La intensa agenda temática que se aproxima al Congreso de la Unión para su descargo es diversa, y a la vez, importante rumbo al final del periodo de gobierno de la actual administración, encabezada por el presidente de la República. El interés que despiertan muchos de estos temas deberá ser, seguramente, materia de análisis y discusión para el círculo rojo nacional y por supuesto, para la ciudadanía.
En medio de este abanico de asuntos por revisar, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional ha causado especial interés entre la opinión pública, debido a los antecedentes que en otros países ha generado la utilización de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública. Las preocupaciones no son menores, si se toma en consideración, de igual forma, que durante administraciones pasadas el ejército no gozaba de credibilidad y respaldo en su actuación después de haber tenido numerosos escándalos por quejas en el cumplimiento de los Derechos humanos.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que lo que conviene para garantizar la seguridad pública al país “es que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
De ahí su persistencia en que fuera aprobada una iniciativa de ley encaminada a ese objetivo y corresponderá al poder Legislativo, aprobarla; y en caso de que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizar si es o no constitucional su implementación. Esto, a pesar de ser aprobada, seguramente sucederá debido a la posición que ha mostrado la oposición.
El presidente Andrés Manuel ha dicho, “no me puedo quedar con los brazos cruzados porque tengo una responsabilidad con el pueblo de México, tengo la encomienda de garantizar la paz y que haya tranquilidad”. Asimismo, ha contextualizado que su decisión se debe a un cambio de opinión desde su postura inicial, debido a la situación actual que se enfrenta en el tema de la seguridad en el país: “Sí, cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron…Pero, imagínense, qué íbamos a hacer con la Policía Federal porque de la Policía Federal salieron todos los que están en la cárcel o acusados de tremendas violaciones a Derechos Humanos”.
Además de lo anterior, otro de los argumentos principales para defender la actuación de la Guardia Nacional y su preservación bajo la doctrina castrense, es que, hasta ahora, han tenido un número muy discreto de recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, esta situación no es así, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, el organismo que comanda Luis Rodríguez Bucio, registró para el año 2020 un total de 350 quejas. Durante 2021, el número de casos en contra de la GN se incrementó en 44%, registrándose un total de 504 casos. Mientras que, de enero a mayo de este año, se cuenta con un registro de 202 quejas.
Clasificación por entidad y tipos de reclamos
En lo que va de este 2022, la CDMX concentra el mayor número de quejas contra la GN, con 21; en segundo lugar, se encuentra Guanajuato, con 18, y en tercer lugar está Oaxaca, con 14.
En el otro extremo, Querétaro, Durango y Colima han documentado solamente una queja, respectivamente, durante los cinco primeros meses de este año.
En la capital del país, los hechos violatorios con mayor número de quejas a la Guardia Nacional fueron: prestar indebidamente el servicio público, le sigue faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, y trato cruel, inhumano o degradante. En otros estados esta situación es más grave. En el caso de Guanajuato, emplear arbitrariamente la fuerza pública fue el primer hecho violatorio, mientras que, en Oaxaca, fue faltar a la legalidad y honradez.
Todo lo anterior se refleja en la falta de respaldo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la cual rechazó la aprobación en la Cámara de Diputados de reformas a las leyes secundarias que “consolidan permanentemente a la Guardia Nacional bajo control militar en funciones de Seguridad Pública”.
En contraste, de acuerdo con la encuesta realizada por la firma Buendía y Márquez, para un diario de circulación nacional, publicada a finales del mes de agosto de este año, 80% de la población respalda la decisión de que sea el Ejército el que siga en las acciones en materia de seguridad de este país. Aunque también, el sondeo resalta que para el 55%, el incremento de la violencia en el país constituye una señal del fracaso de la estrategia de Seguridad del gobierno federal, por 40% que lo considera una señal de éxito.
Como puede apreciarse, son muchos los aspectos controversiales que la iniciativa de ley para dejar a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional tiene en su inventario, múltiples son los sectores de la población que han externado su preocupación, por lo que llaman una creciente “militarización” de las actividades económicas y estratégicas de México en fechas recientes. Y es que la inclusión del ejército en actividades como la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, el tren maya y ahora el corredor interoceánico, además de las labores de seguridad pública en las que se ven inmiscuidos diariamente, son materia para el análisis y el verdadero sentido de lo que se quiere alcanzar como nación, es decir, el proyecto para la seguridad interior del país.
El tema no es nada sencillo y debe enfrentarse a un análisis cuantitativo serio, además de una reflexión social y política de altura que logre enlazar las diferentes posturas acerca del tema y proyectarlas hacia un objetivo en común: el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad en el país, desde una visión de respeto irrestricto a los Derechos Humanos y la calidad de investigación de las cadenas de custodia, así como en la atención como primer respondiente. Sin estos elementos sustantivos, ningún cuerpo de seguridad en México, sea militar o civil, podrá tener la capacidad de enfrentar de manera eficiente el problema que se vive actualmente y, que aún, el Estado mexicano se encuentra lejos de resolver.