Economista en Jefe de BBVA México
La semana pasada el gobierno federal anunció un nuevo plan para intentar reducir los elevados niveles de inflación. Me parece que dicho plan no logrará su objetivo.
Hay que reconocer que la inflación actual es un fenómeno global y que en el caso de México se explica en muy alta medida por factores externos. Aislarse de las presiones en los precios globales es muy complicado para una economía tan abierta como la mexicana. Hay poco que el Gobierno Federal pueda hacer.
Ahora bien, algunos elementos del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic) pueden resultar contraproducentes. Tal es el caso de las restricciones a las exportaciones de productos como el maíz blanco, el frijol, la sardina, y la chatarra de aluminio y de acero. La experiencia internacional muestra que las restricciones a las exportaciones no suelen ser efectivas para reducir la inflación y que pueden resultar en efectos no deseados como son la falta de inversión futura (y menor oferta) en sus respectivos sectores: es menos atractivo invertir en la producción de un artículo y desarrollar capacidades logísticas para exportarlo si se percibe que se puede ser objeto de una prohibición a la exportación. Además, se corre el riesgo de que los países socios comerciales puedan tomar medidas proteccionistas retaliatorias e imponer por su parte restricciones a la exportación de productos que México importa; ello aumentaría la inflación en los bienes que importamos o, peor todavía, conduciría a escenarios de escasez. Lo que implicaría un peor equilibrio para todas las partes. En un entorno de alta inflación global se necesita más y no menos comercio.
Otro elemento inquietante es delegar a las empresas importadoras la responsabilidad de examinar que los bienes agropecuarios que entran al país cumplan con criterios sanitarios. Preocupa primero porque la experiencia nos muestra que es fundamental tener regulación y supervisión para productos que pueden afectar la seguridad o la salud de las personas. ¿Estaríamos dispuestos a que cualquier compañía farmacéutica sacará medicamentos al mercado sin ser antes examinados por una agencia independiente? ¿A viajar en aviones que no tengan que pasar por las inspecciones de control de distintas autoridades aeronáuticas? Pero además de la preocupación de que la medida pueda resultar en importaciones de productos que puedan causar plagas, dañar a las personas o comprometer las exportaciones, debemos preguntarnos si esto ayudará a bajar los precios de esos productos. Y eso no es claro. Tanto en términos de las potenciales externalidades negativas de una inspección deficiente, como por lo que toca a los costos que para cada empresa tendría el realizar inspecciones que podrían trasladar a los consumidores.
En el marco del Apecic grandes empresas distribuidoras se comprometieron a reducir en 8.0 por ciento el precio de 24 productos de la canasta básica. Me parece que no se logrará el objetivo. Primero porque millones de mexicanos no adquieren estos productos de las grandes empresas que se sumaron al acuerdo, sino que lo hacen, en especial las familias de menores recursos, en mercados locales que no se sumaron a este acuerdo. Segundo, es complicado que estas grandes distribuidoras puedan lograr el objetivo de no aumentar los precios cuando sus proveedores están enfrentando mayores costos. De lograrlo, eventualmente esos mayores costos se traspasarían a precios una vez concluido el acuerdo; se estaría pateando el balón hacia delante.
Con base en esto, no creo que el mercado vaya a cambiar sus pronósticos de inflación en respuesta al Apecic. Pero lo que sí creo es que la inflación comenzará a disminuir en los próximos meses y que el año entrante podría cerrar con niveles cercanos a 4.0 por ciento, sustancialmente más bajos que el 8.7 por ciento actual, aunque superiores a la meta de 3.0 por ciento. La inflación bajará debido a la desaceleración económica en México y en el mundo, al desvanecimiento de los cuellos de botella en las cadenas de valor global, a la caída en precios de materias primas y a efectos comparativos, pero no por prohibir exportaciones o poner en riesgo la seguridad agroalimentaria.
Los precios envían señales importantes. Cuando hay escasez de un producto, el precio sube y crea el incentivo para producir más. Lo deseable es que la política no interfiera con esas señales.