No solamente se gobierna desde la presidencia. Las decisiones que toman los presidentes durante su periodo pueden tener consecuencias políticas y legales mucho más allá del tiempo oficial de su mandato. Donald Trump gobernó un solo periodo de cuatro años, pero sus decisiones seguirán derramando consecuencias importantes en la vida diaria de los estadounidenses por unos veinte años o más.
Desde las elecciones de 1988 en las que los republicanos ganaron la presidencia con George H. Bush, sólo han ganado el voto popular en Estados Unidos una sola vez, en 2004, en la reelección de su hijo, George W. Bush. En todas las demás elecciones, incluyendo en la que resultó ganador Donald Trump en 2016, los demócratas han ganado el voto popular. A pesar del dominio electoral demócrata casi total en los últimos 33 años, la Corte Suprema de Estados Unidos está hoy integrada por seis magistrados conservadores nominados por los republicanos, de los nueve en total que la conforman. Tres de esos magistrados fueron promovidos por los Bush padre e hijo, y tres por Trump. Contar con una mayoría conservadora en la Corte les ha permitido tomar decisiones como la revocación de la decisión llamada Roe vs. Wade, que legalizó a nivel federal el derecho a la interrupción del embarazo. Y por lo que se sabe, los magistrados conservadores seguirán imponiendo su mayoría para revocar decisiones anteriores de la Corte en materia de derechos y libertades civiles, como el matrimonio igualitario y otros temas que parecían ya batallas ganadas.
Esta contradictoria situación es producto de las características particulares del extraño sistema electoral estadounidense, que permite que presidentes asuman el cargo sin contar con la mayoría del voto popular, pero también responde a una estrategia bien planteada y ejecutada por los conservadores en ese país, estrategia que alcanzó un punto culminante con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Trump no solamente impulsó con todo su capital político y frente a grandes obstáculos el nombramiento de tres magistrados a la Corte Suprema, también ha inundado de jueces conservadores otros niveles del Poder Judicial.
Los números son asombrosos: Durante su mandato, Trump logró el nombramiento de tres magistrados de la Corte Suprema, 54 jueces de las cortes de apelación, 174 jueces en cortes de distrito, tres jueces en la corte de comercio internacional y 12 jueces de las cortes de circuito de apelaciones. También propuso a 10 jueces de causas federales, siete para la corte de impuestos, seis para la corte de apelaciones de asuntos de veteranos de guerra, dos para la corte de apelaciones de las Fuerzas Armadas, uno para la corte de revisión de comisiones militares y uno en las cortes territoriales. Pero eso no es todo. Si bien Trump nominó más o menos el mismo número de jueces a la corte de apelaciones (54) que Obama (55), en promedio los jueces nominados por Trump tienen cinco años menos de edad. Eso significa que tendrán más tiempo para tomar decisiones desde una perspectiva conservadora o, dicho de otra forma, decidirán miles de asuntos bajo criterios conservadores, por encima del número de decisiones que tomarán los jueces de mayor edad propuestos por los demócratas, que naturalmente se retirarán o morirán antes. Mientras los demócratas se han preocupado por nombrar a jueces con base en criterios de equidad de género y de impulsar la participación de minorías, los republicanos han colocado en posiciones clave a jueces jóvenes, que tendrán tiempo de sobra para construir e impulsar más criterios jurisprudenciales y de hacer redes, coaliciones y alianzas con otros jueces, abogados y funcionarios del sistema judicial, con lo cual podrán ampliar su poder e influencia. Mientras el presidente Biden navega dentro de un entorno económico e internacional complejo y su popularidad sigue bajando, Trump y los republicanos continúan gobernando -a pesar de estar fuera de la presidencia y de no haber ganado el voto popular- a través de sus jueces, quienes toman cada día decisiones fundamentales que cambian materialmente la vida de los ciudadanos de ese país.