La decisión que este mes de agosto habrán de tomar las autoridades electorales en materia de integración de la Cámara de Diputados será la más relevante desde que en 1996 el Instituto Nacional Electoral adquirió su autonomía y de que el Tribunal Electoral fuese adscrito al Poder Judicial. De lo que resuelvan dependerá no solo el futuro del sistema electoral en sí, sino del régimen político y del modelo constitucional en su conjunto.
La postura del oficialismo para obtener una sobrerrepresentación parlamentaria de 20 por ciento altera el principio democrático de la igualdad del voto ciudadano.
El Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, en su Diccionario electoral, refiere en la voz de sobre y subrepresentación: “Uno de los principios básicos de la democracia representativa es el del voto igual: una persona/un voto. Este principio es coincidente con estándares y valores básicos de la democracia, como su carácter inclusivo, la igualdad de los ciudadanos y el voto universal.” Y añade: “La sobre- y subrepresentación afecta el valor o peso del voto de los electores.” El Diccionario puntualiza: “La sobre- y subrrepresentación no solo afecta el derecho al voto igual de cada elector o el derecho a una representación igual de cada habitante, sino que también tiene consecuencias políticas en la gobernanza, alterando el peso e influencia de los distritos en el proceso de decisión de políticas públicas, o generando ventajas a favor de algunos partidos políticos o corrientes ideológicas en detrimento de otras.”
Lo que se pretende que ocurra en México es un caso de libro de cómo se anulan los fundamentos de la democracia: lesionaría la igualdad del voto de los electores, dañaría el derecho a la representación y, al sobrerrepresentar al gobierno y subrepresentar a las oposiciones, se generaría una ventaja ilegítima de los partidos oficialistas en el Poder Legislativo.
Van cinco ejemplos de cómo se dañaría la igualdad del voto.
Uno. El 54.7 por ciento del voto ciudadano depositado en las urnas para la coalición gubernamental se traduciría, como se insiste desde Palacio Nacional, en 74.6 por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados, una sobrerrepresentación de 19.9 por ciento cuando la Constitución limita la diferencia en un máximo de ocho puntos. Morena y sus aliados recibieron 32.5 millones de votos, pero pretenden una representación equivalente a 44.3 millones de votos, es decir, como si hubiesen obtenido 11.8 millones de votos más en las urnas que en los hechos no consiguieron. Inflarían su representación en casi doce millones de votos.
Dos. Por opciones diferentes al oficialismo se depositaron 24.7 millones de votos ciudadanos. Pero la pretensión de que las oposiciones tengan solo 25.4 por ciento de la Cámara equivale a que las alternativas al gobierno hubiesen recibido solo 15.1 millones de votos, esto es, 9.6 millones de votos ciudadanos menos de los que en realidad sí tuvieron. El oficialismo quiere comprimir la representación del pluralismo y desaparecer o ignorar casi diez millones de votos que la ciudadanía les dio a las oposiciones.
Tres. El Partido Verde quedó en quinto lugar con 4.99 millones de votos (8.4 por ciento), ubicándose por detrás de los tres partidos opositores que conservan su registro: del PAN (que recibió 10 millones de votos, el 16.9 por ciento), del PRI (con 6.6 millones de votos, el 11.1 por ciento del total) y de Movimiento Ciudadano (que logró 6.5 millones de votos, el 10.9 por ciento). Pero en las cuentas del gobierno, el Partido Verde sería la segunda bancada en número de diputados en la Cámara. Sí, al quinto lugar le quieren dar la medalla de plata. En temporada olímpica eso sería una chapuza; en materia electoral también lo es.
Cuatro. El Partido del Trabajo fue el último lugar de los seis que conservan su registro, con 3.25 millones de votos, el 5.5 por ciento. El gobierno quiere que se convierta en la cuarta bancada, por delante del PRI que tuvo 3.37 millones más de votos que el PT y de MC que logró 3.24 millones de sufragios más.
Cinco. El sexto lugar, el PT tendría 50 diputados según la secretaria de Gobernación, es decir, un diputado por cada 65 mil votos. En cambio, el PAN tendría 70 diputados: uno por cada 143 mil votos; el PRI 33 diputados, uno por cada 200 mil votos, y MC 23 diputados, uno por cada 293 mil sufragios recibidos.
Así sería la afectación a la igualdad del voto ciudadano que pretende, con descaro, el gobierno.