La contundencia del triunfo de Morena y su coalición en las elecciones federales y locales de 2024 es clara, pero los propios resultados electorales muestran que el pluralismo de la sociedad mexicana sigue vivo y que lejos estamos de que exista una sola fuerza política que represente a la totalidad de la ciudadanía del país. A su vez, los conteos rápidos anticipan la posibilidad de que se incurra en una drástica sobrerrepresentación de los partidos del gobierno en el Congreso, muy por encima del apoyo popular que recibieron en las urnas, como ocurrió en 2018. Veamos los datos.

En la elección a la Cámara de Diputados, Morena obtuvo 40.4 por ciento, el Partido del Trabajo 5.4 y el Partido Verde 8.3; en total reúnen 54.1 por ciento de los votos emitidos. Los partidos de oposición suman 41.9 por ciento (el resto son votos nulos, por candidatos independientes o no registrados). En número de sufragios, el PREP señala que los partidos de la coalición gobernante recibieron 29.4 millones, mientras que los partidos de oposición en conjunto obtuvieron 22.7 millones. Puede decirse que por cada diez ciudadanos que votaron por el gobierno, ocho lo hicieron por la oposición a la Cámara. Una diferencia clara, no abismal.

Morena es el partido más votado a la Cámara de Diputados, pero no alcanzó siquiera la mitad de los sufragios ciudadanos. Es el partido dominante, pero lejos está, por ejemplo, de los porcentajes de votos que obtenía el PRI cuando estaba en declive como partido hegemónico: el tricolor se hizo con el 51 por ciento del apoyo a la Cámara en 1988, con el 58 por ciento en 1991 y con el 49 por ciento en 1994. Si en esos años de democratización era evidente que el PRI, aun siendo gobierno y la primera fuerza, no podía pretender ser el único partido legítimo en el país, Morena tampoco puede (o debe) proclamarse ahora como tal. Tiene el apoyo de una parte muy significativa, pero no logra ser mayoría por sí misma. Es, más bien, la minoría más votada al Congreso.

Para el Senado, Morena recibió 40.6 por ciento de los votos, y si se suma el 5.35 por ciento del PT y 8.84 por ciento del Partido Verde, logran 54.8 por ciento. Tuvieron 30.5 millones de votos. Mientras que la votación agregada de los partidos opositores alcanza el 41.4 por ciento con 23 millones de votos. La proporción de votos es similar para el Senado a la de la Cámara de Diputados: por cada diez votos a favor del gobierno hubo casi ocho para la oposición.

Para la llamada Cámara alta, Morena recibió el respaldo de cuatro de cada diez electores. De nuevo, Morena no es tan fuerte hoy como lo era el PRI en 1988 cuando, ya en declive, recibió el 50.85 por ciento de los votos al Senado. Ahora Morena tampoco es por sí misma mayoría y, con sus aliados, están por debajo del 55 por ciento de los votos populares. Pretender que ellos representan a la totalidad de la nación, sería, de nuevo, ignorar la voluntad popular de quienes respaldaron a las oposiciones, que son más que los que le dieron su voto a Morena.

De acuerdo con las estimaciones del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, la coalición gobernante podría hacerse con la mayoría calificada de la Cámara de Diputados (más del 66 por ciento de los asientos) pero, ojo, con apenas el 54 por ciento de los votos ciudadanos. Recuérdese que la Constitución, en su artículo 54, establece un límite de sobrerrepresentación de ocho puntos entre porcentaje de votos y de curules. El conteo rápido del INE también informó que en el Senado la coalición gubernamental estaría cerca de la mayoría calificada, sin conseguirla.

Pero en la conferencia matutina del lunes, la secretaria de Gobernación declaraba que la coalición de Morena obtendría el 73 por ciento de la Cámara de Diputados cuando, hay que insistir, tuvieron poco más del 54 por ciento de los votos. Otra vez, el gobierno entrometiéndose en la materia electoral.

Será indispensable que la asignación de legisladores de representación proporcional que va a realizar el INE se apegue a la Constitución y no se vulnere el límite de sobrerrepresentación de 8 por ciento.

El pluralismo real de la sociedad, expresado en las urnas a través del voto ciudadano, no se ha conjurado.

Con esos resultados, con ese pluralismo, pretender un cambio de régimen político para eliminar la representación de las minorías en el Congreso y acabar con la división de poderes significa, hay que decirlo, un despropósito autoritario. La defensa de la democracia sigue.