En el frontispicio de la sede del Tribunal Electoral de Panamá se lee, en letras enormes, la advertencia que José Ortega y Gasset escribió en La rebelión de las masas: “la salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire”.
El recordatorio del filósofo español viene a cuento porque, aún sin comenzar de manera formal, las reglas del proceso electoral 2023-24 ya se encuentran bajo ataque. El gobierno quiso, a través de una reforma unilateral, arrancar de raíz el sistema electoral que brinda elecciones confiables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el procedimiento legislativo que buscó modificar las reglas e instituciones electorales y desterró el mayor peligro para los comicios.
Sin embargo, el gobierno y su partido han hecho explícita su determinación de sustraerse del respeto al procedimiento electoral, su aversión a cumplir con el “mísero” detalle técnico del que hablaba Ortega y Gasset.
El acuerdo del Consejo Nacional de Morena para designar en septiembre a su candidato(a) presidencial es una clara violación a la ley electoral que define que las precampañas iniciarán la tercera semana de noviembre y no podrán durar más de sesenta días. Se trata, a la par, de un abierto desafío a las autoridades electorales.
El atropello a las reglas de la contienda democrática desde el actual gobierno no es nuevo. El Tribunal Electoral determinó que en las campañas federales de 2021 el presidente transgredió la Constitución en 80 por ciento de las conferencias mañaneras al hacer propaganda gubernamental. El INE emitió reiteradas medidas cautelares al presidente, miembros del gabinete y gobernadores para que no intervinieran en la revocación de mandato. Apenas la semana pasada el Tribunal Electoral sentenció que el titular del Ejecutivo federal intervino de forma ilegal con sus dichos en las campañas de este año en Coahuila y el Estado de México. Y no va a detenerse.
Las reglas que exigieron e impulsaron desde la oposición quienes hoy están en el poder, para que los funcionarios públicos se mantuvieran ajenos y neutrales en los procesos electorales, son ignoradas una y otra vez. Autoritarismo e ilegalidad definen la acción política del gobierno.
Por ello, es indispensable que las demás instituciones y los actores políticos sean inflexibles en la defensa y respeto del orden legal. En 2024 estarán en juego miles de cargos de elección, pero también la vigencia de las reglas democráticas en la disputa por el poder.
En este contexto resultó desafortunado que PAN, PRI y PRD también decidieran ignorar la norma y adelantar sus precampañas para tener lista su candidatura a la Presidencia desde septiembre.
La noción de que se emulaba la trampa de Morena o todo estaba perdido no es más que una hipótesis, por demás endeble: es obvio que el gobierno quiso obtener una ventaja indebida al arrancar primero, pero las anodinas giras de sus precandidatos muestran que pudieron autoinfringirse un prematuro desgaste. Y bastó con que apareciera una figura no prevista, Xóchitl Gálvez, para que el escenario se modificara de manera drástica. Ese y otros nombres pudieron hacerse visibles sin empezar las precampañas ni definir la candidatura antes de los plazos de ley.
Por otra parte, es inexacto afirmar que las autoridades electorales ya dieron luz verde a las precampañas anticipadas. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, si bien no detuvo el proceso de Morena, sí emitió normas contra actos proselitistas adelantados; esa decisión fue impugnada y el Tribunal Electoral aún no se pronuncia. Después, la misma Comisión de Quejas conoció un proyecto para cancelar las giras de los precandidatos ante la evidencia de que sí buscan la candidatura presidencial y burlan la ley. Esa medida no pasó, pero, de nuevo, puede ser corregida por la Sala Superior. El Tribunal aún no dice nada sobre el adelanto de las precampañas; no dio luz verde, tampoco roja. Hay que esperar su decisión final. El proceso de Morena aún puede ser declarado ilegal, también el de los opositores.
Esto apenas inicia. En política pocas cosas hay tan dañinas como la idea de que el fin justifica los medios. En democracia no es así: de los medios empleados, de su apego la ley, depende la legitimidad del fin.
El autor es economista, profesor de la UNAM.
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