos a hacerlo en un sentido u otro. Y por cierto, todas las misiones diplomáticas extranjeras acreditadas ante Washington buscan influir en los tomadores de decisiones estadounidenses -eso es, literalmente, para lo que existen. Lo hacen los británicos, los alemanes, los israelíes, los canadienses, los franceses (y ya no digamos los rusos, con otros fines). La diferencia es que a ninguno de ellos se les acusa de “interferencia” por hacer su trabajo. Segundo ingrediente: que el tamaño de la red consular mexicana es en sí mismo sospechoso o desproporcionado. Aquí la respuesta es la más sencilla de todas y la más demoledora para quienes sostienen esa tesis. Que México tiene la red consular más extensa de cualquier país en EE.UU: sin duda. Eso no es una anomalía. Es una necesidad estructural, derivada de realidades demográficas, geográficas y económicas que no tienen equivalente en ninguna otra relación bilateral del mundo. Ni China, ni el Reino Unido (con quien nos compara el autor) tiene una diáspora de 35 millones de ciudadanos estadounidenses de origen mexicano y ninguna nación tiene 11 millones de nacionales residiendo en EE.UU, cinco millones de ellos en condición migratoria irregular o en procesos de regularización de su situación migratoria. Y ninguno de esos países comparte con EE.UU una frontera terrestre de poco más de 3,00 kilómetros, ni es su principal socio comercial. El tamaño de la red consular mexicana es proporcional al tamaño de la tarea consular que tiene que cumplir. Punto. No hay misterio; no hay conspiración. Hay datos duros y números. Tercer ingrediente: que los consulados mexicanos distribuyen material de propaganda y libros de texto con contenido partidista. Esto tiene un elemento de verdad que no debe ignorarse, pero que tampoco debe generalizarse o extrapolarse. Sí, durante el sexenio anterior, algunos consulados con titulares provenientes de MORENA distribuyeron los lamentables libros de texto reformulados por la administración lopezobradorista. Cuarto ingrediente: sí, algunos de esos cónsules -oportunistas políticos sin formación ni experiencia diplomática o consular alguna- efectivamente se lanzaron a un activismo comunitario inapropiado para la función consular, pero buscando movilizar a los mexicanos en Estados Unidos para -como en una etapa del priismo que ya se había superado en nuestra red consular desde hace un par de décadas- apoyar al régimen de MORENA, defender su narrativa en el exterior y estimular el voto por ese partido en elecciones mexicanas. Ése es un problema real, y lo dije en su momento con toda claridad. Pero -y este “pero” es fundamental- eso no es lo que hacen la mayoría de los 53 consulados mexicanos, ni los magníficos titulares del Servicio Exterior Mexicano con larga experiencia consular o el grueso de su plantilla.
No cabe duda que el chovinismo envuelto en alarmismo sensacionalista en EE.UU puede ser políticamente rentable a corto plazo, particularmente camino a las elecciones legislativas en noviembre. Más aún, en la medida que el presidente enfrenta encuestas de aprobación en caída libre y una base MAGA dividida e irritada por el manejo del Caso Epstein así como las facturas de un nuevo involucramiento militar en el exterior y los costos inflacionarios de sus aranceles y guerra contra Irán y en el Golfo Pérsico. Pero rara vez es rentable a mediano y largo plazo, especialmente cuando se aplica a un vecino con el que se comparte una interdependencia tan densa, tan compleja y tan mutuamente provechosa como la que existe entre México y Estados Unidos. Pero el problema -el real, el que debería preocupar a cualquier analista serio de política y de política exterior en México- es que hemos estado sembrando vientos en temporada de huracanes.
De entrada, la tergiversación de la red consular para fines de proselitismo en México y las desafortunadas designaciones de varios cónsules ajenos a la diplomacia profesional a lo largo de los últimos siete años le pegan por debajo de la línea de flotación a la loable y esencial labor que nuestra red consular hace -por cierto, con escasos recursos humanos y presupuestales- en beneficio del bienestar de millones de connacionales y de nuestra agenda bilateral con EE.UU. Si hay cónsules politizados, sin formación, sin experiencia diplomática y sin respeto por los límites de su función, ese es un problema que México debe resolver -no porque Washington lo exija, sino porque los connacionales en el exterior merecen representación consular competente, profesional y dedicada exclusivamente a proteger sus derechos e intereses.
Pero la revisión al perfil de la labor consular mexicana en esta coyuntura es un síntoma, no una causa, de una tormenta perfecta. Es el síntoma de una relación bilateral que ya no opera como en tiempos normales y que lleva meses acumulando tensiones, producto, por un lado, de un presidente en Washington dispuesto a usar la interdependencia y todos los temas de la agenda como armas de presión y palanqueo, y por el otro, el legado político y de las políticas públicas, decisiones y acciones del lopezobradorismo que impactaron horizontal y verticalmente -y de manera directa- todos los temas de la compleja -y asimétrica- relación bilateral con EE.UU. Y ello ocurre sin que haya un mecanismo de contención efectivo, sin que los canales diplomáticos funcionen con la fluidez que la complejidad de esa relación requiere y sin que ninguna de las dos partes haya encontrado la manera de establecer un piso mínimo de entendimiento que permita gestionar los desacuerdos sin convertirlos en crisis. Representa una combinación de presiones simultáneas que la arquitectura institucional bilateral que existe en este momento -y el proceso de toma decisiones y de visiones en su seno en ambas capitales- está mal equipada para absorber.