Clemente Ruiz Duran

Una reflexión para 2030

‘Horizontes 2030 para el desarrollo’, de la UNAM, propone estrategias con un enfoque estructuralista para el progreso nacional.

El día de ayer, en la Coordinación de Humanidades de la UNAM se presentó el nuevo Informe del Desarrollo del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, bajo el nombre de ‘Horizontes 2030 para el desarrollo’, el cual propone estrategias con un enfoque estructuralista para el desarrollo nacional en México con miras a 2030, enfocándose en la creación de políticas públicas que atiendan problemas crónicos como el crecimiento económico, la pobreza, la desigualdad y los desafíos exacerbados por la pandemia de COVID-19. Bajo esta perspectiva, las propuestas se estructuran en cuatro secciones: 1) Desarrollo, crecimiento, ingreso y empleo; 2) Bienestar y cuestión social; 3) Ambiente y territorio; y 4) Paz, gobierno y visión del desarrollo.

Inicia destacando la necesidad de construir una estrategia participativa y democrática que priorice los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y refuerce el papel del Estado como promotor del desarrollo. Esto incluye recuperar la inversión pública, promover empleos formales y generar un marco macroeconómico que fomente la igualdad. Se señala que México no está en camino de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero aún es posible desarrollar una estrategia hacia 2030 que promueva políticas de desarrollo sostenibles y participativas. Para ello, es crucial que el Estado recupere su papel central en la promoción del crecimiento inclusivo y de calidad, apoyado por una mayor inversión pública y reformas fiscales progresivas. Asimismo, se subraya la importancia de superar las limitaciones institucionales para mejorar la inversión pública, y se enfatiza la necesidad de formalizar el empleo y ampliar la cobertura de seguridad social para lograr un desarrollo sostenible.

En la segunda sección aborda la desvinculación entre la política económica y la social, enfatizando la urgencia de un enfoque unificado que priorice el bienestar de la población. Se subraya la importancia de garantizar derechos económicos, sociales y ambientales, proponiendo reformas en sistemas de salud, seguridad social y educación para superar desigualdades. El texto aborda la desconexión entre las políticas económicas y sociales en México, subrayando la necesidad urgente de armonizarlas para enfrentar tanto las deudas sociales históricas como los nuevos desafíos. Los autores proponen que el Estado recupere su rectoría para garantizar derechos y fomentar el cambio social. Para ello, es esencial que el desarrollo se enfoque en el bienestar de la población, abordando problemas clave como pobreza, desigualdad y marginación. Se enfatiza la importancia de construir consensos para diseñar nuevas arquitecturas institucionales que ofrezcan una cobertura universal en salud, pensiones, educación y acceso a servicios básicos. También se señala la necesidad de un sistema de salud público moderno y de calidad, así como de un sistema educativo que cierre la brecha entre los derechos constitucionales y la realidad. Además, se destacan los “nuevos riesgos sociales”, como las violencias, y se aboga por un Estado que asegure justicia, verdad, y promueva la democracia y territorios habitables para todos.

En la tercera sección, se discuten los retos ambientales y territoriales de México, como la necesidad de una planificación territorial que promueva la cohesión social y el desarrollo sostenible. Se propone una visión de ciudades más inclusivas y resilientes, así como la importancia de abordar los riesgos socioambientales con políticas públicas adecuadas.

Finalmente, la cuarta sección explora la relación entre el desarrollo sostenible y la buena gobernanza, proponiendo diez ejes clave para fortalecer las instituciones democráticas y promover un gobierno transparente, equitativo y participativo. También se resalta la importancia de considerar el concepto de nación transterritorial para integrar a la población mexicana en el extranjero en el desarrollo del país.

El informe concluye que, para alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible, es esencial un Estado fuerte y coordinado, capaz de impulsar políticas públicas que respondan a las complejas realidades sociales, económicas y ambientales de México.

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