Hace unos días dejó la presidencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) la maestra Alejandra Palacios. El hueco institucional va más allá del lugar que deja una comisionada y existe una enorme oportunidad para mejorar el funcionamiento de las instituciones que se debe aprovechar lo antes posible.
El trabajo de la comisionada Palacios ha marcado de manera muy importante la política de competencia en nuestro país, aunque continúan grandes retos. La nueva presidenta por suplencia, Brenda Hernández, es una experimentada abogada que ha dedicado su vida profesional a los reguladores de competencia, por lo que se espera la continuidad en el análisis técnico, aunque su función podría beneficiarse de un mandato más claro si fuera designada por el Senado.
Por ello, entre todos los retos, el más importante me parece que es el institucional. Este desafío atañe no solo a la Cofece, sino a varios órganos reguladores muy importantes y es una enorme oportunidad para que el Estado mexicano pueda reforzar el funcionamiento eficiente de la economía, su crecimiento y el desarrollo del país. El Senado, el Ejecutivo, la Secretaría de Economía y otros, podrían dejar una huella importante en beneficio de los consumidores si pudieran empujar los nombramientos de comisionados y de presidentes de los órganos reguladores de la economía del país, en especial de aquellos que limitan los privilegios y abusos de las empresas.
Como se ha reportado en este mismo diario, se han acumulado las vacantes de comisionados en los órganos reguladores que ahora se hacen más evidentes por la salida anticipada de Palacios como comisionada de la Cofece (que no como presidenta, porque ese espacio debía dejarlo en este mes por mandato constitucional) quedará con cuatro comisionados de siete y con una presidenta suplente. Existen dos vacantes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, aunque en febrero del próximo año podría salir el comisionado y actual presidente interino y existe una vacante en la Comisión Reguladora de Energía, entre otros.
Esta falta de miembros en el máximo órgano de gobierno de las instituciones tiene efectos muy relevantes en la toma de decisiones y en la operación de los reguladores. La afectación que genera esta situación tiene consecuencias graves, que se traducen en impactos reales a la economía mexicana. Por mencionar algunos ejemplos, en el caso del IFT y la Cofece, la Ley de Competencia requiere el voto mínimo de cinco comisionados para ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y libre concurrencia; para determinar la existencia y regular el acceso a insumos esenciales, así como ordenar la desincorporación de activos, entre otros. Actualmente la Cofece investiga por este procedimiento el mercado de combustibles para aeronaves, también debe resolver y, en su caso remediar, sobre las barreras a la competencia en el mercado de pagos con tarjetas. El retraso en la correcta integración del Pleno de la Cofece implica también el retraso de acciones para incentivar mercados altamente relevantes para la economía mexicana.
De la misma forma, esta falta de nombramientos pudiera complicar la resolución de casos importantes cuando existiera algún conflicto de interés de algún comisionado en un asunto específico.
Desagraciadamente, 2021 y 2022 son años particularmente importantes para la formación de la política de competencia en los mercados supervisados por la Cofece, considerando también que 2021 es el último año de vigencia del Plan Estratégico de este órgano autónomo, por lo que también se podría afectar el rumbo estratégico de la comisión y el actuar de este órgano en el mediano y largo plazos.
Es importante que se tomen decisiones en este sentido ya que la Cofece incide en diversas formas para hacer eficiente la economía y a falta de decisiones de este órgano es posible que proyectos de inversión, límites a las grandes empresas que pudieran abusar del mercado, o sanciones a las empresas que se coluden en detrimento de los consumidores y del erario, no puedan resolverse.
Los presidentes por suplencia enfrentan muchos retos que no les ayudan en la toma de decisiones, pueden generar divisiones internas y son sujetos de la amenaza del nombramiento de otro presidente en cualquier momento. Por más capacidad técnica y autonomía que tenga el presidente interino, la falta de un mandato claro en la presidencia les resta fortaleza y capacidad de decisión.
Un elemento adicional es que, ante la ausencia de liderazgos claros y quorum de cinco comisionados, el poder de la institución tiende necesariamente a recaer en la autoridad investigadora, que al tener un nombramiento de cuatro años y no poder ser removido por falta de votos (también para esto se requieren cinco), podría prestarse a un inusual empoderamiento sin contrapesos. Los titulares de la autoridad investigadora, tanto de la Cofece como del IFT, son gente de probada capacidad y honradez, pero la falta de equilibrios institucionales no beneficia a ninguna institución.
En el arreglo institucional, estos espacios que se han abierto son una oportunidad para incidir en beneficio de los consumidores, apoyar el crecimiento económico y mejorar el nivel de ingreso de quienes menos tienen y que son quienes más sufren por la concentración del mercado. La falta de operación del sistema de competencia obstaculizaría el buen funcionamiento de la economía y permitiría que las grandes empresas puedan abusar de su poder.