El artículo en la revista Science de Rafael Prieto Curiel, Gian María Campedelli y Alejandro Hope —este último fallecido hace poco y más que extrañado en nuestra deliberación pública—, sobre la capacidad de reclutamiento de los cárteles del narcotráfico en México, ha merecido una inusitada atención mediática para un trabajo académico. No es para menos, pues su análisis subraya uno de los aspectos más siniestros de la crisis de seguridad que vive el país: los grupos criminales reproducen su poder letal, disponiendo de una fuerza de trabajo tan abundante como renovable y desechable.
La conclusión de los investigadores que captó los titulares de los medios fue la comparación del número de personas que forman parte de los cárteles (175 mil) frente a firmas de la economía formal y legal. Dicha comparación, como señaló Francisco Báez (La Crónica, 26-sept-23), cae en el error de considerar a todos los cárteles como una empresa cuando son una suerte de industria, con agentes que rivalizan entre sí.
Pero lo que es inobjetable es que la violencia asociada a los cárteles no cede, al revés: entre 2007 y 2021 la población aumentó 19 por ciento, pero las muertes violentas en 300 por ciento, al pasar de 9 mil a 36 mil; de ellas, nueve de cada diez fueron de varones, la mitad de entre 20 y 40 años.
Los autores concluyen que, para no colapsar, los cárteles debieron reclutar cada semana 350 nuevos miembros. Solo en 2021 los cárteles habrían incorporado a 19 mil 300 personas, de las que perderían 6 mil 500 en enfrentamientos con bandas rivales y 5 mil 700 por encarcelamiento, con una “ganancia neta” de 7 mil individuos. Esta conclusión revela cuán desafortunada era la afirmación, con frecuencia proveniente de circuitos oficiales cuando se desató la espiral de violencia del narco, de que era una pelea “entre ellos” y que tarde o temprano la merma de delincuentes acabaría por reducir la violencia. No resultó así y “ellos”, aunque se les refiriera como ajenos a la sociedad, siempre fueron nuestros jóvenes.
Una precisión metodológica puntual que puede hacerse al artículo es que, como han demostrado las indagaciones del antropólogo Claudio Lomnitz, por ejemplo, sobre la tragedia de inseguridad en Zacatecas, las desapariciones no necesariamente implican bajas para el narco, sino lo contrario: hay jóvenes no localizados que lo son porque, contra su voluntad, engrosaron las filas del narco. Se trata de una leva continua y creciente practicada por ejércitos delincuenciales en zonas cada vez más amplias. El Estado perdió el monopolio del uso de la fuerza y la violencia privada se ejerce sin control por 150 cárteles privados.
El narco juega un rol de empleador en el sentido de ofrecer una “ocupación” remunerada a quienes optan por incorporarse a sus filas, pero también incurre en prácticas propias de la esclavitud.
Existe una dimensión laboral en las actividades del crimen organizado que no puede soslayarse, ni desde la economía ni desde la estrategia de seguridad. Cada día hay cientos de miles de jóvenes expuestos a enrolarse en la actividad criminal, de forma voluntaria o forzada, lo que expresa un enorme fracaso nacional, aunque que no se reconozca.
Piénsese, por ejemplo, solo en los 2.8 millones de niños que nacieron el año 2000. De acuerdo con datos oficiales de deserción escolar entre 2006 y 2018 (información disponible en el sexto Informe de Enrique Peña Nieto y que, desafortunadamente, el gobierno de López Obrador ya no genera o publica), de cada 100 niños que entraron a la primaria en 2006, solo 95 la habrían terminado en 2012. Si todos hubieran iniciado la secundaria, para 2015 la habrían concluido 81. Si todos entrasen a bachillerato, para 2017 solo seguirían estudiando 54. Ergo, casi la mitad de los jóvenes de México llega a la ciudadanía habiendo abandonado su educación obligatoria. Luego las cosas empeoraron, ya que la deserción escolar se disparó con la pandemia de Covid-19.
Desde otro ángulo, entre el año 2000 y 2022 la población económicamente activa (gente mayor de 15 años que busca o tiene trabajo) creció en 21 millones de personas. En ese periodo, los trabajadores afiliados al IMSS aumentaron apenas en cerca de 9 millones, así que más de la mitad de los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo lo hizo en ocupaciones precarias e informales.
El descuido de la educación y el mal desempeño de la economía están en la base de la severa crisis de inseguridad que padece México, una crisis de Estado.
El autor es economista, profesor de la UNAM.