Hace unos días la Secretaría de Economía publicó las cifras preliminares de los flujos de inversión extranjera directa hacia el país al cierre de 2023. A primera vista, pareciera que es un buen dato al haberse alcanzado 36 mil millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual de 27 por ciento, después de ajustar por las operaciones atípicas de Aeroméxico y Televisa en 2022.
La cifra confirma que el país sigue siendo atractivo para la inversión extranjera directa y esto en forma significativa: lo recibido por este concepto el año pasado representa un 2 por ciento del PIB, lo cual significa que México podría financiar –prescindiendo incluso de los flujos de portafolio– la totalidad del déficit de cuenta corriente que el año pasado ascendió a alrededor del 0.3 por ciento del PIB (5 mil 700 millones de dólares), e incluso, financiar el nivel estructural de dicho déficit, que en BBVA México estimamos de alrededor de 1.5 por ciento del PIB.
Las principales inversiones directas en México provienen de Estados Unidos, España y Canadá, que representan el 58 por ciento de la inversión recibida. A pesar de todo el ruido, China no figura entre los primeros diez países, aunque existe la posibilidad de que empresas chinas inviertan a través de filiales establecidas en otros países.
La mayor parte de la inversión se destina a los estados del Norte y del Bajío, que es donde se concentra la actividad manufacturera exportadora. La Ciudad de México aparece como el principal receptor, con el 31 por ciento de los flujos, pero se trata de una cifra engañosa, ya que es en la capital donde están domiciliadas muchas de las empresas extranjeras, sin que sea necesariamente ahí donde se realizan las inversiones. Lamentablemente los estados del sur del país no reciben flujos significativos de inversión extranjera. Para revertir esta situación, es necesario que estos estados tengan más inversión en energía (ductos de gas y plantas generadoras de energía limpia), en capacitar a los trabajadores, y en infraestructura de transporte. El proyecto del istmo, si eventualmente se concluye, puede ser un detonador importante de inversión hacia estos estados.
Sin embargo, a pesar del crecimiento ya mencionado en la inversión extranjera directa, todavía no se perciben de forma significativa los efectos del nearshoring en la inversión extranjera directa, que es precisamente donde se debería registrar dicho fenómeno. China pierde este tipo de inversión de forma muy significativa y México debería ser el país mejor posicionado para captar esos flujos. Sin embargo, el monto en que ha crecido este tipo de inversión en México es una fracción pequeña de las salidas de capitales de China, siendo otros países como Vietnam los que han tenido ganancias mayores.
Por otra parte, y cómo hemos comentado aquí en otras ocasiones, cuando se analiza la composición de la inversión registrada el año pasado, vemos que el crecimiento se ha dado por reinversión de utilidades, las cuales representaron 74 por ciento del monto recibido, mientras que las inversiones nuevas solamente representaron 13 por ciento del total. Estamos hablando de que en 2023 las inversiones nuevas ascendieron solamente a 4 mil 800 millones de dólares, un monto inferior a los que recibía el país hace seis años.
Esto quizá se explique por el hecho de que las empresas que ya se encuentren operando en el país sepan sopesar mejor los riesgos y las incertidumbres políticas y puedan tener un mejor sentido de la oportunidad del nearshoring. De esta forma, al menos parte de la reinversión de utilidades pudiera ser resultado de un cálculo de las empresas que operan tanto en China como en México en el sentido de disminuir su producción en el país asiático y aumentarla en el nuestro.
En todo caso, para que el país aproveche mejor la oportunidad del nearshoring y sobre todo en el contexto de la próxima sucesión presidencial, será necesario cambiar el rumbo de la política energética para asegurar a los potenciales inversionistas que tendrán una oferta suficiente de electricidad no contaminante a precios competitivos. Para ello se requiere acelerar los permisos a los generadores privados y que la CFE se concentre en invertir en la red de transmisión y distribución. Además, será necesario fortalecer el Estado de derecho y disminuir la incertidumbre, demostrando con hechos que en México los contratos serán respetados y que las reglas del juego no cambiarán después de realizadas las inversiones.