Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco
En los últimos meses, hemos resentido el alza de precios en nuestros bolsillos; es evidente que con la misma cantidad nos ajusta para menos. Y es que el Plan Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) del gobierno federal no está cerca de mitigar el golpe inflacionario para los consumidores, principalmente porque en los productos contemplados no se ha visto un impacto real en sus precios.
Con los productores pasa lo mismo; la diferencia es que la inflación para ellos fue de 10.52 por ciento en su último corte de junio, manteniendo sus niveles por encima del consumidor, lo que ha presionado aún más los costos para las empresas.
Esto le está pegando a todos los sectores y tamaños de las unidades productivas, siendo las Pymes las más afectadas por tener un margen menor en la contención de precios; sin embargo, la situación actual de alza termina por alcanzar también a las grandes empresas, primero porque sus márgenes de ganancia se pulverizan con los costos productivos y, segundo, porque ante el incremento de costos se disminuye la producción, generando escasez y por lo tanto más aumento en los precios.
Y así, la cadena termina por sumar eslabones en una longitud en la que el fin no parece terminar en este 2022.
SEGURIDAD, ¿QUIÉN LA PAGA?
A esta realidad inflacionaria hay que sumarle un costo que destapa otros frentes y que ha sido un escenario para las y los empresarios que sortean extorsiones, cobro de piso y robo de mercancía, lo que desincentiva la producción, aleja futuras inversiones y obliga a trasladar los precios a los productos, o simplemente bajar la producción de los mismos o cerrar sus cortinas.
En la última entrega de Data Coparmex, el 50 por ciento de los socios encuestados manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de delito, destacando el robo de mercancías, dinero o equipo en tránsito con 23.5 por ciento y extorsión y cobro de piso con 15.6 por ciento. El robo de mercancía es preocupante porque genera mercados negros que ofertan los productos hurtados por debajo de su precio comercial y, por consiguiente, la empresa asume el costo, no le quedará de otra; por su parte el hostigamiento de grupos de la delincuencia a los productores mediante cuotas, representa un costo más que se va considerando como un impuesto adicional a los ya agregados por disposición federal.
En general, cualquier contexto que ponga en riesgo la seguridad, representará un costo extra para las empresas, para muestra los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) destacando que la inseguridad cuesta a las empresas 225.9 mil millones de pesos, situación que termina por disminuir o eliminar la producción, aumentando los precios y/o generando escasez según sea el caso. Entonces, ¿quién termina pagando el precio de la inseguridad en esta cadena? ¡Todos! Porque al final, este eslabón se une con una serie de obstáculos que alejan a los productores de un ambiente de competitividad. #OpiniónCoparmex