Cada vez se escucha más que la calificación crediticia de México está en riesgo, pero no todos entienden de manera clara que es esto y cuáles son las implicaciones. Algunos piensan que es la calificación que da un banco o institución financiera, otros piensan que se refiere a la que proporciona algún gobierno. Otros opinan que no importa porque nuestro país es soberano.
La calificación de deuda que impacta más en la economía nacional es la que otorgan alguna de las tres grandes empresas calificadoras globales a la deuda del gobierno, que son Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, siendo las dos primeras las más reconocidas. En los diferentes países existen una gran cantidad de empresas calificadoras locales, como por ejemplo en India hay más de un centenar. Hay otras especializadas por sector económico o que califican áreas específicas de los países o de las empresas, pero son las tres anteriores las que impactan en los grandes flujos de capitales globales.
La calificación soberana de estas empresas se refiere a la capacidad y disposición de que los gobiernos cumplan con las obligaciones de su deuda. No califican la popularidad de los gobernantes, tampoco la manera en que se utiliza la deuda y “no es un concurso de belleza”; se refiere solo a la probabilidad de que cumpla con el pago de su deuda. Para otorgar esta calificación se consideran una gran cantidad de factores, como son el crecimiento de la economía, la estructura de la deuda y sus vencimientos, las finanzas públicas y las reservas internacionales, los montos de exportaciones e importaciones y la tasa de inflación, la estabilidad interna, el sistema político y legal, etcétera. Pero todo lo anterior en función a la capacidad y disposición del pago de la deuda.
Las calificaciones que otorgan estas empresas se dividen en alrededor de 20 niveles, con sus subniveles, divididos en dos grandes grupos. A los superiores se les denomina ‘grado de inversión’ y a los inferiores se les llama ‘grado de riesgo’, conocidos como ‘chatarra’. La importancia de estos niveles es que los grandes fondos de deuda e inversión solo adquieren instrumentos o papel incluido en el grado de inversión, ya sea por obligación legal o por regulación interna. Cuando un emisor deja de tener una calificación de grado de inversión y es rebajado al nivel de riesgo, los fondos tienen la obligación de vender estos documentos.
El efecto de lo anterior es un incremento sustancial de la tasa de interés (es decir, una reducción en el valor del papel, ya sean bonos u obligaciones de otro tipo) para poder vender estos instrumentos. Esto significa también que el gobierno y las empresas tendrán que pagar una mayor tasa de interés por su deuda, lo que reduce los montos de inversión y por consiguiente, el crecimiento del país.
Cuando un emisor tiene una calificación alta en el grado de inversión, la disminución de un nivel tiene un impacto reducido; pero cuando la calificación está en el límite para bajar a nivel de ‘riesgo’, como es el caso de México, el impacto puede ser muy drástico. Las dos grandes calificadoras tienen a nuestro país dos niveles arriba del límite, pero Fitch ya tiene la calificación en el límite y una reducción la pondría en grado de riesgo.
En el caso de que se rebaje la calificación crediticia de México por estas empresas a nivel de riesgo, tendría un impacto grave en la situación económica del país durante los próximos años. Las tasas de interés internas serían más elevadas, se reducirían los proyectos de largo plazo, como carreteras, presas, hipotecas, etcétera. Los consumidores pagarían una mayor tasa en sus tarjetas de crédito y el crecimiento económico sería menor. El principal perjudicado sería el gobierno federal por el monto de su deuda. Para recuperar el grado de inversión pasarían varios años de esfuerzo fiscal. Preocupa que los mercados ya están ‘descontando’, es decir, anticipando este riesgo, lo que explica el tipo de cambio y la presión en el mercado de deuda.