El Informe de Gobierno es una obligación constitucional del Ejecutivo federal y, a pesar del desdén que se le confiere desde la presidencia e incluso desde el Congreso a ese ejercicio de rendición de cuentas, es indispensable revisar el estado de la administración pública federal y la situación del país.
En el quinto Informe de Gobierno del presidente López Obrador hay estadística oficial que evidencia una política de maltrato hacia la educación superior pública similar a la que se dio con el draconiano ajuste de los años ochenta, pero ahora sin crisis de la deuda como justificación. Sí, el conjunto de universidades y tecnológicos públicos ha sufrido recortes importantes bajo este gobierno, con una asfixia que ha reducido casi un tercio del presupuesto que se canalizaba a la educación superior al final del sexenio anterior.
En el cuadro titulado “Gasto nacional en educación” del anexo estadístico del quinto Informe de Gobierno del presidente López Obrador (página 302), se consigna que en 2018 se destinaban 184 mil 850 millones de pesos de recursos públicos federales a la educación superior. En 2023 se canalizó al mismo rubro la cantidad de 162.7 miles de millones de pesos, lo que indica de entrada una caída sustantiva.
Pero la comparación debe hacerse a precios constantes, esto es, incorporando la inflación acumulada desde el inicio del sexenio que, con datos del INEGI, es de 28 por ciento. Así, a precios de 2018, el presupuesto federal a la educación superior en 2023 resulta de 127.1 mil millones de pesos. Ello implica en términos reales un recorte de 57.7 mil millones, que equivalen a 31.2 por ciento menos.
No son “otros datos”, son las cifras del más reciente Informe que el presidente en funciones entregó al Congreso de la Unión.
Para haber mantenido el presupuesto a la educación superior a un nivel similar al de 2018, sin incremento, pero sin castigo, el monto para 2023 debería haber alcanzado la suma de 236.7 mil millones de pesos.
Pero la decisión de las presentes autoridades hacendarias y educativas fue, según muestran los datos que ellas generan y publican, aunque su discurso pretenda ser otro, castigar financieramente a la educación superior pública.
El actual nivel de gasto federal en educación superior es más bajo que el de todos los ejercicios anuales desde 2007, es decir, se trata de un retroceso presupuestario de más de tres lustros, cuando se atendía a un millón cien mil alumnos menos en las universidades y tecnológicos públicos (cálculos a partir del cuadro “Matrícula en educación superior por tipo de control y servicio”, anexo estadístico del quinto Informe, p. 313) y se contaba con cien mil maestros menos en este nivel de enseñanza (cuadro “Maestros en educación superior por tipo de control y servicio” p. 314 del anexo del Informe).
Además, con el actual gobierno, la matrícula pública de educación superior (que incluye a la licenciatura en las normales, la licenciatura universitaria y tecnológica, así como en el posgrado), apenas creció en 89 mil alumnos entre los ciclos escolares 2018-19 y 2022-23, un 3.2 por ciento acumulado. Si se divide el presupuesto entre el número de estudiantes, se obtiene el gasto por alumno en educación superior pública, que en este sexenio se ha reducido 33.4 por ciento. A pesos de 2018, ese año por cada estudiante se canalizaban 66 mil pesos y en 2023 apenas 44 mil.
Ni con el experimento improvisado de las mal llamadas universidades Benito Juárez (sin programas de estudio acreditados, sin profesorado que llegue a su plaza académica por concurso de oposición, sin planteles con condiciones mínimas siquiera), esta administración federal logró aumentar la cobertura de educación superior.
Con su política de gasto, en los hechos, congeló la expansión de la matrícula pública de la educación superior y quedó por atrás de los avances hechos en los sexenios previos. En los primeros cinco años de Fox, la matrícula pública en educación superior se amplió en un cuarto de millón de alumnos (252 mil); en los primeros cinco de Calderón en 410 mil y en 436 mil estudiantes en los de Peña Nieto. Y en ningún caso hubo recortes financieros en términos reales a la educación superior pública.
El gobierno que se dice antineoliberal resultó el más neoliberal hacia las universidades públicas: detuvo la ampliación de la cobertura educativa y disminuyó de forma drástica el presupuesto. Una cosa fueron sus dichos, otra son los datos duros.
El autor es economista, profesor de la UNAM.