El mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por un férreo combate a la corrupción en todos los ámbitos, y Pemex no fue la excepción, buscando convertirla en una empresa competitiva, confiable y honesta, y medianamente lo logró. Una política que se pretende continuar en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues en el Plan para Pemex 2024 a 2030 se detalla como el Segundo Eje Estratégico: “Prevenir y sancionar hechos de corrupción”.
Sin embargo, aún con las políticas y lineamientos anticorrupción para la petrolera nacional, se ha gestado una red al interior de Pemex que se viene arrastrando de administraciones anteriores, de la que sobresale un exfuncionario crecido en el peñismo, nos referimos a Gustavo Hernández García, quien fungió como director de Pemex Exploración y Producción (PEP) durante el periodo de febrero 2014 a mayo 2015, cuando Emilio Lozoya estaba al frente de Pemex.
En ese corto tiempo al frente de PEP, logró asignaciones de contratos multimillonarios favoreciendo a empresas polémicas tales como Sea Dragon de México, Cesigsa, Proveedora de Fluidos Mexicanos y Petroquímicos Industriales del Norte.
Al terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, Hernández García se mantuvo oculto por seis años, esperando un recoveco y la oportunidad de regresar a escena, misma que surgió mientras se llevaba a cabo la transición en la que salió Octavio Romero Oropeza y entró Víctor Rodríguez Padilla como director general de Pemex.
A partir de ese momento, ha comenzado a operar como ‘asesor externo’ y ya está inmiscuido con actividades irregulares favoreciendo a contratistas tales como Proveedora de Fluidos Mexicanos y Petroquímicos Industriales del Norte, y aún más grave, OPP Servicios Petroleros. Las primeras dos han sido altamente favorecidas con contratos por más de siete mil millones de pesos: 641006800, 641003821 y 646204616; y están a punto de un contrato millonario, de la licitación PEP-CAT-S-GCSEYP-100-102181-24-1.
Por su parte, OPP Servicios Petroleros tiene contratos por más de 3 mil millones de pesos, 641009826 y 641003816; y está en negociaciones para incrementar monto a sus contratos, de la mano de Gustavo Hernández García. Todo esto está siendo investigado por la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, además de por la Fiscalía General de la República (carpeta de investigación número CI-FIDDS/E/UI-3 C/D/01137/09-2024).
Recordemos que hay más funcionarios públicos involucrados en esta red de corrupción que también son investigados: Alfredo Rayón Casiano (coordinador GMIP APBJ), Antonio Otero Yáñez (encargado de sin equipo GMIP APBJ) y Oscar Melo Narcizo (encargado de sin equipo GMIP APCP), pues se cuenta con información de que alteraron estimaciones de servicios, aumentando y simulando volumetría de ejecución de obra provocando una ejecución acelerada de los montos del contrato.
¿Qué hará el gobierno de la presidenta Sheinbaum, cuando el discurso ha sido volver a la petrolera más eficiente y desterrar de ella este tipo de casos?