Pemex siempre da de qué hablar. En los últimos dos meses la petrolera ha relucido por temas como la baja de calificación de Fitch, los enredos de la deuda, el incendio en la plataforma Nohoch-Alfa, pero sobre todo, por el tamaño del derrame en la Sonda de Campeche, sobre el cual tuvo que salir el propio Octavio Romero Oropeza en la primera conferencia del sexenio, a aclarar que una pequeña fisura en un gasoducto de Ek Balam causó un derrame de máximo mil 368 barriles durante 18 días, y no lo que estimaron las ONG.
En la misma conferencia, al ser abordado sobre la falta de inversión en mantenimiento como causa del incendio en la plataforma Nohoch-Alfa de principios de julio, Romero Oropeza explicó que era un trabajo programado en el que no se siguieron las reglas de seguridad que marca Pemex y Cotemar, la prestadora de servicios, dando a entender que hubo un error humano.
Para no caer en falta legal ante la investigación en curso por parte de la Fiscalía General de la República, el director de Pemex precisó que no estaba culpando a nadie, que las indagatorias arrojarían resultados, y que la responsabilidad podía caer en Pemex o en la empresa privada. Aunque es inconcebible que Pemex no supervise los trabajos de las empresas que contrata, sobre todo en instalaciones que opera y controla la propia petrolera.
En este contexto, fuentes informaron que en Pemex daban por perdidos, e incluso inexistentes, algunos documentos relacionados con lo sucedido en Nohoch-Alfa, como la orden de trabajo de ese día y peor aún, el permiso de trabajo. Dicha documentación (a la que esta columna tuvo acceso), junto con una cronología de acciones y trabajos realizados antes, durante y posterior a la explosión, fue entregada recientemente al director de Pemex.
Ahí, se informa detalladamente que al ducto de gas al que se iba a dar mantenimiento, que supuestamente estaba vacío de acuerdo al manómetro, e inoperante desde 2015 y, que dicho sea de paso, es de Pemex la obligación de entregarlo vacío, sin residuos de gas o hidrocarburo, desenergizado, etcétera, le llegó hidrocarburo desde Abkatún, mismo de cuyos rastros quedaron en los uniformes de los trabajadores fallecidos de Cotemar. Para más señas, dicho ducto de gas proviene de la plataforma Abkatún -la cual sólo cuenta con personal de Pemex-, tenía la válvula abierta.
Por lo pronto así va la principal empresa productiva del Estado, atendiendo de manera deficiente un supuesto derrame sin desastre ecológico, deslizando culpas con investigaciones en curso y haciendo perdidizos documentos. Se avecina cierre de año negro para la petrolera.
Represión en la ASEA
La empresa Instituto de Asesoría de Finanzas Internacionales, encabezada por Manuel Díaz Mondragón, contrató a Miriam Grunstein para dar un curso de normatividad ambiental en la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Durante la tercera sesión, llegó personal de Ángel Carrizales, director ejecutivo de la ASEA (así se acreditaron), a sacar a sus alumnos de la sesión y a comunicarle a la Dra. Grunstein que la “cesaban” de impartir el curso, argumentando que comentó a los funcionarios de la ASEA que, junto con otros abogados, se amparó en contra del Acuerdo de Confiabilidad del Cenace (aquel polémico de abril de 2020) por interés legítimo en defensa del derecho humano al medio ambiente sano.
Miriam, una de las expertas más respetadas entre la comunidad energética, dio el ejemplo para ilustrar la naturaleza transgeneracional del derecho ambiental pero, evidentemente, lo tomaron como un ataque al gobierno.
Preguntas serias y sin veneno: ¿Se debe tolerar un acto de autoritarismo tan craso? ¿Debe un ciudadano renunciar a su derecho al acceso a la justicia para poder participar en la capacitación de su gobierno?
La Dra. Grunstein no recibió apoyo alguno por parte de la empresa que la contrató después de semejante atropello a sus libertades, como docente y como ciudadana. Tache.