El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó los cómputos distritales y, en agosto, pasadas las impugnaciones y con cifras definitivas, hará la asignación de los 200 diputados plurinominales. No obstante, desde la semana pasada la Secretaría de Gobernación anunció que a su coalición electoral le han de corresponder 372 diputados, el 74.4 por ciento de la Cámara, lo que implicaría una grave distorsión de la voluntad popular depositada en las urnas. Veamos en cinco apuntes lo que quiere el gobierno.
Uno. Inflar artificialmente el número de diputados oficialistas. La suma de votos ciudadanos de Morena, PT y PVEM es de 32.5 millones, sobre un total de 59.5 millones de sufragios: el 54.7 por ciento. Gobernación, invadiendo atribuciones del INE, pretende darse una sobrerrepresentación de 20 puntos porcentuales. Pero incluso si nada más se toma la votación nacional emitida (que solo considera los sufragios por los partidos que conservan su registro y tienen derecho a diputados plurinominales), el porcentaje de votos ciudadanos por la coalición oficial sería 58.4 por ciento, por lo que aun así el gobierno busca hacerse con una sobrerrepresentación de 16 por ciento.
Dos. Rebasar el límite constitucional de sobrerrepresentación. El artículo 54, párrafo V, de la Carta Magna señala desde 1996 que no puede haber más de 8 puntos de diferencia entre el porcentaje de votos y de diputados. Cuando se hizo esa reforma en la ley se asentó que a las coaliciones se les daría trato de “un solo partido”, así que el límite del 8 por ciento fue para partidos y coaliciones. En ninguna reforma electoral posterior se aprobó, es más, ni siquiera se mencionó, que las coaliciones serían una suerte de salvoconducto para ignorar la Constitución tal como ahora pretende el gobierno. Desde Palacio Nacional intentan alcanzar un porcentaje de diputados que implicaría duplicar el límite que la Constitución impone.
Tres. Trastocar las preferencias electorales de los ciudadanos. En orden de votación en las urnas por la Cámara, de mayor a menor, los partidos quedan así: 1) Morena, con 40.8 por ciento del voto ciudadano; 2) PAN, 16.9 por ciento; 3) PRI, 11.1 por ciento; 4) MC, 10.9 por ciento; 5) PVEM, 8.4 por ciento, y 6) PT, 5.5 por ciento.
Pero según las cuentas de Gobernación, el orden en tamaño de las bancadas sería: 1) Morena, con 49 por ciento de los diputados; 2) PVEM, con 15 por ciento de los legisladores; 3) PAN, con 14 por ciento; 4) PT, con 10 por ciento; 5) PRI, con 7 por ciento, y 6) MC, con 5 por ciento.
Al PVEM, que llegó en quinto lugar, le dan la medalla de plata, la segunda bancada más numerosa. Al segundo en votos, el PAN, lo vuelven tercero en la Cámara. Y al que llegó en sexto y último lugar, el PT, le dan la cuarta bancada. En cambio, al tercer y cuarto lugares en preferencias ciudadanas, los hacen penúltima y última bancadas en términos de números. Un desaseo.
Cuatro. Alterar la igualdad del voto ciudadano. Un principio básico de la democracia es: una persona un voto y cada voto vale igual. Pero con las cuentas de Gobernación, el PAN, por el que votaron 10 millones de ciudadanos, tendría 70 diputados: un diputado por cada 143.5 mil votos. Por el PRI sufragaron 6.6 millones de electores y si le tocan los 33 diputados que dice Gobernación, cada diputado implicaría 200 mil votos. Por Movimiento Ciudadano votaron 6.5 millones, y si le correspondiesen 23 diputados, por cada 282 mil votos tendría un diputado.
En cambio, por el PVEM votaron 4.99 millones y si recibe los 75 diputados que quiere Gobernación, tendría un diputado por cada 66.5 mil votos. El PT, con apenas 3.25 millones de votos, recibiría 50 diputados: un diputado por cada 65 mil votos.
Mientras el PT tendría un legislador por cada 65 mil votos, MC contaría con un diputado por cada 282 mil votos. Un voto ciudadano por el PT valdría dos veces más que un voto por el PAN, tres veces más que uno por el PRI y cuatro veces más que uno por MC. Así el abuso.
Cinco. Obtener una mayoría calificada en el Congreso que el voto no otorgó. México tiene un límite constitucional de 8 por ciento de sobrerrepresentación, que siempre implica subrepresentación, respecto a la voluntad depositada en las urnas. Si la coalición del gobierno tuvo el 58.4 por ciento del voto, con el tope constitucional podría llegar hasta 66.4 por ciento de legisladores, o sea, máximo 332 diputados, no más. No alcanzarían la mayoría calificada. Eso mandaron las urnas.