Por Cristian García de Paz, Director Ejecutivo de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, PROCCYT.
Nada resulta más ineficaz para un gobierno que definir metas y objetivos y luego tomar decisiones que obstaculizan el camino para lograr lo que se propone. Esta situación adquiere tonos de urgencia en el campo mexicano, sector que hoy contribuye con 9.4 por ciento del PIB, que desde 2015 ha tenido una balanza comercial superavitaria, que es el décimo productor mundial de alimentos y el séptimo en exportaciones en ese rubro. Hoy, el sector agropecuario es la segunda fuente de divisas del país, por arriba del petróleo, y los ingresos del turismo, al generar casi 40 mil millones de dólares en 2020, solo por debajo de las remesas enviadas por nuestros paisanos que viven en Estados Unidos.
Las contradicciones de la política pública para el campo ponen en riesgo estos números y deben ser corregidas, si no queremos ver cada vez más lejos el objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria, meta que la propia Subsecretaría que lleva su nombre, estima podría lograrse en 20 años, con los programas de transición agroecológica y la eliminación de la agricultura a gran escala.
Así, la primera contradicción de la política agrícola del gobierno es, plantearse el objetivo de la autosuficiencia, implementando medidas que restringen la aplicación del único modelo que ha garantizado una producción de alimentos ascendente, es decir, el modelo agroindustrial: mientras de 1994 a 2020 la población nacional creció en 43 por ciento, la producción agrícola lo hizo en 87 por ciento, con tan solo un 14 por ciento de incremento en la superficie cosechada. Por lo tanto, se produce más del doble del crecimiento poblacional sin un incremento significativo de la frontera agrícola.
Valga señalar que, no se trata de favorecer un modelo para excluir otro; ambos de hecho coexisten, no obstante, debe reconocerse que el “modelo agroecológico” no tiene la capacidad para garantizar la producción de alimentos que el país demanda.
Medidas como limitar la importación de herbicidas como el glifosato, indispensables para el control de malezas, previniendo pérdidas de los cultivos de hasta un 40%, así como tener más de dos mil trámites rezagados en COFEPRIS, limitan el portafolio de insumos y opciones para la protección de cultivos, impactando negativamente la productividad de la agricultura nacional.
La segunda contradicción del gobierno es, acotar la producción agroindustrial argumentando el cuidado a la salud y la protección al medio ambiente, sin aportar ninguna evidencia científica sólida al respecto y, sobre todo, sin actuar para detener la proliferación de plaguicidas ilegales, adulterados, de contrabando y sin registro sanitario, productos que sí atentan contra la salud humana de trabajadores agrícolas y consumidores, y también contra el medio ambiente y los mercados.
El Observatorio Nacional Ciudadano ha calculado que los productos ilegales en el mercado nacional alcanzan un valor de más de 4 mil millones de pesos; no se entiende, por tanto, que se implementen medidas en contra de productos que cuentan con las debidas autorizaciones, y se haga oídos sordos al verdadero peligro que son los plaguicidas piratas.
La tercera contradicción de la actual administración es que, mediante el decreto del 31 de diciembre pasado, decidió eliminar gradualmente el uso del glifosato, un herbicida clave en la agricultura y además catalogado por las propias autoridades, con banda verde, es decir, de baja toxicidad. Por su parte, el decreto mandata que se tendrán que buscar sustitutos a dicho herbicida para el año 2024, no obstante, NO se destinan recursos, ni hay presupuesto para la investigación que, se supone, deberá encontrar una alternativa al herbicida más utilizado a nivel mundial.
Basta un solo dato para dimensionar el alcance de la investigación científica en Europa. Bayer destinará 5 mil 635 millones de dólares (casi 120 mil millones de pesos) para desarrollar una alternativa al glifosato para el lapso 2019-2029 y ¿el CONACYT? Todo indica que no ha destinado recurso alguno, a pesar de tener establecido el cumplimiento de dicho plazo hacia el 2024. El presupuesto total de CONACYT para este año fue de 26 mil millones de pesos (de los cuales 10 mil millones corresponden a becas y otros 10 mil para el Sistema Nacional de Investigadores y Centros en los estados). Para 2022 asciende a 29 mil 500 millones de pesos. ¿Así se encontrará un sustituto al herbicida más eficaz, más barato y más seguro que existe?
Por último, dos datos reveladores: de enero a julio de este año, México gastó 4 mil 317 millones de dólares en la compra de granos básicos a otros países. El nivel de dependencia alimentaria que la FAO recomienda a los países es de 25 por ciento. Nuestra nación, ya rebasa esa cifra en granos básicos como maíz y trigo. La pregunta central es si con las contradicciones de la política para el campo de este gobierno, se podrá lograr la tan ansiada autosuficiencia alimentaria, en un sector al que se está castigando con decisiones contradictorias que hacen dudar, si incluso en 20 años se podría alcanzar la meta que la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria ha calculado.