La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el 13 de marzo que la eliminación del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) de la Ley Federal de Cinematografía fue contraria a la Constitución. Recordemos: en 2020 el presidente propuso la extinción de una centena de fideicomisos, incluidos los que servían para financiar proyectos de investigación científica y de desarrollo cultural, y la mayoría en el Congreso obedeció sin averiguar siquiera qué se destruía.
Un fideicomiso, esa figura estigmatizada por el gobierno, es un contrato para destinar un patrimonio a un fin específico e involucra a tres partes: 1) el fideicomitente que pone los recursos, 2) el fiduciario que los administra, y 3) el destinatario o beneficiario. Dicho sea de paso, los fideicomisos no son un invento neoliberal, pues se empezaron a usar en México desde el siglo XIX para financiar la construcción de la red ferroviaria.
Como toda industria, la del cine necesita inversión: es la única manera de ampliar la producción, de innovar, de diversificar. En 1999 se reformó la Ley Federal de Cinematografía para incluir el fomento y protección al cine mexicano y desde 2002 el Fidecine comenzó a operar. El fideicomitente fue la Secretaría de Hacienda que canalizó los recursos, Nacional Financiera el fiduciario y el destinatario fue la industria cinematográfica que sometía proyectos a evaluación para ser financiados.
El Fidecine apoyó en sus casi dos décadas de existencia la realización de 230 películas, de las que 159 fueron de directores debutantes. Según información de César Huerta en El Universal (13-03-2024), de 24 millones de pesos invertidos por el Fondo se devolvieron 83 millones de pesos a las arcas federales. Con esa proporción, por cada peso que se destinó a la producción filmográfica, el gobierno federal recuperó tres pesos y medio. No se trató entonces de un gasto a fondo perdido sino que llegó a ser una inversión rentable para el sector público, además del positivo efecto que implicó para la amplia cadena de actividades y empleos que se asocian a la creación de películas: guionistas, directores, productores, camarógrafos, iluminadores, técnicos, músicos, editores, diseñadores de vestuario, realizadores de efectos, por supuesto actores y actrices, y un largo etcétera.
La decisión de la primera sala de la Corte se suma a la que tomó la segunda sala, en agosto de 2023, ordenando al Congreso restituir en la ley los apoyos al cine desaparecidos en 2020. El Poder Legislativo debió cumplir la orden de la Corte el año pasado, pero como se ha vuelto lamentable costumbre con la actual mayoría parlamentaria, la sentencia del máximo tribunal no se atendió.
Cuando en 2020 se eliminó el Fidecine de la ley, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) creó otro instrumento, una figura administrativa menor, el Programa de Fomento al Cine (Focine). La segunda sala de la Corte consideró que el Focine no bastaba para sustituir al Fidecine, pues al no estar en ley corría el riesgo de ser anulado y no contaba con recursos presupuestales expresos.
En su resolución de este año la Corte determinó que cuando se desapareció el fideicomiso “no se demostró que existiera un mal manejo de los recursos que integran al Fidecine, ni que faltara a sus obligaciones de transparencia o contabilidad”. La eliminación de este fondo de apoyo a la industria cinematográfica significó, para la Corte “un menoscabo injustificado en los derechos a la participación cultural y de libre manifestación de ideas”.
Los cineastas, desde la cultura, ganan batallas jurídicas contra el atropello del gobierno.
El Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2022 (Imcine aún no ha publicado el de 2023), muestra los efectos de este gobierno sobre el cine. En 2019, antes de la desaparición del Fidecine, el valor bruto de la producción cinematográfica ascendió a 41.8 mil millones de pesos; en 2021 —último dato disponible— fue de 19 mil millones: se contrajo en 54 por ciento. En 2019 la industria generaba 34.8 mil empleos y en 2021 sólo 19 mil, por lo que se destruyó el 45 por ciento de los puestos de trabajo. La industria generó 4 mil 600 millones de pesos vía impuestos en 2019 y sólo mil 800 millones en 2021, lo que implica una caída del 60 por ciento. En 2018 se estrenaron 115 películas mexicanas; en 2022 fueron 88.
También sobre la cultura y el cine mexicanos, la zafia arbitrariedad de este gobierno deja un saldo de destrucción y daño.
Derecho de réplica
Sr. Director
De la manera más atenta le extiendo una solicitud de réplica sobre la columna titulada “El gobierno contra el cine mexicano”, firmada por el Doctor Ciro Murayama y publicada el 20 de marzo de 2024 tanto en el portal web de El Financiero como en su edición impresa.
1) La columna abre con la siguiente aseveración: “Antes de la desaparición de Fidecine, la industria generó 4 mil 600 millones de pesos vía impuestos en 2019 y sólo mil 800 millones en 2021, lo que implica una caída de 60%.” La caída en las cifras de producción y exhibición del sector cinematográfico fue resultado de la pandemia por Covid-19 en 2020, y no de la desaparición del Fidecine como se intenta inferir.
2) Con Fidecine, a lo largo de sus 18 años de funcionamiento, se autorizaron (y publicaron) apoyos a 289 proyectos de producción de largometrajes. Sin embargo, 81 proyectos (el 28%) se cancelaron antes de que se les otorgara el recurso debido a que no lograron completar su presupuesto. Fueron 208 los proyectos que sí recibieron el apoyo en todos esos años.
3) A lo largo del tiempo en el que operó, el Fidecine fue el instrumento de apoyo más débil para el cine mexicano; esto se puede comprobar en todas las estadísticas anuales: en 2015, a través del Fidecine se apoyaron solo cinco películas de largometraje de las 140 producidas ese año; en 2016 fueron nueve de las 162 producidas; en 2017, siete de 176; en 2018, seis de las 186, y en 2019 (último año de operación del Fidecine) apenas dos de las 216 películas.
Es falso que el monto invertido por el Fidecine año con año, vía el presupuesto anual del Imcine, haya sido una “inversión rentable” para el sector público, ya que de las 208 películas apoyadas solo cinco recuperaron el monto del apoyo. Los 83 millones de pesos “devueltos a las arcas federales”, según menciona el autor, corresponden únicamente a tres títulos.
El gobierno no está en contra del cine mexicano. Por el contrario, como bien menciona Ciro Murayama en la publicación, desde enero de 2021 se puso en marcha el Programa Fomento al Cine Mexicano (Focine) a través del cual se ha dado continuidad a la obligación del Estado de impulsar la producción cinematográfica, al tiempo que se atienden también apoyos a la exhibición del cine mexicano y la preservación del patrimonio fílmico nacional.
El cine mexicano está más fuerte que nunca. Los apoyos públicos al cine mexicano no se han interrumpido ni se han reducido. A lo largo de dos años consecutivos, se ha alcanzado una cifra récord en la producción de cine nacional: en 2021 se produjeron 259 películas, mientras que en 2022, fueron 258; alrededor del 50% de esta producción anual contó con apoyos públicos.
Atentamente
Paloma de Lourdes Oceguera Gamba
Subdirectora de Divulgación y Medios del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Respuesta del articulista
Agradezco al IMCINE la atención que dedicó a mi columna del 20 de marzo, así como sus precisiones. Me permito tres comentarios:
1) En mi texto comparé 2019 con 2021 porque el Anuario Estadístico del Cine Mexicano más reciente no ofrece información más actual. Confío en que ese anuario, que desde hace varias administraciones federales genera información valiosa, continúe siendo publicado.
2) IMCINE señala que es falso que el FIDECINE haya sido una inversión rentable para el sector público, pues la recuperación de 83 millones de pesos que cité corresponde sólo a tres películas. Agradezco la puntualización. Sin embargo, IMCINE no ofrece información sobre el total de recursos canalizados por el FIDECINE o por algún otro instrumento a su cargo, ni de la recuperación general de los mismos. Tampoco proporciona cifras sobre los montos otorgados en los últimos años. Quizá sea una buena práctica de transparencia que en la página de IMCINE esté disponible de forma permanente la información de los apoyos financieros que se brindan a cada proyecto —no sólo el número de beneficiarios— por tipo de instrumento, para así saber si hay mecanismos más eficientes que otros de apoyo a la producción, distribución y exhibición del cine mexicano.
3) En su réplica, IMCINE omite referirse a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mencioné en mi artículo, en dos sentidos: 1) la Corte estableció que la desaparición del FIDECINE fue inconstitucional y, 2) el máximo tribunal resolvió que el Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) de esta administración es insuficiente, pues es un programa no previsto en la ley, por lo que desde 2023 debió devolverse la figura a la Ley Federal de Cinematografía, cosa que no ha ocurrido.
Atentamente
Ciro Murayama