Un terrible accidente en el Activo Cinco Presidentes, que Pemex opera en tierra, sacó a la luz una serie de irregularidades en el contrato número 641009817 para la ejecución de “Trabajos de Remoción, Limpieza y Operaciones con Herramientas Mecánicas y Copas de Hule en Aparejos de Producción en Pozos Petroleros de PEP”, de la contratista APOYO TÉCNICO OPERATIVO ANIQPAC, S.A. DE C.V. (ATO), cuyo dueño, Samuel Madrigal Soberano tiene antecedentes cuestionables y prácticas que contravienen los lineamientos de la actual administración y de los principios de la #4T.
De acuerdo con una denuncia que se encuentra en la Alta Dirección de la petrolera nacional, cuya copia tiene este espacio, el 20 de agosto pasado a las 10 de la mañana, durante la realización de trabajos por la contratista ATO en el pozo Arroyo Prieto 20, se tuvo un incidente por negligencia de la compañía en donde perdió la vida el trabajador Adán Cano Viveros, mientras que otro más quedó gravemente herido.
Para empezar, el monto de dicho contrato fue ampliado en casi siete veces, al pasar de 197.3 a mil 350 millones de pesos entre septiembre de 2021 y junio de este año, cuando se terminó, demostrando que al interior de Pemex se ejecutan trabajos al amparo de contratos que se encuentran sin vigencia y sin monto, que por simple procedimiento debiera ser candidato a investigación minuciosa.
El documento señala como artífices y promotores que iniciaron este gran negocio a los funcionarios públicos Epitacio Solís Fuentes (ya jubilado) y Juan José Falcón López (rescindido); y del que ahora han tomado la batuta Héctor Osorio Herrera, Gregorio Gil García, Guadalupe Luna Camarillo y Óscar Melo Narcizo, que por cuenta propia decidieron continuar operando el contrato, aun cuando había terminado el 30 de junio de 2022 y cuyo monto ya se había agotado. También decidieron hacer caso omiso de las indicaciones emitidas por la Alta Dirección de Pemex, donde específicamente enlistaban los contratos que tenían continuidad autorizada, y en donde no figuraba el contrato 641009817.
Por si fuera poco, el 30 de junio de 2022 a la fecha, ANIQPAC ha generado una deuda de más de 300 millones de pesos, por trabajos ejecutados fuera de su vigencia, ocasionando un daño patrimonial a la petrolera que resulta inadmisible, y que Osorio y compañía pretenden saldar al momento de finiquitar el contrato.
Hoy, a más de 20 días del suceso y aun cuando el fatal accidente quedó registrado en el ID Recio PEP: 66102 (imagen arriba) los funcionarios Gregorio Gil y Óscar Melo, acusa la denuncia, intentan manipular y entorpecer los procesos para cerrar la investigación y de esta manera evitar que la ANIQPAC sea sancionada, tal y como lo marca el Artículo 10, fracción VI, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, debido a realizar trabajos en instalaciones de Pemex bajo un contrato sin vigencia y cuyo monto se encuentra agotado.
El deber ser es actuar conforme a derecho y que tanto funcionarios públicos involucrados, así como a ANIQPAC, sean sancionados como corresponda. ¿Por qué encubrir a esta contratista, cuando existe antecedentes ejemplares en donde Pemex, bajo esta nueva administración ha sancionado a empresas como Marinsa y Química Apollo por faltas administrativas mucho menores a una fatalidad?