Sólo se aprecia lo que se tiene cuando se pierde. Tal vez por ello no se ha reparado lo suficiente en una de las consecuencias que conllevaría la imposición del modelo energético retrógrada, contrario al interés popular y claramente lesivo de la competitividad, que derivaría de la ineficacia de la impugnación judicial de la Ley de la Industria Eléctrica impuesta por la mayoría oficialista, o peor aún, de la improble aprobación de la contrareforma constitucional en materia energética, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Podríamos pasar de vecinos estratégicos a vecinos incómodos. El daño ocasionado por el tránsito a esa condición degradada sería inconmensurable.
Históricamente la relación de México con Estados Unidos ha sido difícil. El periodista norteamericano Alan Riding definió la relación de México y Estados Unidos como la de vecinos distantes. Cerca, pero lejos.
Todo cambió a raíz de que se anunciaron las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. La relación con el poderoso vecino del norte se fue transformando. Sin dejar de ser una relación complicada, el vínculo bilateral fue limando sus aristas. El asunto prioritario era –y sigue siendo- el problema migratorio. Conforme fueron transcurriendo las décadas del siglo XX, el narcotráfico fue convirtiéndose en un tema central. La situación se tensó al máximo con el asesinato en México de un agente de la DEA, en los años ochenta. No sólo éramos vecinos incómodos sino incluso vecinos enfrentados.
El Tratado de Libre Comercio nos transformó en socios de la mayor potencia económica del mundo, con sus riesgos, retos e inmensas oportunidades. A partir de entonces, el clima se fue tormando en un ambiente constructivo, de complementariedad y entendimiento.
Desde entonces, mediados de los años noventa, no habíamos tenido un momento de tensión como el que se vive actualmente a resultas del empeño del gobierno de López Obrador de imponer una reforma energética que terminará dañando al consumidor y que contraviene disposiciones asentadas en el TMEC.
Desde principios de año delegaciones mexicanas y norteamericanas han realizado encuentros de alto nivel, hasta llegar a la insólita visita de John Kerry a México la semana pasada. No recordamos haber visto que un presidente norteamericano enviara a un delegado especial para transmitirle a un presidente mexicano, una semana antes de que se vote una iniciativa en el Congreso, que la reforma que promueve tiene muy preocupado al gobierno norteamericano. La reacción del presidente mexicano ante esta presión ha sido preocupante: la niega, la minimiza, se envuelve en la bandera de la soberanía. La tensión es real.
La batalla por el futuro energético del país se escenifica en dos frentes: en el ámbito legislativo y en la arena jurisdiccional.
En el terreno legislativo ha cambiado la situación de manera radical. El lunes 4 de abril se presentó en comisiones el dictamen de la propuesta del Presidente, que básicamente la deja intocada. En comisiones avanzará sin problema y se presentará ante el pleno, en donde necesita dos tercios de los votos para aprobarse. Votos con los que el oficilismo no cuenta: los presidentes de los tres partidos y sus coordinadores parlamentarios anunciaron en la misma fecha y de forma definitiva, que todos los legisladores de la coalición votarán en contra de la propuesta presidencial de contrarreforma constitucional energética.
La tensión por lo tanto se ha trasladado ya a la Suprema Corte de Justicia. El próximo jueves habrá de dirimirse la validez constitucional de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, la llamada ‘ley Bartlet’.
El oficialismo parece contar con al menos cuatro votos claramente afines a su pretención. Se trata de los ministros que en su momento postuló el Presidente al máximo tribunal, aunado a la afinidad del presidente de la Suprema Corte, que ha acompañado las visiones del Poder Ejecutivo en votación decisivas.
En Estados Unidos se sigue con mucha atención lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se teme que amparado en un tecnicismo y rehuyendo el fondo del debate constitucional, no se haga la declaratoria de invalidez de la ‘ley Bartlett’. Eso dañaría seriamente la credibilidad en la vigencia del Estado de derecho en nuestro país y terminaría por diluir el papel del Poder Judicial como contrapeso.
Lo que ministros y legisladores deben tener muy claro, es que del resultado de las batallas jurisdiccional y legislativa se definirá la pertinencia del modelo energético para el desarrollo y la competitividad nacional, pero que además, va a definir la relación con nuestro socio y vecino en los próximos años.
¿Serán capaces unos y otros de entender la gravedad de la coyuntura en la que se encuentra México? La invasión rusa a Ucrania abre al mundo nuevas perspectivas. El pasivo papel de China ante la invasión rusa a Ucrania le cerrará oportunidades en los mercados internacionales, que México bien podría aprovechar. Se trata de una oportunidad única e irrepetible.
Sería en verdad desastroso para México abandonar la condición de vecino estratégico que fuimos conquistando frente a Estados Unidos. Podríamos convertirnos en un vecino incómodo, pobre, sin régimen democrático, dominado por las fricciones migratorias y de narcotráfico.
El desenlace de la batalla jurisdiccional y del proceso legislativo en curso en torno a la reforma energética constituirá dudas, un enorme desafío a la hasta ahora fructífera y sólida relación con Estados Unidos de América. La suerte de la relación bilateral, hoy está a prueba.
* Gustavo de Hoyos es abogado y cofundador de Sí por México.