Necesitamos una verdadera coordinación mundial y compartir conocimientos para construir un ecosistema de IA responsable que beneficie a todos.
Gabriela Ramos - UNESCO
Los debates que sostienen la sociedad civil, especialistas, gobiernos y desarrolladores de tecnología para la regulación de la inteligencia artificial parten de un punto común: la pregunta no trata acerca de si los gobiernos deben regular o no los desarrollos en materia de IA, sino en cómo hacerlo.
En la primera norma mundial sobre la ética de la IA, la UNESCO propuso una serie de conceptos base para los instrumentos normativos, a través de principios y valores que buscan promover la confianza en los sistemas y en todas las etapas de su ciclo de vida. A tres años de la publicación de este marco mundial, se han consolidado esfuerzos legislativos históricos que retoman las normas propuestas: la Ley de Inteligencia Artificial para los 27 países que comprenden la Unión Europea (UE), aprobada en marzo de 2024; y recientemente el Convenio sobre inteligencia artificial y derechos humanos, democracia y Estado de derecho de mayo del presente año.
En el caso de la Ley de IA europea, uno de los elementos que consideramos oportuno resaltar es el de la transparencia. Esta normativa establece una serie de obligaciones de transparencia para los responsables, proveedores y desarrolladores, a fin de que difundan con claridad y oportunidad, un resumen de los datos protegidos por derechos de autor. Es decir, proporcionar la información que asegure que las plataformas y tecnologías de IA son utilizadas sin recurrir a prácticas como el plagio, el fraude o la difusión de información errónea, poco neutral o sintética. En ese sentido, se establecen medidas para que se incluyan etiquetas que informen si los contenidos o resultados han sido generados por esa tecnología, con lo que se brinda certidumbre sobre su funcionamiento y alcances.
Por otro lado, el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de derecho adoptado el 17 de mayo de 2024, representa el primer tratado internacional jurídicamente vinculante para garantizar el respeto de los derechos humanos y de las normas jurídicas democráticas en este tipo de sistemas. Este tratado está abierto a países no europeos, y podrá ser adoptado por Estados de distintos continentes que compartan los valores y principios establecidos en este instrumento. México, a la par de Argentina, Australia, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Japón, Perú, la Ciudad del Vaticano y Uruguay se unieron a los 46 Estados miembros del Consejo de Europa en la conformación de este tratado.
Es oportuno indicar que el Convenio sobre IA y derechos humanos considera el uso de los sistemas de IA tanto en el sector público como el privado, al incorporar vías de cumplimiento que observan las diferencias de los sistemas jurídicos de los países partes. En relación con la transparencia como un principio para la información y la supervisión, este tratado establece requisitos de transparencia que obligan a las partes a adoptar medidas para la identificación de los contenidos generados por los sistemas de inteligencia artificial. Asimismo, se establecen medidas para asegurar la rendición de cuentas y la responsabilidad ante los impactos negativos de los sistemas de inteligencia artificial.
En el panorama nacional, este tratado internacional alienta los esfuerzos que se realizan desde el Senado, los organismos internacionales y autónomos, la sociedad civil organizada, el sector privado y las partes interesadas, a través de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que no sólo significa un referente para el análisis jurídico, sino también la oportunidad de conformar esquemas de colaboración y coordinación con otros países y regiones del mundo. Esta es una gran oportunidad para consolidar el liderazgo y la voluntad mexicana para ser partícipe de esta gran iniciativa global.