“He sido testigo de las arduas batallas que ha librado el INAI, que sabe cumplir su misión, que es una gran misión política y ética en el seno de una sociedad crítica, a veces dividida.”
Dr. Sergio García Ramírez.
Seminario Internacional de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto, INAI, 2020
A la memoria del Dr. Sergio García Ramírez. Hombre íntegro, generoso y congruente. Amigo entrañable y admirado desde hace muchos años. Lo recordaremos siempre.
La democracia atraviesa un momento histórico. En una coyuntura que reconfigurará la vida política de nuestro país, junto a una narrativa que cuestiona el trabajo y la eficacia de los organismos autónomos, es importante resaltar su valor y contribuciones para la vida social y democrática.
Estos organismos no son una dádiva, sino el producto de la democratización de nuestro sistema y la especialización de las labores públicas. Por un lado, su creación ha generado la actualización del presidencialismo e impulsado un cambio en la relación entre autoridades y sociedad. Por otro, su existencia ha permitido que el Estado brinde respuestas a las demandas sociales para garantizar el ejercicio pleno de derechos fundamentales de manera imparcial e independiente.
Su reconocimiento ha sido importante para el desarrollo del Estado y el ejercicio del poder público. En perspectiva jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación remarca la singularidad de los órganos autónomos, pues no están sujetos a los depositarios tradicionales. Su fin, de acuerdo con el Alto Tribunal, es obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender demandas sociales.
Su fuente de legitimidad, nuestra Carta Magna, reconoce su existencia, estructura y funciones; lo que los convierte, por naturaleza, en medios de defensa ante abusos y arbitrariedades de instituciones públicas.
Sus funciones, si bien, en ocasiones, pueden resultar incómodas al poder, contribuyen a la rendición de cuentas y al correcto funcionamiento de los sistemas políticos, coadyuvando al orden social. Lo que reafirma su misión principal que radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, teniendo cuatro criterios que los definen:
1) Estar establecidos y configurados directamente en la Constitución.
2) Mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación.
3) Contar con autonomía e independencia funcional y financiera, y
4) Atender eficazmente funciones coyunturales del Estado en beneficio de la sociedad.
Sus aportes a la vida democrática, entre otras, radican en la promoción de la participación ciudadana, que se materializa desde su integración, en los procesos de designación de quienes desempeñan estos encargos y en las posibles funciones de colaboración entre distintos agentes de interés, tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Una parte esencial en la definición de su actuación y pertinencia, pues mayor incidencia ciudadana puede traducirse en un mejor desempeño de las tareas que a cada organismo le corresponden, particularmente, por el conocimiento especializado que demandan.
En un sistema de pesos y contrapesos, el equilibrio, control y vigilancia de los poderes públicos se convierten en elementos sustanciales, lo que detona una mejor arquitectura constitucional y optimiza el funcionamiento del régimen de gobierno al promover la construcción de una gobernabilidad más eficiente y abierta. En lograr ese objetivo es innegable su impacto positivo.
Por todo lo anterior, estoy convencida de que la democracia se fortalece con organismos autónomos, independientes y técnicos, por lo que, como sociedad, es importante que defendamos su existencia, para que, como lo señaló el Dr. García Ramírez: “los organismos autónomos mantengan esa prestancia al servicio de la democracia y de la sociedad democrática, y, con ello, preservar los derechos fundamentales de los mexicanos”.