Economía Política

México-Estados Unidos: entre proteccionistas y autoritarios

Estados Unidos vive el riesgo de una crisis. Incluso si la sortea, la relación bilateral será más complicada.

La democracia estadounidense puede precipitarse a una espiral autoritaria inédita con un nuevo triunfo de Trump. Su victoria tendría consecuencias perniciosas sobre todo el globo, incluidos Europa, Medio Oriente y Asia. Si Kamala Harris es electa, habría esperanza de que continúe la resiliencia democrática en Estados Unidos y una política exterior poco favorable a las autocracias.

Pero sea cual sea el resultado, hay temas donde demócratas y republicanos tienen menos diferencias: ambos anuncian un giro hacia el proteccionismo económico –uno, burdo y extremo; el otro, más selectivo– y comparten una honda preocupación por el tráfico de fentanilo. Dos temas delicados para México. No obstante, el gobierno de nuestro país toma medidas que pueden incrementar los desacuerdos y fricciones con Estados Unidos en esas materias. Veamos.

Primero. Ahuyentar la inversión. De por sí y a pesar de la expectativa del nearshoring, la inversión foránea nueva a México no despega e, incluso, cae. La CEPAL, en su informe sobre inversión extranjera en América Latina de 2024, señala que en 2023 México recibió “un monto de 30,196 millones de dólares, lo que marcó una disminución del 23% en comparación con 2022. Esta caída se atribuye principalmente a las significativas disminuciones de los ingresos en forma de aportes de capital, que cayeron un 72% y alcanzaron su nivel más bajo desde 2012 […]. Además, los préstamos entre empresas también experimentaron una disminución de casi el 130%, e incluso llegaron a registrar entradas negativas.”

Ahora, encima, se impone de forma unilateral la reforma al Poder Judicial que genera alta incertidumbre para las inversiones y los negocios.

Segundo. Complicar el capítulo laboral del T-MEC. Conviene tener presente, de cara a la renegociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que uno de los asuntos más sensibles en la agenda de los demócratas y los sindicatos norteamericanos es la justicia laboral en México. En ese tema ya íbamos con rezago. En 2022, se designó por concurso de oposición público a los primeros 50 jueces de distrito especializados en la materia del trabajo, que sustituían a las anteriores Juntas de Conciliación y Arbitraje, pero no todos han sido adscritos a juzgados (véase nota de Ulises Soriano en La Razón, 04-11-24). Dichos jueces no han comenzado siquiera sus labores en un tribunal laboral pero, por la reforma judicial, serán removidos y desplazados por personas electas. Se contraviene el compromiso de tener un sistema de justicia laboral imparcial y profesional.

Incluso en el escenario de un triunfo de Kamala Harris, que fue uno de los diez votos en el Senado contra el T-MEC, la negociación del tratado se dificulta para México por la reforma judicial. Complicar las exportaciones por una reforma innecesaria es un severo desacierto para una economía como la mexicana, donde las ventas al exterior ya aportan cuatro de cada diez pesos del Producto Interno Bruto.

Tercero. Narcotráfico: acrecentar la desconfianza entre gobiernos. En México no se ha comprendido la gravedad de la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Es la pandemia de opioides más grave de su historia, con 110 mil muertes al año, más que en cualquier conflicto bélico. Es, obviamente, un tema de seguridad nacional para los estadounidenses. Hay un problema de demanda allá, pero también de oferta desde México con productos que usan precursores que provienen de China y que, por tanto, hacen del tema un asunto geopolítico.

Sinaloa es hoy foco de atención por la violencia. Pero no es la única entidad donde los límites entre el poder político y el crimen organizado son tenues o inexistentes; se pueden agregar Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Tamaulipas…

Con la reforma judicial, esos gobernadores postularán a un tercio de los candidatos a ocupar cargos de jueces y magistrados locales, y los poderes fácticos incrementarán su control e influencia. El embajador Ken Salazar hizo explícita la inquietud norteamericana: “Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas” (22-ago-24). Otra voz ignorada.

Estados Unidos vive el riesgo de una crisis. Incluso si la sortea, la relación bilateral será más complicada. Ello exige una alta dosis de responsabilidad del gobierno de México que, en cambio, persiste en su ruta ciega hacia el autoritarismo autárquico.

COLUMNAS ANTERIORES

Desfigurar la Constitución al pie de la letra
Reforma energética: primero los fósiles

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.