Por Juan Carlos Machorro, abogado y socio líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta.
Se han cumplido ya los 75 días mínimos previstos en el T-MEC, en el proceso de consultas iniciado por el gobierno de Estados Unidos, secundado por el de Canadá, en el contexto del T-MEC y las políticas en materia de energía implementadas por el Gobierno Federal mexicano. Dicho plazo se cumplió el pasado lunes 3 de octubre.
Aparentemente, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han decidido detener, por el momento, el proceso de instalación de un panel internacional que resuelva el fondo del asunto. Esto no ubica la posición negociadora del gobierno mexicano en una mejor situación, en forma alguna. Por el contrario, a partir de ahora, en cualquier momento nuestros socios comerciales podrían detonar la instalación de dicho panel que, como hemos afirmado en otras ocasiones, es de pronóstico más que pesimista para los intereses del gobierno, del estado y de la economía mexicana.
En efecto, los puntos puestos sobre la mesa por el gobierno de los Estados Unidos no han sido resueltos por el gobierno mexicano. El darle curso a unos cuantos trámites rezagados por parte de la Comisión Reguladora de Energía hace unos días no resulta suficiente para dar claridad y, sobre todo, certeza, a las inversiones privadas y, en el caso específico, a los inversionistas de nuestros socios del bloque comercial de América del Norte.
La expectativa de nuestros socios comerciales es sencilla; piso parejo frente a las Empresas Productivas del Estado mexicanas. Ni más, ni menos.
Desde la perspectiva del gobierno del Presidente Biden, se trata de un problema en que se entrelazan temas de calentamiento global y medio ambiente, centrales en su política de gobierno, con principios de libertad de comercio clara y firmemente consagrados en el T-MEC.
Desde la perspectiva del gobierno del Presidente López Obrador, el cumplimiento con estos compromisos pasa por desatar los nudos administrativos, regulatorios y judiciales que se han gestado en el sector energético a lo largo y ancho de esta administración. Se trata de dar marcha atrás a los esfuerzos de privilegiar a las Empresas Productivas del Estado y de revertir la reforma energética de segunda generación, vigente en nuestro país a partir de 2013-2014.
Más allá de nuestro pesimismo en relación con la posición del gobierno mexicano en el contexto de las consultas y de la instalación de un panel internacional, nuestro país continúa perdiendo oportunidades de oro en materia de nearshoring en la conformación de cadenas de valor.
Es claro que el futuro de la economía global se encontrará en la esquina de las energías renovables y la participación de la iniciativa privada.
El país necesita invertir más de una decena de miles de millones de dólares al año en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, sin que contemos con dichos recursos. Todo lo demás es ruido político.
Las inversiones en todos los sectores de la economía requerirán, en este y en el resto de los países, cada vez con mayor frecuencia, de anfitriones que, entre otras condiciones, ofrezcan energía limpia a fin de dar cumplimiento a compromisos asumidos por matrices de empresas globales, financiadores y participantes de cadenas enteras de valor.
Es momento de volver a asumirnos como un socio confiable y retomar el prestigio comercial internacional que tantos años ha costado construir a nuestro país.
Es momento de detonar la confianza y la certeza jurídica que atraiga inversiones, empleo, sostenibilidad y bienestar a la economía y a los mexicanos.
Una vez más, es momento de actuar en forma responsable, más allá de agendas políticas y temas de pequeñez e inmediatez electoral.