A principios del siglo pasado, dibujó el mundo que imaginó estaríamos viviendo. Destaca la escena de un ‘cine-fono-telégrafo’, muy parecido a las videoconferencias que durante la pandemia de covid-19 ayudaron a diversas organizaciones a continuar con sus labores.
Es precisamente en el campo de la creatividad donde se han impulsado ideas que a la postre derivaron en avances tecnológicos que se pensaban exclusivamente humanos. Sin embargo, en la cuarta revolución industrial se ha generado un desarrollo que rivalizará con nosotros en ese ámbito: la inteligencia artificial (IA), definida como el software programado para realizar operaciones comparables a las que realiza la mente humana.
Esta nueva herramienta tecnológica nos ofrece posibilidades infinitas para resolver diversas problemáticas, pero, a la par, es necesario considerar sus riesgos, ya que su utilización sin fines éticos o sin restricciones podría causar daños a las personas en su reputación, buen nombre y honor; promover actos de discriminación; y afectar nuestros regímenes democráticos.
Por ello, esta tecnología ya se comienza a regular, justamente por los alcances que puede tener. Por ejemplo, uno de los primeros esfuerzos normativos para permitir su desarrollo y prevenir los riesgos de su uso.
Desde luego, México no ha sido ajeno a esta ola regulatoria. El pasado 2 de abril, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa en la que, entre otros puntos relevantes, se plantea la clasificación del riesgo de los sistemas de inteligencia artificial (SIA) en inaceptable, alto y bajo, esto en función al daño que podrían provocar; y, para lo cual, su vigilancia deberá ser efectuada por seres humanos.
Además, se proponen acuerdos sobre el aprovechamiento de material protegido en términos de la legislación en materia de propiedad intelectual para el entrenamiento de la IA. Esto es fundamental, ya que los modelos de estos algoritmos requieren información que sirva para lograr su aprendizaje y mejora.
Del mismo modo, se establece al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como la autoridad rectora en la materia y crea la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, como consejo consultivo del IFT, conformado por cinco científicos de renombre, con atribuciones para auxiliar en la regulación secundaria.
Asimismo, la iniciativa plantea temas inherentes a la protección de datos personales, tales como los relacionados con la prohibición del tratamiento de datos biométricos para la identificación en espacios de acceso público y la perfilación de individuos. En materia de seguridad, se prevé la existencia de documentación vinculada con aquella que ya está prevista como obligación de los responsables para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información personal.
Sin duda, por los diversos temas que implica la regulación de la IA, sería conveniente un ejercicio de Parlamento abierto con la participación, entre otros, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y del Instituto Nacional del Derecho de Autor, para abordar las aristas de propiedad intelectual; de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República, para los temas relacionados con procuración de justicia; de la Cofece para el campo de la competencia económica; y, por supuesto, del INAI para los puntos de contacto con la protección de datos personales.
Estamos en un momento histórico, pues la inteligencia artificial es uno de los avances tecnológicos más importantes de los últimos años y México no puede permanecer ajeno a los esfuerzos regulatorios. Para lograr un régimen legal que permita el desarrollo de la IA en el marco del respeto a la dignidad humana, es necesario escuchar a todos los actores y sectores involucrados a fin de impulsar una normatividad que ponga a nuestro país a la vanguardia.