José Larroque, socio administrador de Baker McKenzie México
En abril de 2021 se promulgó un paquete de reformas a la Ley Federal de Trabajo y otras legislaciones, que tenían el objetivo de regularizar el outsourcing o subcontratación en México. A casi dos años de su publicación aún existen empresas que no cumplen la normativa y otras tantas que creen tener tiempo para regularizarse.
Estas reformas significaron un importante avance en el medio laboral. De acuerdo a cifras del Banco de México, alrededor de 2.5 millones de trabajadores se vieron beneficiados al ser contratados por su empleador directo y no a través de un tercero.
Nuestra recomendación a los líderes empresariales es que se mantengan atentos a sus políticas y prácticas laborales. La falta de actualización o de interés en este tema podría llevarlos a enfrentar complicaciones legales y fiscales considerables, que incluyen la posible comisión de delitos de defraudación fiscal y multas de hasta 4 millones de pesos.
Vale la pena preguntarse, ¿qué pueden hacer las empresas para asegurar el cabal cumplimiento de su deber? En primer lugar, nuestra recomendación sería conocer al 100 por ciento las operaciones de su negocio. A partir de ello, optimizaría el tiempo para identificar irregularidades, áreas de oportunidad y necesidades al interior y al exterior. Si la empresa se dedica a servicios especializados, esta revisión debe ser a profundidad e incluir a clientes y a quienes tienen contratado algún servicio especializado, recomendando verificar el estatus de cada proveedor.
Una vez que se tiene ese análisis, las empresas deben de trazar rutas y acciones específicas que les permitan asegurar la operación de sus negocios; lamentablemente, desde que la ley entró en vigor, hemos visto casos de empresas que han tomado decisiones precipitadas y con altos costos, poniendo en riesgo su presencia y viabilidad en el mercado.
Podría parecer que para muchos empresarios impera aquella idea de no planear ni prevenir y solo activar mecanismos de solución hasta que se presenten inconvenientes serios. El problema para ellos radica en que se prevé que durante 2023 se agudicen las inspecciones de los reguladores, lo que los pone a trabajar contra reloj.
Es importante buscar, cuanto antes, asesoría especializada en temas legales y fiscales, con el fin de asegurar que toda operación interna o contratación de servicios especializados estén en regla, además de que, al identificar problemas o proveedores incómodos, se cuente con un acompañamiento de expertos, quienes guiarán todos los procesos.
Desde que se planteó esta regulación se estableció que su cumplimiento era un compromiso compartido entre el gobierno y las empresas, por lo que también, como líderes, es nuestra responsabilidad auditar continuamente nuestras operaciones y las que tenemos con terceros. Mi recomendación final es que trabajemos en solucionar hoy aquello que está en nuestras manos, para seguir preparándonos y actualizándonos para enfrentar un 2023 que llegó con grandes desafíos.