La tragedia de San Antonio nos ha alertado una vez más de la trágica forma como se realiza la migración hacia Estados Unidos de ciudadanos mexicanos y centroamericanos, la respuesta ha sido culpar a los traficantes encargados de cruzar a los migrantes. Es una forma de no asumir responsabilidades por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Sin embargo, la raíz del problema radica en la debilidad del mercado laboral de México y de Centroamérica, ya que los migrantes se ven forzados a emprender el camino porque no encuentran un trabajo decente en su lugar de origen. Es un problema estructural que requiere enfrentarse desde las raíces, y de forma coordinada con las autoridades estadounidenses.
Por parte de México requiere reconocerse que 17.8 millones de personas trabajan en condiciones críticas de subsistencia, estas cifras representan un máximo histórico desde que se tiene registro, es decir, desde 2005. Es así como de las más de 56 millones de personas que laboran en el país, uno de cada 3 trabaja en condiciones precarias, de acuerdo con datos del INEGI. Una tercera parte de la población ocupada labora más de 48 horas semanales, pero gana sólo dos salarios mínimos cómo máximo al día.
La búsqueda de un trabajo decente motiva a muchos mexicanos a migrar; de acuerdo con el INEGI, entre 2015 a 2020, los mexicanos que migraron alcanzaron los 802,807 personas y lo hicieron principalmente de Guanajuato, con 7.8%, le sigue Jalisco con 7.5%; Michoacán, con 6.3%; Estado de México y Ciudad de México, con 5.4% cada una. Esto muestra que cada año, en promedio, 160 mil mexicanos optan por migrar para buscar mejores condiciones de vida.
Estos datos deberían obligar al gobierno de México a asumir su responsabilidad de mejorar las condiciones de trabajo, creando más empleos decentes para evitar que tuvieran que migrar en búsqueda de mejores condiciones en otras latitudes. Esto nos lleva al corazón del problema en México, no se invierte lo suficiente, el coeficiente de inversión es apenas de 19 por ciento, que comparado con otros países es sumamente bajo, si se compara con China, que es de 44 por ciento; Noruega, 30 por ciento e incluso en América Latina, Chile invierte el 25 por ciento. Con bajos coeficientes de inversión no se puede generar empleos decentes, y esto debiera mover al gobierno mexicano a repensar su estrategia. Se requiere que el gobierno invierta más, su coeficiente de inversión es apenas del 2 por ciento del PIB. La situación se vuelve aún más crítica al observar que sectorialmente la inversión se concentra en las manufacturas y el resto de los sectores cuenta con una baja inversión. Esto muestra la necesidad de establecer mesas de concertación para la inversión y creación de empleos decentes, la Secretaría de Economía podría realizar esta tarea coordinadamente con la Secretaría del Trabajo. El programa de “Jóvenes construyendo el futuro” es insuficiente, como muestra la migración que se realiza, gran parte de los migrantes son jóvenes que no han encontrado acomodo dentro de la economía. No se trata de desechar el programa, sino de ampliarlo o rediseñarlo para que pueda garantizar la permanencia de los jóvenes en México y evitar que tengan que salir a buscar acomodo en otros países.
El proceso de reordenar el mercado laboral requiere de igual forma un acuerdo con las autoridades estadounidenses y canadienses. Estados Unidos requiere de la mano de obra mexicana y centroamericana, sin embargo, ha restringido su entrada. Se vislumbra que en la visita que realizará el presidente López Obrador a Estados Unidos se anunciará un programa de migración por 300,000 visas de trabajo para mexicanos y centroamericanos, de las cuales, 150,000 serán para mexicanos. Este programa, de concretarse, podría ser un primer paso para ordenar el mercado laboral de América del Norte, se requiere una estrategia de mediano plazo para evitar que la tragedia de San Antonio se repita. Para ello, requerimos aceptar que existe, de un hecho, un mercado laboral conjunto y que el mismo requiere ser ordenado para evitar que caiga en manos del tráfico de personas, sin embargo, requerimos asumir que la responsabilidad esencial de brindar trabajo decente recae en el gobierno mexicano y por lo mismo, requerimos recrear la institucionalidad laboral que hoy existe y no dejar que el mercado defina la suerte de los jóvenes que son la mayor riqueza con que cuenta el país.