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La más reciente encuesta del Banco de México sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, que corresponde a octubre y se publicó el 1 de noviembre, muestra que la incertidumbre política interna es el principal factor que, de acuerdo con los analistas consultados, podría obstaculizar el crecimiento económico en los próximos seis meses, con un 17 por ciento de las respuestas. Le siguen los problemas de inseguridad pública (15 por ciento), la plataforma de producción petrolera (12 por ciento), la inestabilidad política internacional (7 por ciento) y la incertidumbre cambiaria (6 por ciento). En la encuesta previa del Banco de México, del mes de septiembre, la incertidumbre política (12 por ciento) iba detrás de los problemas de inseguridad pública (18 por ciento) y de la plataforma de producción petrolera (13 por ciento). Así que, en un mes, la incertidumbre política se colocó como el principal factor que puede ser obstáculo para la economía, según los expertos consultados por Banxico. El 1 de julio de 2018 el país vivirá las elecciones más nutridas de su historia, cuando se renovarán la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y habrá además votaciones concurrentes en 30 entidades federativas, para dar un total de 3,406 cargos de elección popular en disputa. El proceso electoral está en curso, sus etapas clave se acercan y ello puede explicar que la variable política se haga más relevante en los análisis económicos. Bien vistas las cosas, la certeza de la celebración de elecciones que permiten la renovación pacífica e institucional del poder político, debería de ser uno de los activos para la estabilidad económica del país. Para ello, México ha edificado un conjunto de normas, procedimientos e instituciones electorales para asegurar la libertad y efectividad del sufragio (que pasan por un padrón electoral confiable, una autoridad electoral constitucionalmente autónoma supervisada por partidos y ciudadanos, un Tribunal especializado del Poder Judicial para resolver controversias, la operación del conteos rápidos y de Programas de Resultados Electorales Preliminares para ofrecer información pública cierta la noche de la jornada electoral, y un largo etcétera), que dan pie a la existencia de la única incertidumbre legítima en democracia: el resultado de la voluntad popular depositada en las urnas. Ahora bien, ello no despeja que la enorme energía social que implican las elecciones, que el grado de crispación que puedan sembrar las campañas, que la cantidad de intereses en liza, puedan generar incertidumbre y preocupación. Por ello, todo lo que institucional y políticamente se pueda hacer para contribuir a la certeza del conjunto de actores, económicos y no sólo ellos, debe ser bienvenido. Y, viceversa, la responsabilidad debería de cerrar paso a acciones e iniciativas que, al calor de la contienda y en pleno proceso electoral, puedan poner en duda las reglas del juego democrático. Así lo prevé la Constitución en su artículo 105, que señala a la letra: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. El proceso electoral en curso inició el 8 de septiembre pasado, por lo que el tiempo para una reforma en la materia se venció, constitucionalmente, el 8 de junio anterior. No obstante, tras el sismo del 19 de septiembre, distintos actores políticos han hecho público su interés por cambiar las reglas de financiamiento de las campañas electorales (definidas en el artículo 41 de la propia Carta Magna), e incluso para modificar la integración del Congreso de la Unión. Más allá de la opinión que merezcan tales iniciativas (para mí es un riesgo hacer depender el financiamiento de la política de recursos predominantemente privados, ni es correcto cercenar la expresión formal de la pluralidad política en el Legislativo eliminando plurinominales), lo cierto es que se presentan como cambios a las reglas cuando el juego ya comenzó. Y eso es contribuir directamente ya no a la incertidumbre sino, incluso, a la inestabilidad: ¿qué juego jugamos si las reglas se modifican en su transcurso? México tiene serios problemas en su presente, como la inseguridad pública, que se suma a los ancestrales de la pobreza y la desigualdad. Las elecciones son parte de la solución a los problemas en tanto ofrecen un cauce cierto, legal, para la renovación en paz del poder. Evitemos que las elecciones sean parte de los problemas, lo que pasa por no abrir en medio del proceso electoral la caja de Pandora de una nueva reforma, porque ello además sería contrario a la Constitución. Los tiempos exigen responsabilidad. *Economista, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Twitter: @CiroMurayamaINE