Hace unos días comentaba en este espacio sobre las denuncias contra Google y Apple por prácticas monopólicas en el llamado mercado de pagos de aplicaciones móviles. En ese contexto, desde hace unos meses se anticipaba un nuevo conflicto entre la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por este asunto, lo que ya resulta inminente.
Hoy sabemos que ambos órganos constitucionales abrieron investigaciones en estos mercados y básicamente sobre los mismos temas. De información pública se desprende claramente que Cofece abrió la investigación de oficio. Es decir, no fue como resultado de la denuncia de Mony de Swaan, sino por iniciativa propia tras haber desechado la denuncia presentada semanas antes. No queda claro que fue lo que llevó a Cofece a tomar esta decisión, pero de los dichos del mismo denunciante parecería que los requisitos que pedía esa autoridad para abrir eran muy gravosos y difíciles de conseguir. Esto no es novedad, realmente Cofece ha establecido un altísimo estándar para la apertura de investigaciones por denuncia desde unos años para acá. Esta actitud frente a la denuncia tiene ventajas y desventajas para los mercados. Se pueden evitar denuncias sin suficientes fundamentos o con afectaciones poco creíbles lo que es benéfico para el mercado, pero también se pueden estar dejando de atender problemas graves que requerirían la intervención del regulador porque la autoridad requiere demasiados elementos para darle entrada al asunto e investigar.
Por el otro lado, parece que el IFT sí dio lugar a la denuncia recibida y empezó la investigación con dichos elementos. Esto pone en una situación compleja a ambos órganos constitucionalmente autónomos. Por un lado, uno dice que con eso puede iniciar una investigación y el otro dice que esa misma información no es suficiente, aunque le parece relevante el tema e inicia motu proprio. Entonces, ¿quién tiene razón? El otro tema es si esto tendrá impacto en el inminente conflicto competencial. ¿El que una autoridad no admita una denuncia de un particular tendrá implicaciones en determinar si es competente o no en ese asunto? No sabemos si el Poder Judicial va a analizar la viabilidad de las denuncias originalmente planteadas para resolver esto. En realidad, no debería ser motivo de análisis del conflicto competencial. Pero eso nos lleva a un asunto más importante en el fondo de todo esto, ¿no debería el Poder Judicial velar por el interés público y asegurarse que, en caso de darle competencia a alguna de las agencias, ese órgano tiene que investigar?
Existen todavía muchos mercados y submercados donde no hay claridad de qué autoridad es la competente para revisarlos. Estos escenarios generan mucha incertidumbre para los gobernados, pero también para la política pública, toda vez que implica que existen áreas de la economía que queden prácticamente desatendidas y sin intervenciones de competencia.
Parecería que en este caso la solución del conflicto competencial no será sencilla. Los tribunales especializados de competencia y telecomunicaciones tendrán un gran reto que puede sentar un importantísimo precedente. Existen interesantes argumentos para considerar que esto de vender contenido a través de las tiendas de aplicaciones es competencia de Cofece, especialmente por el precedente del caso Uber – Cornershop donde se determinó que el medio de la prestación del servicio o venta de bienes no es lo relevante para considerar si es un tema de telecomunicaciones, sino que el bien o servicio subyacente es realmente lo importante para determinar el mercado a analizar. Sobre ello va la forma en que Cofece abrió la investigación que se publicó el pasado 24 de octubre al establecer que el mercado es el de “desarrollo, distribución y procesamiento de pagos de aplicaciones móviles y contenido digital, así como servicios relacionados”. Tratando de acotarlo a su competencia en términos de los precedentes mencionados. Ojalá este nuevo precedente judicial deje bases más sólidas para evitar futuros conflictos o, al menos, para que estos puedan ser resueltos de manera más expedita.
En cualquier caso, más allá del tema de competencia, el asunto presenta una oportunidad para que Cofece e IFT revisen sus criterios de admisión de denuncias y dejen de pelear incluso en eso.