En 2024 habrá elecciones presidenciales tanto en México como en Estados Unidos. En estos periodos de transición y de elecciones siempre hay el riesgo de que los gobiernos tomen decisiones de política económica que, en el corto plazo, propicien mayor crecimiento económico, pero que en el mediano y largo plazos deriven en elevados costos. Los mismos tendrán que ser enfrentados por los gobiernos entrantes, por medio de medidas de restricción monetaria y fiscal, con sus consecuentes y dolorosos ajustes, pero que no siempre eviten fuertes crisis financieras y económicas, con quiebra de empresas y desempleo generalizado.
En México fueron frecuentes las crisis sexenales caracterizadas por recesión, devaluaciones cambiarias y elevadas tasas de interés y de inflación. Estas eran resultado de que la prioridad el gobierno saliente era que los candidatos de su partido ganaran sus elecciones, por lo que se seguían políticas económicas muy expansivas.
Para evitar lo anterior, en distintos países se han tomado distintas medidas y estrategias para evitar que los gobiernos sigan estas políticas expansivas. Entre las mismas están que los congresos sean los que aprueben el endeudamiento del gobierno y que los integrantes del Poder Legislativo sean sustituidos de manera escalonada, para que una parte importante de los mismos estén conscientes de los riesgos que tendrán que enfrentar en el futuro; que los titulares de los bancos centrales sean autónomos y que los mismos sean dirigidos no por un individuo sino por grupos o comités colegiados; que existan organismos autónomos que limiten las decisiones del Ejecutivo y otras más. Un mecanismo muy importante es que las constituciones de los países ponen límites muy claros a la emisión de deuda pública.
Por ejemplo, el gobierno federal en Estados Unidos requiere la autorización del Congreso para su endeudamiento y en el caso de no obtenerlo se le obliga a reducir parte de los servicios que proporciona a la sociedad. Como hasta la fecha no se ha logrado un acuerdo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, es probable que distintas áreas administrativas dejen de operar en los próximos días en aquel país.
En el caso de México se tiene un Banco Central y el gobierno tiene prohibido por la Constitución ejercer un endeudamiento mayor que su monto de inversión y así evitar que se utilice para ejercer gasto corriente. El hecho de que no se respetara la restricción constitucional a la deuda sería una señal muy relevante para los inversionistas de que el Poder Ejecutivo no acata las disposiciones explícitas de la Constitución, esto es que no hay un fuerte Estado de derecho. Por lo mismo, las inversiones tienen un mayor riesgo, lo que se reflejará en mayores tasas de retorno para que se puedan realizar, es decir habrá un menor monto de inversión en el futuro.
La actual estabilidad cambiaria, así como la relativa baja inflación que ha predominado en el sexenio, a pesar del difícil entorno internacional, la guerra en Europa oriental y la situación de inseguridad en el país, es resultado del cuidado en mantener un bajo déficit fiscal. Es por lo mismo que preocupa que en el Presupuesto 2024 presentado al Congreso para su aprobación sea expansivo y por encima de lo que la misma Constitución permite.
Los distintos gobiernos en el mundo siempre tienen argumentos para justificar una mayor expansión del gasto. Sin embargo, un elevado déficit fiscal provoca que en otros sectores de la economía también se tengan desequilibrios que pueden resultar en crisis económicas.
El autor es economista.