Gracias a la garantía plena y efectiva de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, muchas personas han mejorado sus condiciones de vida. Por ejemplo, al acceder a su expediente clínico para obtener un segundo diagnóstico; u obteniendo el número de sus semanas cotizadas y fondos de ahorro para gozar de una pensión o jubilación justa y digna; logrando corregir su información en certificados de vacunación, identificaciones oficiales, entre otros documentos; o evitando llamadas de empresas que ofrecen servicios o promociones, mediante la cancelación de su información personal.
Vidas como las de Luisa, una mujer que logró que sus documentos oficiales fueran acordes a su identidad de género; o la de Carmen, quien pudo conocer el número y nombre de la cuenta bancaria en la cual fue depositado el importe de su pensión por orfandad derivada del fallecimiento de su madre; o la de Ricardo, que accedió a las razones por las que no podía participar en un proyecto de digitalización y restauración de acervos fílmicos; o la de Luis, quien obtuvo una copia certificada de su cartilla militar, se han visto beneficiadas con el ejercicio de la protección de datos personales.
Pero estas historias también se replican con el ejercicio del derecho de acceso a la información; su utilidad y aprovechamiento mejora la vida de las personas. Tal es el caso de Kenia, quien logró el reconocimiento de la paternidad para su hija, la patria potestad y una pensión alimenticia; o de Francisco, quien mediante la garantía de ese derecho, obtuvo información para demostrar que la enfermedad de su hijo no tenía el origen que se afirmaba, y, así, obtuvo el reembolso de los gastos erogados por parte de la aseguradora; o de Guadalupe, quien obtuvo copias certificadas del acuerdo en el que se asentaba que sus hijos estaban en un centro de asistencia temporal, las que le permitieron realizar los trámites necesarios para que los abuelos maternos obtuvieran la custodia, consiguiendo convivir nuevamente con ellos.
Además, estos impactos tangibles y positivos del derecho a saber también se manifiestan en colectivo, ya que su ejercicio no sólo promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, sino que también ha permitido mejorar las condiciones de vida en diversas comunidades. Por ejemplo, en regiones de Campeche y el Estado de México, donde se obtuvo acceso a agua potable y alumbrado público, respectivamente; en Tlaxcala, donde un grupo de mujeres recibieron una mochila aspersora manual para hacer que sus actividades en el campo sean más prácticas; en Veracruz, donde estudiantes recibieron las clases de inglés que les correspondían; o en Hidalgo, donde padres y madres de familia mejoraron la imagen de las instalaciones de una escuela primaria.
Por ello, el INAI y los organismos de transparencia de las entidades federativas, como garantes de estos derechos humanos, juegan un papel fundamental en la vida social y democrática. Las críticas y señalamientos son parte del proceso de mejora continua para asegurar que cumplan con su misión de manera óptima, por lo que estamos abiertos y dispuestos a atender todas las voces para optimizar nuestro trabajo. Somos parte del Estado mexicano y, como ha sido desde nuestro origen, la sociedad es la razón y el motivo de nuestras actuaciones. Sin temor a equivocarme, estoy convencida de que estos derechos cambian vidas.