Carlos Rodríguez Sámano.
El sector eléctrico no tiene que ser un fin en sí mismo, sino un facilitador del desarrollo económico. Contar con un parque de generación eléctrica moderno y con una red eléctrica que lleve la electricidad limpia y barata a todos los rincones del país es un elemento clave para la integración regional y para la atracción de inversiones productivas que generen empleo y bienestar a todos los mexicanos.
En los últimos 20 años, las empresas privadas de generación eléctrica en México han colaborado con la CFE para llevar a la mayoría de los mexicanos la electricidad que necesitamos. Además, las empresas privadas de generación eléctrica en México tienen una contribución social importante, ya que en ellas no solo participan mujeres y hombres con un alto compromiso con México, sino que además generan empleos de alto nivel de especialización, dejando una contribución social relevante en las comunidades donde operan. No tiene sentido echar todo este trabajo por la borda, ni hipotecar un futuro donde los jóvenes puedan aspirar a desarrollarse en una empresa eléctrica privada o en la CFE o donde quieran iniciar un negocio ligado al sector eléctrico. Las nuevas tecnologías y la electrificación de la economía están revolucionando industrias como la aeronáutica, automotriz, logística.
De esta forma, las empresas han realizado inversiones en infraestructura eléctrica en estricto apego a las normas dictadas por el Estado mexicano, respetando lo que ordenan la Constitución y las leyes que de ella emanan.
¿Por qué la iniciativa en debate pone en entredicho los principios legales?
En primer lugar, porque pone en riesgo las garantías y principios constitucionales de legalidad, debido proceso, seguridad, salud, derecho a un medioambiente sano, certeza jurídica, así como el principio de irretroactividad.
Segundo, un sector controlado y regulado por un conjunto de instituciones que fomenten la competencia y el piso parejo, pasaría a estar supeditado al arbitrio de una sola empresa, la CFE. México ha librado importantes batallas para despersonificar las decisiones que tienen impacto en la vida de cada mexicana y mexicano, así como fortalecer las instituciones dándoles autonomía administrativa y técnica.
En tercer lugar, pone en entredicho los compromisos internacionales que ha adquirido el Estado mexicano en materia de sostenibilidad y protección al medioambiente, incluidos los de cambio climático. Además, va contra tratados comerciales que protegen la inversión extranjera y atenta contra la competitividad de México en el escenario global.
Cuarto, afecta la protección a derechos humanos reconocidos por la propia Constitución bajo principios de progresividad y convencionalidad.
Bajo el concepto ‘fortalecer a la CFE’, se desaparece a través de reformas legales a sus competidores y a los reguladores como árbitros independientes, con lo que el derecho a la libre competencia consagrada en el artículo 28 constitucional se ve vulnerado.
Partamos del acuerdo: debemos tener un Sistema Eléctrico Nacional sólido minimizando los riesgos que un mundo globalizado tiene sobre la seguridad y soberanía energética; seamos honestos, eso no se resuelve con otorgar discrecionalidad a la CFE en las decisiones ni al vulnerar el Estado de derecho.
En suma, la pregunta que debemos hacernos no es solo cómo fortalecemos a la CFE, sino cómo fortalecemos a México, cómo lo hacemos transitar de la mejor forma hacia un futuro más electrificado, con regiones económicas más prósperas, y más limpio. Las mejoras que requiere México serán aquellas que logren movilizar recursos que requiere el Sistema Eléctrico Nacional para ser más resiliente, de bajas emisiones y competitivo.
La decisión está en tener un Sistema Eléctrico Nacional que apunte a un mejor futuro para todos o a un pasado que dejaría a México fuera del concierto global.
El autor es secretario del consejo de directores de la Asociación Mexicana de Energía, A.C. En los últimos 19 años ha desarrollado experiencia en el sector de la energía en las actividades relacionadas con la distribución, comercialización, transporte y demás actividades reguladas en materia de hidrocarburos, y en actividades relacionadas con el desarrollo y operación de proyectos eléctricos.