En este cambio de administración y movimiento en el organigrama al interior de Pemex, no dejan de salir a la luz irregularidades suscitadas en ejecución de contratos auspiciados por funcionarios y exfuncionarios públicos coludidos, y que entretejieron una red de corrupción enriquecedora. En seguimiento al caso particular de OPP Servicios Petroleros, a la que le adjudicaron contratos por más de 3 mil 600 millones de pesos, y por lo que le revelé, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (carpeta de investigación número CI-FIDDS/E/UI-3 C/D/01137/09-2024), así como también su dueño, Oscar Javier Santos Álvarez.
Entre los contratos que fueron adjudicados a esta contratista tenemos el contrato 641003816, que fue adjudicado en septiembre del 2023, por 536 millones de pesos y vigencia hasta el 2026, que es un contrato cuyo objeto es el taponamiento y abandono de pozos petroleros. La primera irregularidad aquí es que OPP Servicios Petroleros no contaba con experiencia previa en este tipo de servicios y aun así resultó adjudicada, le sumamos que no tiene equipos, ni maquinaria ni personal para la ejecución de este contrato, y esto ha quedado evidenciado al ocupar un subcontratista para la ejecución del contrato, la empresa REPSTIM, S.A. de C.V., de la cual es dueño Francisco Cazares Robles, exsubgerente de Servicios a Pozos de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Ya le contaba anteriormente que a OPP Servicios Petroleros le adjudicaron el contrato 641009826 el 18 de septiembre de 2019, con un valor de 113 millones de pesos, con vigencia hasta mayo del 2021, pero que con la ayuda de funcionarios públicos ampliaron hasta 3 mil 245 millones de pesos y les extendieron su vigencia hasta diciembre de este 2024. Es como si les hubieran adjudicado 10 contratos a través de convenios y de manera directa (sin licitar), si consideramos el valor inicial del contrato. Han sido en total seis convenios modificatorios al contrato; en el último, formalizado en febrero de este año, le dieron la escandalosa cifra de mil 38 millones de pesos, el cual ya agotaron. Este robo a la nación fue con la ayuda del Residente del Contrato, el funcionario público Antonio Otero Yáñez (encargado de sin equipo GMIP APBJ), que generó órdenes de trabajo por más de mil millones de pesos en este corto tiempo, también involucrados los encargados de las áreas operativas, Alfredo Rayón Casiano (coordinador GMIP APBJ) y Oscar Melo Narcizo (encargado de sin equipo GMIP APCP), todos ellos ‘apadrinados’ por Gustavo Hernández García, exdirector de PEP durante la gestión del procesado por corrupción, Emilio Lozoya Austin.
Pero, ¿cómo fueron capaces de gastarse mil 500 millones de pesos tan sólo de enero a octubre de este año? ¿Se gastaron 10 veces el monto original del contrato en ocho meses? Todo cobra sentido cuando a raíz de las investigaciones que están sido llevadas a cabo por la FGR, se descubre que en el físico financiero de la ejecución del contrato 641009826, se nota que 800 millones de pesos fueron consumidos de manera abrupta en pocos meses a través de servicios que no son parte del objeto original del contrato, sino que fueron utilizados para otro tipo de servicios como tanques, campers, luminarias, medición de pozos y bombeo de aceite caliente.
La investigación que está siendo llevado a cabo ha dado como resultado conocer que en la ejecución existen diversas irregularidades tales como la ‘ejecución acelerada’ del contrato, simulación de operaciones, aumento de volumetrías de los trabajos, además de favorecer a esta contratista en la carga de obra y servicios sobre otras contratistas. También, y por si fuera poco, se hicieron de la vista gorda para que un contrato que específicamente establecía que era para ejecutarse en pozos petroleros, fuera utilizado en instalaciones de Pemex tales como baterías de separación y recolección. Extremadamente grave este último punto, pues están falseando documentación y no sólo eso, sino que están desviando los recursos financieros de Pemex a otras áreas que no cubre el contrato.
Y cuidado… nos cuentan que al parecer tanto Otero Yáñez como Rayón Casiano y Melo Narcizo no le temen a las investigaciones de las cuales están siendo sujetos, porque ya se encuentran documentando un convenio más a este contrato, donde pretenden ampliar la vigencia al mismo, y también incrementarle varios millones más al monto del contrato, del cual le daremos detalles en otra entrega. Mientras, el caso ya rebosa en el escritorio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.