Este año el déficit fiscal del país será de casi 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Será el déficit más elevado desde el final de la década de los ochenta. Creo que este alto déficit es muy desafortunado por diversas razones. Primero, porque constituye una política pro-cíclica: mientras que en la pandemia con una contracción de la economía de más de 8 por ciento se decidió no implementar ningún impulso fiscal, ahora cuando la Secretaría de Hacienda espera que el crecimiento se ubique entre 2.5 y 3.4 por ciento, es decir, por encima de la tasa potencial de crecimiento de la economía, se propone un déficit mayúsculo: la política fiscal parece seguir más el ciclo político que el económico. Segundo, porque el déficit no será destinado a la inversión pública sino al gasto corriente. Y tercero porque se decide endeudar al país en un entorno de tasas de interés muy elevadas, lo cual aumentará el costo del servicio de la deuda.
Dicho lo anterior, considerando los bajos niveles de endeudamiento como porcentaje del PIB (el año pasado este cociente cerró en 47 por ciento, lo cual es un nivel bajo para un país emergente) había espacio para incurrir en este déficit sin que ello causara disrupciones en los mercados. De hecho, el riesgo país, medido ya sea como el diferencial de tasas en los bonos de largo plazo entre México y Estados Unidos o como el costo de asegurar la deuda soberana del país, no ha aumentado de forma significativa desde que se anunció el programa fiscal para este año.
Es evidente que es fundamental implementar un programa de consolidación fiscal para reducir el déficit. De lo contrario, en pocos años se podría llegar a niveles de deuda que comprometerían la calificación soberana de grado de inversión, lo que aumentaría el costo de financiamiento para el gobierno, las empresas y las familias. Las crisis vividas en el país en los años setenta y ochenta se produjeron en gran medida por trayectorias de déficit altos como el que veremos este año. Estoy convencido que esta consolidación fiscal debe ser una de las prioridades del próximo gobierno federal. La Secretaría de Hacienda ha comunicado que se debe reducir el déficit fiscal en alrededor de 3 puntos del PIB el año que viene. Se ha mencionado que el ajuste se daría fundamentalmente mediante una reducción del gasto público y no por una mayor recaudación. Creo que realizar un ajuste de esta magnitud en un solo año sería un error. Primero porque una reducción de este calibre en el gasto público podría llevar a la economía a una recesión y segundo porque se correría el riesgo de no lograr la meta, lo cual dañaría la credibilidad del gobierno en los mercados, lo que a su vez aumentaría la volatilidad financiera y encarecería la contratación de nueva deuda.
Sería mejor estrategia anunciar que el ajuste se implementaría en dos o tres años de tal suerte que se reduzca el impacto del menor gasto público en la economía y no se ponga en juego la credibilidad de las autoridades. Además, el anuncio se debería acompañar de un programa para aumentar la recaudación fiscal. No hay que olvidar que México tiene la tasa de recaudación más baja en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y una de las más bajas en América Latina. El próximo gobierno debería aumentar la recaudación mediante una reducción en la informalidad y la evasión. De lo contrario, no se podrán realizar las inversiones necesarias en educación, salud e infraestructura que el país necesita.
Un anuncio de un plan de consolidación fiscal a dos o tres años sería bien recibido por los mercados. Si además se acompaña por una estrategia creíble de aumento en la recaudación podría incluso resultar en menores tasas de interés en futuras colocaciones de deuda. La nueva administración federal tiene tiempo para cambiar el plan de acción.