Es una meta de todo país que pretenda desarrollar su economía, debe ser alcanzar la seguridad energética. Es decir, darle a su población la garantía de acceder a energía de calidad y a los mejores precios que se puedan, para que ellos, desde sus casas, comercios o industrias, puedan llevar a cabo actividades productivas sin perder la oportunidad de hacerlo.
En México, la seguridad energética formó parte por muchas décadas de documentos, planeaciones y proyectos que se quedaron en el papel. Se hablaba de la seguridad energética como un lugar al que México debería llegar en algún momento y de alguna forma.
A pesar de las múltiples recomendaciones de organismos de todo tipo, los sexenios terminaban sin rebasar los tres días de inventario de combustibles (y en el Valle de México menos de 24 horas), abandonaron el mantenimiento en las refinerías, y no obstante, pudieron diseñar (eso sí pudieron) planes para venderlas en partes.
Además, en vez de desarrollar una industria nacional de gas natural, dejaban al País dependiendo cada vez más de las importaciones (que crecieron más de 270 por ciento entre 2010 y 2020) argumentando que dicho hidrocarburo es el combustible de la transición energética (cierto es), pero olvidando por completo la construcción de infraestructura para el aprovechamiento de gas asociado a la producción de crudo, vaya, desarrollar una industria nacional.
En el sector eléctrico no fue diferente. Pasaban los años sin proyectos consistentes para modernizar las redes de transmisión y distribución de electricidad, pocos y torpes fueron los pasos para transitar a un sistema eléctrico de altura, pese a que el mismo gobierno tenía en su poder la decisión para hacerlo y ejecutarlo.
En fin, decidieron apostarle todo a una reforma que solo obedecía intereses económicos, dejando a un lado el interés social contenido en la propia seguridad energética como responsabilidad del Estado, abriendo la puerta así (y sin darse cuenta) a que este noble concepto se transformara, desde una postura radical, en la perseguida soberanía energética.
Un concepto donde no cabe más que la voz del gobierno como generador, administrador y sustentador de esa seguridad energética tan necesaria en un ambiente económico de recuperación como el que vivimos.
Hoy el camino está claro, la seguridad energética deberá recaer necesariamente en la soberanía, y de esta soberanía depende el futuro energético de México. Es lo que hay, y lo que habrá.
