Si bien es cierto que la actividad petrolera ha traído desarrollo económico alrededor de las comunidades indígenas, Pemex tiene una deuda ambiental histórica con ellas.
Uno de los casos más recientes fue la ruptura de un ducto que sale del Pozo Terra, en Tabasco, y que por falta de mantenimiento se afectaron a las comunidades Tuctá, y la ranchería Las Lomas, que tienen unos cuatro mil habitantes.
Este incidente, ulterior derrame, afectó además a los camellones chontales, un sistema de riego que se importó en la década de 1970 de los canales de Xochimilco, en la CDMX, para aprovechar las superficies pantanosas de la región, y que fue ampliamente defendido por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en sus célebres andanzas petroleras.
“Pero ahora, con el derrame se contaminó el agua, murieron los peces, y la tierra quedó infértil y no hay programas que den continuidad para resarcir el daño o restaurar el medio ambiente, flora y fauna”, relata Candelaria Lázaro Lázaro, representante del Gobierno Nacional Indígena de México, que abandera a comunidades de 22 estados en el país.
Pero este caso no es nuevo. Basta echar una mirada hacia atrás para encontrar que en 2013, ese mismo campo, Terra, causó una gran explosión que afectó profundamente a la agricultura del municipio de Nacajuca, pero no fue todo.
“Con el pasar del tiempo aparecieron enfermedades como la leucemia en niños, problemas de la vista entre los pobladores, de la piel, neurosis en niños y adultos. Y esto tiene que ver con la alimentación, ya que todo lo que se consume se produce en esa comunidad, que tiene unos cinco mil habitantes.”, agrega Lázaro.
En ese entonces, Pemex quiso subsanar la tragedia sanitaria y ecológica con un pago de 5 mil pesos por habitante a través de pseudolíderes que solo velaron por sus propios intereses, así como una cuadrilla de doctores que recetaron paracetamol a los dolientes por un par de semanas.
Sin embargo, esperan que esta vez sea diferente, pues “lo que el Gobierno Nacional Indígena de México demanda es que Pemex pague a los peritos externos, que nosotros les propondremos en materia ambiental, así como el censo de la población con enfermedades, y el inventario de tierras contaminadas”, sentencia su representante.
Se busca además que la ayuda llegue directamente a las poblaciones, sin nadie de por medio, como sucedió hace algunos años -recuerda Candelaria Lázaro- con legisladores que toman el tema como botín político, pero al final pactan en lo oscurito.
“Es urgente que las comunidades indígenas vuelvan a manejar esos recursos, y lleguen directo para aplicarlos verdaderamente a lo que se necesita que es combatir las enfermedades y la contaminación ambiental”, remata la fuente.