Solo 40 por ciento de los programas sociales del gobierno tiene indicadores que permiten una adecuada evaluación de su desempeño, por lo que el grueso de la política social que despliega la Administración Pública Federal aún carece de los indicadores pertinentes para conocer si en efecto se contribuye a mejorar la calidad de vida de la población.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), además de medir la pobreza, tiene entre sus atribuciones legales la central función de seguir la política y los programas sociales del gobierno y de aprobar los indicadores respectivos año con año. Veamos este último caso.
El Informe de Aprobación de Indicadores de los Programas de Desarrollo Social 2024 da cuenta de que existen 58 programas del gobierno federal. La Ley de Desarrollo Social ordena al gobierno generar indicadores para medir la cobertura, calidad e impacto de tales programas. A partir de ahí, el Coneval evalúa si los indicadores son relevantes, adecuados, claros y monitoreables (medibles y verificables). Luego, valora la pertinencia temática de los indicadores (si aportan información efectiva) y su factibilidad técnica (si hay un buen método de cálculo y medios de verificación) para cada programa social. Finalmente, el Consejo emite el dictamen de aprobación de indicadores.
Como señala el informe del Coneval, “idealmente, un programa social que tenga indicadores que cumplan con los criterios de calidad, sean relevantes temática y técnicamente viables, recibirá un dictamen de aprobación directa”; en 2024 fueron 23 programas con dicha aprobación, el 40 por ciento. En segundo, lugar están los programas que aún no cumplen “con los criterios mínimos necesarios en materia de diseño y consistencia para medir los objetivos del programa social” y, por tanto, reciben una aprobación condicionada: se trata de 28 programas (48 por ciento). Y, finalmente, están los programas cuyos “indicadores aún no cumplen con los criterios mínimos de diseño y consistencia; requieren cambios para que puedan medir los objetivos del programa social”. Son siete programas en 2024 (12 por ciento) que, al carecer de esos indicadores mínimos, operan prácticamente a ciegas, ya que no aportan información indispensable de su población beneficiaria, de sus resultados, de sus impactos.
Entre los programas con indicadores bien diseñados, destaca el de adultos mayores. En cambio, Jóvenes Construyendo el Futuro apenas alcanzó la aprobación condicionada en 2024, así que operó cinco años sin cumplir con indicadores mínimos a pesar de recibir ingentes cantidades de presupuesto público.
También se ubica en aprobación condicionada el programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, esto es, los servicios de salud del IMSS-Bienestar con los que se quiso contrarrestar la exclusión de millones de personas de servicios médicos tras la desaparición del Seguro Popular. El principal programa de salud del gobierno federal no genera indicadores de buena calidad para su seguimiento.
Los programas sociales peor evaluados en la información que producen son, por ejemplo, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez de la SEP, el Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud de la Secretaría de Salud y el de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
La evaluación del Coneval no es punitiva, sino correctiva. No se limita a emitir dictámenes, sino que trabaja con las dependencias públicas, las capacita y colabora para que mejoren el diseño de sus indicadores, políticas y programas sociales. Tan es así que el número de programas con aprobación directa venía mejorando cada sexenio, incluido el anterior: empezó con solo 11 por ciento de programas con aprobación directa y llegó a 40 por ciento.
Sin embargo, el gobierno ha decidido eliminar al Coneval. Se desechan conocimiento, experiencia y destreza técnica institucionales. Sus tareas pasarán al Inegi, que carece de experiencia en evaluación de política social.
No deja de ser paradójico que el actual gobierno busque fijar en la Constitución el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que a seis años de ejercer recursos no tiene siquiera indicadores de calidad suficientes para medir su pertinencia e impacto, mientras que desaparece una acreditada institución como el Coneval.
La destrucción autoritaria continúa.